Las eléctricas alertan de cientos de proyectos industriales perdidos por no poder enchufarlos a sus redes

Las grandes eléctricas se movilizan para conseguir los cambios legales necesarios para hacer posibles las inversiones milmillonarias necesarias en redes eléctricas, cuya modernización y expansión resultan imprescindibles para integrar el boom de nuevas energías renovables y para poder conectar grandes proyectos industriales con un alto consumo eléctrico.

Los grandes grupos como Endesa, Iberdrola, Naturgy o EDP, que son los dueños de casi todas las redes de distribución eléctrica del mercado español, llevan tiempo metiendo presión al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que accedan a una reforma de la regulación actual para quitar los topes a la inversión que se encuentran ligados a la evolución del PIB y para elevar la retribución que reciben por las inversiones realizadas a través del recibo de la luz.

Las eléctricas insisten en que sin más y mejores redes eléctricas la transición energética en España es inviable, por la necesidad de enchufar la avalancha de nuevas plantas renovables, y también denuncian que la falta de capacidad de sus redes de distribución han hecho que se pierdan en los últimos años cientos de proyectos industriales en España por la imposibilidad de conectarlos. Las grandes eléctricas han rechazado solicitudes de conexión con una potencia conjunta de unos 30.000 megavatios (MW) en los últimos cuatro años, según las estimaciones hechas públicas por Endesa y que refrendan varias fuentes del sector.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha denunciando que los “cuellos de botella” en las redes eléctricas han obligado sólo a su compañía a desestimar proyectos con 15.000 MW de demanda en los últimos cuatro años por la imposibilidad de enchufarlos por falta de capacidad suficiente. Y la eléctrica, que tiene una cuota del 43% en el sector de la distribución, extrapola a todo el sector esos datos y calcula que los proyectos rechazados pueden superar los 30.000 MW. Se tratarían de cientos de proyectos industriales perdidos, especialmente en los sectores de los centros de datos digitales, almacenamiento energético, nuevas industrias, ampliaciones de industrias ya existentes y también redes de puntos de recarga para coches eléctricos.

Redes eléctricas, un negocio regulado

El negocio de las redes de distribución (en manos de las grandes eléctricas) y de transporte (controlada por Red Eléctrica) es una actividad regulada, en el que las compañías ejecutan las inversiones en sus infraestructuras con un tope fijado por ley y por las que se les retribuye a través de los peajes de acceso que se cargan en la factura eléctrica.

Actualmente, a Red Eléctrica se le aplica un límite máximo de inversión del 0,065% del PIB (sin contabilizar el coste de las interconexiones internacionales) y el tope para las distribuidoras es del 0,13% del PIB. En total, unos 1.000 millones de tope anual para redes de transporte y unos 2.000 millones para las de distribución. Las grandes eléctricas vienen reclamando elevar esos límites de inversión para acelerar el despliegue y modernización de sus redes y, al tiempo, también piden elevar la retribución que perciben, que debe revisarse de cara a 2026 y que actualmente está fijada en un 5,6% de rentabilidad. Desde el sector se ve razonable elevar la retribución hasta el entorno del 7%.

“Tenemos al menos un problema enorme, porque la red de distribución es la columna vertebral de todo el sistema eléctrico. No tenemos la regulación adecuada que necesitamos en este momento. Tenemos problemas con el tope que tenemos en la inversión en red y también con la remuneración financiera de estos activos, que hoy el del 5,6% más o menos en un contexto de 3% de inflación. No tiene sentido”, criticó el consejero delegado de Endesa este miércoles en una conferencia con analistas. “Sin esta visibilidad de futuro [la nueva regulación debe estar en marcha en 2026], lo que realmente sabemos es que la red es un cuello de botella. Y esa es la razón por la que en los últimos cuatro años hemos rechazado 15 gigavatios”.

Sí, pero con condiciones

El Ejecutivo se abre a estudiar un aumento del límite legal de las inversiones de las compañías energéticas en redes eléctricas, por las que reciben una retribución a través de la factura de luz que pagan todos los consumidores. Pero quiere hacerlo con condiciones. “Es pertinente plantear un incremento del límite de inversión siempre que eso permita más volumen de inversión, y no que se destine a alimentar más rentabilidad”, apuntaban fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica hace unas semanas.

“Sabemos que este es un momento crítico, en el que se requiere acelerar las inversiones” en redes eléctricas para poder conectar todas las nuevas renovables y también todos los grandes proyectos industriales consumidores de luz, apuntan desde el Ministerio. Pero el Gobierno busca hacerlo de tal manera que el aumento de inversiones en redes retribuidas en la factura no implique un encarecimiento excesivo de la luz para los clientes. “Desde la Secretaría de Estado de Energía se viene trabajando en distintos escenarios para adoptar las medidas más adecuadas”, indican las mismas fuentes.