El Gobierno completa su 'operación Telefónica' y alcanza el 10% por 2.285 millones

El Gobierno completa su desembarco en el accionariado de Telefónica y cumple su objetivo de convertirse en el mayor accionista. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público dependiente del Ministerio de Hacienda, ha confirmado haber alcanzado ya una participación del 10% de las acciones de la compañía, tras invertir 2.285 millones de euros, con el objetivo de blindar la españolidad y la autonomía del grupo de telecomunicaciones y contrarrestar la entrada de Arabia Saudí en el accionariado del grupo español.

“Telefónica es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos. La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa”, ha explicado SEPI en un comunicado. “Con vocación de permanencia, la participación de SEPI aporta una mayor estabilidad accionarial a la compañía para la consecución de sus objetivos y contribuye a la protección de sus capacidades estratégicas”.

SEPI ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que cuenta ya con más de 567 millones de acciones de la compañía de telecomunicaciones por las que ha pagado un precio medio de 4,0295 euros por acción, lo que implica un desembolso total de casi 2.285 millones de euros. “La operación se ha llevado a cabo minimizando el impacto en la cotización y cumpliendo con las comunicaciones de participaciones significativas establecidas en la normativa de los mercados donde opera”, ha subrayado el holding estatal. Pero lo cierto es que la escalada del Gobierno en el accionariado de la teleco ha hecho que la cotización se dispare en torno a un 20% desde el anuncio de la vuelta del Estado al capital de la compañía.

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre un movimiento de calado y autorizó a SEPI comprar una participación del 10% de la compañía, para blindar una compañía que considera estratégica por su vinculación con la seguridad nacional y la defensa y confirmando así el regreso del Estado al accionariado de la teleco un cuarto de siglo después de su privatización total. Fue la respuesta del Gobierno a la entrada de Arabia Saudí en Telefónica y su intención de convertirse en el mayor accionista del grupo con un 9,9%, anunciada el pasado septiembre.

Arabia, virtualmente por encima de SEPI

La reducción de capital ejecutada por Telefónica para mejorar la retribución que reciben sus accionistas -una práctica habitual entre las grandes compañías- puede provocar nuevos movimientos en su ya particularmente agitado escenario accionarial. La compañía ha amortizado y eliminado casi 80,3 millones de acciones, lo que hace de facto que el porcentaje de capital que controlan sus accionistas aumente de manera automática. Un cambio que puede tener consecuencias en un momento de sacudidas internas.

Arabia Saudí maneja ya más de un 10% de Telefónica y desborda el paquete que controlará el Gobierno

Saudi Telecom (STC), la teleco controlada por el Estado saudí, anunció a principios de septiembre la compra de una participación directa del 4,9% de las acciones de Telefónica y de otro 5% adicional de manera indirecta mediante derivados financieros, por un total de unos 2.100 millones de euros. Con la reducción de capital realizada por la teleco española esas participaciones han crecido: el paquete directo de STC se ha elevado hasta cerca el 4,97% (aún por debajo del tope legal del 5% que le obligaría por fuerza a pedir autorización al Gobierno de forma inmediata) y la participación indirecta se ha elevado hasta casi un 5,075%.

Arabia Saudí actualmente, entre participaciones directas e indirectas ‘prestadas’ -estas últimas no le dan derechos políticos de voto-, maneja más de un 10% del capital de Telefónica (un 10,04%, en concreto). Una escalada automática con la que de manera virtual Riad superaría la participación del 10% que ya controla de manera efectiva el Gobierno español.

El denominado ‘escudo antiopas’ -la legislación aprobada por el Gobierno durante la pandemia para controlar la entrada de inversores extranjeros en empresas estratégicas nacionales- establece con carácter general la obligación de pedir la autorización del Ejecutivo al superar el 10% del capital. Pero ese tope legal se rebaja al 5% en caso de que se trate de empresas vinculadas con la defensa y la seguridad nacional.

Es el caso de Telefónica debido a sus contratos con las Fuerzas Armadas. Así que Arabia Saudí tiene que pedir autorización expresa al Gobierno español, a través del Ministerio de Defensa, para superar la cota del 5% o para tener representación en el consejo de administración de la compañía. La reducción de capital ha dejado a la saudí STC a las puertas de rebasar ese tope con su participación directa, pero sin superarlo no está obligada a activar la autorización de manera inmediata. Pero Arabia Saudí sí se expone a un nuevo escenario si quisiera ejecutar todos las acciones que maneja mediante derivados financieros.

Y es que, en tal caso, se abriría otro proceso de autorización -esta vez a través del Ministerio de Economía- para poder rebasar el 10% en la operadora. En ambos casos la operación debe contar con los informes preceptivos de la Junta de Inversiones Exteriores (en la que participan varios ministerios, el CNI y el Departamento de Seguridad Nacional) y también pasar por el Consejo de Ministros para la autorización final. Fuentes del mercado anticipan que Arabia Saudí se decantará por no ejecutar todos los derivados ahora en sus manos para no superar así el 10% y evitar así complicar aún más el proceso de autorizaciones de las autoridades españolas. Fuentes oficiales de STC no hacen comentarios sobre las opciones que maneja.

Nueve meses de anunciar su entrada en Telefónica, la operadora STC, controlada en un 64% por uno de los fondos soberanos de Arabia, sigue sin confirmar haber formalizado la petición de autorización al Gobierno ni cuándo lo hará. La compañía árabe no está obligada a hacer pública la solicitud del permiso y el Ejecutivo español sólo estaría forzado a anunciar su decisión final sobre si autoriza o no la operación y con qué condiciones. De momento, desde el Gobierno ni se confirma ni se desmiente que el proceso de estudio formal esté en marcha, y desde diferentes Ministerios implicados sólo se apunta “no tener constancia” de que se haya formulado la petición por parte de Arabia.

Entrada en el consejo

El Gobierno ya ha entrado en el consejo de administración de Telefónica. El consejo de la teleco aprobó el nombramiento como consejero en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de Carlos Ocaña Orbis, un economista cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ayudó en la elaboración de su tesis doctoral, y que también ocupó altos cargos en los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ahora el Ejecutivo se abre a solicitar un segundo asiento en el órgano de gobierno de la teleco una vez alcanzado su objetivo de controlar el 10% del grupo. No hay confirmación oficial de que ése sea el objetivo del Ejecutivo, pero tampoco lo descarta. "Lo veremos en su momento", ha deslizado el ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá. En principio el porcentaje de acciones que formalmente da derecho a tener un consejero en Telefónica es el 6,7% del capital, pero otros socios tradicionales de la teleco como Criteria y BBVA tienen un asiento en el consejo controlando paquetes en el entorno del 5%.

Para dar entrada al economista afín a Sánchez como representante en el consejo de la estatal SEPI y no tener que alterar el número de consejeros, fijado en un máximo de 15, uno de los consejeros independientes dejó su puesto. La consejera independiente que abandonó el cargo Carmen García de Andrés, que también será sustituida por Ocaña como vocal de la Comisión Delegada y de la Comisión de Auditoría y Control del consejo de Telefónica.

Con la remodelación exprés que se prepara, el consejo de Telefónica pasará de 10 a 9 consejeros independientes, y tendrá también dos consejeros ejecutivos (el presidente del grupo, José María Álvarez-Pallete, y el consejero delegado, Ángel Vilá), tres consejeros dominicales (en representación de Criteria, BBVA y ahora también SEPI) y un consejero externo (en la figura de Javier de Paz, hombre de confianza del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero).