Arabia Saudí ignora la pinza de Gobierno y LaCaixa y seguirá con su plan de crecer en Telefónica

Telefónica está redibujando su mapa de principales accionistas. Sucesivos movimientos por parte de sus grandes socios -algunos nuevos y otros de los que ya estaban- están provocando un terremoto accionarial en la teleco. Una pugna por tomar el control de la compañía, una pugna entre Estados y grandes grupos industriales, y una pugna por blindar la soberanía estratégica y los intereses nacionales en plena revolución tecnológica y de digitalización.

Telefónica va a tener un nuevo y reforzado núcleo duro de accionistas españoles (Gobierno, CriteriaCaixa y BBVA planean controlar en torno a un 25% del capital), que se ha conformado para contrarrestar la entrada de Arabia Saudí en el capital de la operadora española. Criteria, el brazo inversor de la Fundación LaCaixa, aspira a duplicar su participación actual en la teleco para alcanzar el 10% del capital y conseguir así igualar la posición que ahora tiene el Gobierno, que también acaba alcanzar el 10% en la operadora a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El universo empresarial LaCaixa controla también un paquete adicional del 2,5% a través de CaixaBank, de la que Criteria es su máximo accionista, aunque es previsible que la participación en manos del banco vaya reduciéndose. Y BBVA, socio tradicional de la teleco, cuenta con paquete establece del 4,87% del capital del grupo.

El retorno del Estado al capital de la teleco un cuarto de siglo después de su privatización y el fuerte aumento previsto de la posición de CriteriaCaixa, junto a la presencia de BBVA, permitirán blindar un grupo que se considera estratégico para los intereses nacionales, por su vinculación con la defensa y seguridad nacionales y por su papel clave en la digitalización del país. Los tres grandes socios españoles cuentan con una representación de un consejero cada uno en la compañía (tres de un total de 15 miembros).

Arabia Saudí y su 10%

Saudi Telecom (STC), la teleco controlada por el Estado saudí, anunció a principios de septiembre la compra de una participación directa del 4,9% de las acciones de Telefónica y de otro 5% adicional de manera indirecta mediante derivados financieros (que de momento es sólo virtual y que aún debe ejecutar), por un total de unos 2.100 millones de euros. A pesar de la entente del Gobierno español y Criteria, Arabia Saudí pretende continuar con su plan de crecer en el capital de Telefónica y mantiene su objetivo de controlar casi un 10% de la compañía española, según confirman a El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, fuentes conocedoras de los planes de Riad.

Se da la circunstancia de que Arabia Saudí actualmente, entre participaciones directas e indirectas ‘prestadas’ -estas últimas no le dan derechos políticos de voto-, maneja más de un 10% del capital de Telefónica (un 10,04%, en concreto). Y es que la reducción de capital realizada hace unas semanas por la teleco española ha hecho que el porcentaje de participaciones accionariales de cada socio hayan crecido automáticamente: el paquete directo de STC se ha elevado hasta cerca el 4,97% (aún por debajo del tope legal del 5% que le obligaría por fuerza a pedir autorización al Gobierno de forma inmediata) y la participación indirecta se ha elevado hasta casi un 5,075%.

El denominado ‘escudo antiopas’ -la legislación aprobada por el Gobierno durante la pandemia para controlar la entrada de inversores extranjeros en empresas estratégicas nacionales- establece con carácter general la obligación de pedir la autorización del Ejecutivo al superar el 10% del capital. Pero ese tope legal se rebaja al 5% en caso de que se trate de empresas vinculadas con la defensa y la seguridad nacional, como sucede con Telefónica por sus contratos con las Fuerzas Armadas y con la ciberseguridad y la gestión de los datos del Gobierno.

Arabia Saudí tiene que pedir autorización expresa al Gobierno español, a través del Ministerio de Defensa, para superar la cota del 5% o para tener representación en el consejo de administración de la compañía. La reducción de capital ha dejado a la saudí STC a las puertas de rebasar ese tope con su participación directa, pero sin superarlo no está obligada a activar la autorización de manera inmediata. Pero Arabia Saudí sí se expone a un nuevo escenario si quisiera ejecutar todos las acciones que maneja mediante derivados financieros. En tal caso, se abriría otro proceso de autorización -esta vez a través del Ministerio de Economía- para poder rebasar el 10% en la operadora.

Fuentes oficiales de Saudi Telecom guardan silencio y no hacen comentarios sobre la estrategia que seguirá la compañía y las opciones que maneja sobre su presencia en el capital de Telefónica. Fuentes del mercado, no obstante, anticipan que Arabia Saudí se decantará por no ejecutar todos los derivados ahora en sus manos para no superar así el 10% y evitar así complicar aún más el proceso de autorizaciones de las autoridades españolas.

Saudi Telecom anticipaba en su memoria anual, publicada el pasado marzo, que prevé obtener en el plazo de un año el permiso del Gobierno español para elevar la participación hasta el 9,9% y eventualmente también para solicitar un asiento en el consejo de administración de Telefónica. Casi nueve meses después de la operación de compra, la operadora saudí aparentemente sigue sin mover ficha y no ha formalizado la petición, sigue sin desvelar oficialmente cuándo lo hará y sigue sin confirmar si solicitará sentarse en el consejo de administración del grupo español (el mercado da por descontado que reclamará al menos un asiento).

La operadora árabe, controlada en un 64% por uno de los fondos soberanos de Arabia, se ha estado moviendo en los últimos meses para tranquilizar los ánimos y confirmar las intenciones amistosas de su operación, tanto públicamente como en varias reuniones con el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete. Saudi Telecom aprovechó la presentación de sus resultados trimestrales para prometer "cooperación" con Telefónica y mostrar su plena "confianza en el crecimiento y el potencial al alza" del grupo español.

Choque entre Estados

El Gobierno esapñol ha completado su desembarco en el accionariado de Telefónica y ha cumplido ya su anunciado objetivo de alcanzar el 10% del capital, para lo que ha ejecutado inversiones por 2.285 millones de euros en un tiempo récord de apenas cinco meses. CriteriaCaixa ya duplicó a principios de abril su participación en la operadora (desde el 2,69% hasta superar el 5%) con una inversión de más de 364 millones de euros, según desveló el grupo a la SEC, el supervisor bursátil de EEUU. Y el plan del brazo inversor de Fundación LaCaixa de volver a doblar su paquete en Telefónica hasta el 10% le exigirá ejecutar compras por otros más de 1.100 millones adicionales, según los niveles actuales de cotización en bolsa de la teleco.

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre un movimiento de calado y autorizó a SEPI comprar una participación del 10% de la compañía, para blindar una compañía que considera estratégica por su vinculación con la seguridad nacional y la defensa y confirmando así el regreso del Estado al accionariado de la teleco.

SEPI ya cuenta con un representante en el consejo de administración de Telefónica tras el reciente nombramiento de Carlos Ocaña Orbis. Y el Gobierno se ha abierto estudiar la posibilidad de solicitar un segundo asiento en el órgano de gobierno de la teleco una vez alcance su objetivo de controlar el 10% del grupo. No hay confirmación oficial de que ése sea el objetivo del Ejecutivo, pero tampoco lo descarta. En principio el porcentaje de acciones que formalmente da derecho a tener un consejero en Telefónica es el 6,7% del capital, pero otros socios tradicionales de la teleco como Criteria y BBVA tienen un asiento en el consejo controlando actualmente paquetes en el entorno del 5%.