El Gobierno exigirá a Abu Dabi garantías de empleo y de inversión para aprobar la compra de Naturgy

Naturgy se prepara para una revolución en su accionariado. El grupo Taqa, controlado por el emirato de Abu Dabi, y Criteria, el brazo inversor de la Fundación LaCaixa, negocian el lanzamiento de una opa conjunta para tomar el control de la energética española. Un movimiento que servirá para dar una salida a los fondos CVC y GIP, deseosos de desinvertir y desprenderse de sus participaciones (de algo más del 20% cada uno), y que alumbrará un nuevo juego de poderes en la primera gasista y tercera mayor eléctrica española.

La operación deberá contar con la autorización expresa del Gobierno, que en virtud del ‘escudo antiopas’ tiene la potestad de decidir sobre la compra por parte de inversores extranjeros de participaciones superiores al 10% en empresas de sectores que se consideran estratégicos para el país. El energético es uno de ellos. Los planes del Gobierno pasan por respaldar la operación, pero imponiendo condiciones y exigiendo compromisos a los nuevos dueños para autorizarla.

Varios ministros han llegado a expresar públicamente en las últimas semanas ciertos recelos hacia la entrada de Emiratos en el capital de una de las grandes energéticas del país. Pero el Ejecutivo está dispuesto a apoyar la operación de Abu Dabi si es pactada con CriteriaCaixa, que se convertiría en garante de la españolidad de la empresa y de los intereses estratégicos nacionales, y si contempla un plan industrial a largo plazo.

La participación en la operación de LaCaixa se ve como aval imprescindible para el ‘ok’ gubernamental. Los planes de Criteria y la abudabí Taqa pasan por poner en marcha una operación coordinada para acabar lanzando una oferta de compra por el 100% de las acciones de Naturgy y sellar un acuerdo de socios para gestionar la energética de la manera conjunta.

Mismas condiciones que a IFM

La intención inicial del Gobierno, a la espera de conocer todos los detalles del acuerdo de opa conjunta de Taqa y Criteria, pasa por imponer a Abu Dabi las mismas condiciones que ya estableció en 2021 para autorizar el desembarco del fondo australiano IFM en la energética, lo que implica exigir garantías de mantenimiento de empleo y de inversiones en España, según apuntas fuentes gubernamentales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Y es que Moncloa ya utilizó el ‘escudo antiopas’ en Naturgy e impuso hace tres años compromisos a IFM para aprobar su opa parcial con la que buscaba tomar un 23% del capital (una operación que fracasó, sólo consiguió comprar en torno a un 10%, pero luego el fondo ha ido adquiriendo pequeños paquetes en el mercado hasta controlar actualmente un 15% de la energética española).

El Consejo de Ministros exigió a IFM compromisos para apoyar el mantenimiento de la sede en Naturgy en España; para garantizar el mantenimiento de una parte significativa de la plantilla en España; para respaldar inversiones en proyectos vinculados a la transición energética en España; para rechazar desinversiones en las filiales de la energética de redes eléctricas y de gas natural (incluido el gasoducto con Argelia); para impulsar una política de dividendos prudentes que garantice poder ejecutar las inversiones verdes necesarias y una estrategia de endeudamiento que permita mantener la calificación crediticia de grado de inversión; así como para rechazar la exclusión de la compañía en la bolsa española.

“Naturgy cuenta con infraestructuras críticas en el aprovisionamiento y distribución de gas natural y realiza actividades reguladas en energía y gas, por lo que la autorización de la operación está sometida a condiciones”, explicó Moncloa en agosto de 2021 sobre el ‘ok’ condicionado a IFM. “Las condiciones fijadas tienen como objetivo proteger el interés público a través del mantenimiento de la sede y la actividad en España, la garantía de una gestión financiera prudente, el apoyo a las inversiones fundamentales para la transición energética y el mantenimiento de la negociación en bolsa y las obligaciones de transparencia asociadas”, justificó el Ejecutivo.

La opa en ciernes

El grupo emiratí Taqa confirmó hace semanas que negocia con los fondos CVC y GIP la adquisición de sus participaciones en Naturgy (en total un 41,3%, valorado en más de 9.960 millones de euros tras las subidas en bolsa desde que se conoció la operación en ciernes), lo que le obligaría a lanzar una opa sobre la totalidad de las acciones del grupo al superar el tope legal del 30%. En el mercado se anticipa que la oferta de compra rondará los 27 euros por acción -frente a la cotización actual de la energética 24,7 euros-, valorando la compañía en unos 26.200 millones.

La operación conjunta que se prepara contempla que Criteria eleve su participación actual en Naturgy, que se sitúa en el 26,7% del capital y que le convierte en el mayor accionista. Las negociaciones para determinar cuánto elevará LaCaixa su paquete accionarial no están cerradas, y las partes aún no han determinado si Criteria y Taqa acabarán teniendo participaciones iguales en el futuro accionariado de Naturgy.

La sacudida accionarial en marcha implicará la salida de los fondos CVC y GIP con la venta de su 41,3% y se da por hecho que a la opa acudirá una parte importante de los accionistas minoritarios que acumulan en conjunto un 13% de la compañía. La gran duda es si optarán por acudir a la opa el fondo australiano IFM (que controla un 15% y que no participa en las negociaciones en marcha) y el grupo gasista argelino Sonatrach (con un 4,1%).