Ribera hace un guiño a las grandes eléctricas y allanará sus planes de inversiones milmillonarias

Las grandes eléctricas vienen presionando al Gobierno para conseguir un aumento del límite legal de sus inversiones en redes eléctricas, por las que reciben una retribución de a través de la factura de luz que pagan todos los consumidores. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado aún por la vicepresidenta Teresa Ribera, abre el proceso para hacerlo posible y allanar los planes milmillonarios de las compañías, unas inversiones imprescindibles para hacer posible el boom de nuevas plantas renovables y para conectar los grandes proyectos industriales con un gran consumo de electricidad.

El departamento de Teresa Ribera, en plena campaña electoral como cabeza de lista del PSOE de cara a los comicios europeos del 9J, ha lanzado una consulta pública previa para abordar una modificación de los límites de inversión en redes eléctricas, tanto en la de transporte (controlada por Red Eléctrica de España, REE) como en las de distribución (que tienen como principales propietarias a Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP). El Gobierno de momento no hace una propuesta sobre cómo reformar esos límites, sino que sólo da el primer paso pidiendo una primera opinión a todos los actores del sector, pero anticipa que el objetivo de la revisión es que haya “una mayor inversión en redes de transporte y distribución”.

El negocio de las redes de distribución y de transporte es una actividad regulada, en el que las compañías ejecutan las inversiones en sus infraestructuras con un tope fijado por ley y por las que se les retribuye a través de los peajes de acceso que se cargan en la factura eléctrica. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) había abierto procesos de consulta pública para actualizar el cálculo de la retribución que perciben las compañías de distribución, y ahora el Ejecutivo hace lo propio para revisar el tope máximo.

Actualmente, a Red Eléctrica se le aplica un límite máximo de inversión del 0,065% del PIB (sin contabilizar el coste de las interconexiones internacionales) y el tope para las distribuidoras es del 0,13% del PIB. En total, unos 1.000 millones de tope anual para redes de transporte y unos 2.000 millones para las de distribución. Las grandes eléctricas vienen reclamando elevar esos límites de inversión para acelerar el despliegue y modernización de sus redes y, al tiempo, también piden elevar la retribución que perciben, que debe revisarse de cara a 2026 y que actualmente está fijada en un 5,6% de rentabilidad. Desde el sector se ve razonable elevar la retribución hasta el entorno del 7%.

Permitir más inversión

El objetivo general del Gobierno pasa por favorecer que se eleve la inversión en redes de distribución y de transporte para impulsar la electrificación, pero a la vez que se contiene el coste que se trasladaría al recibo de la luz. Entre las alternativas que de manera primigenia se plantea el Ministerio se encuentra la elevación del carácter general del volumen de inversión máximo como porcentaje del PIB; la modificación de los supuestos que permitirían modificar al alza el volumen de inversión, incluyendo nuevas circunstancias vinculadas con la transición energética; y el establecimiento de un nuevo procedimiento para la autorización puntual de inversiones por encima del volumen máximo establecido por ley si lo solicitan REE y las grandes eléctricas.

“Con la eventual modificación de esta norma se persigue actualizar el marco normativo que regula la aprobación de los planes de inversión anuales y plurianuales de las empresas transportistas y distribuidoras y los volúmenes de inversión a las nuevas necesidades derivadas de la transición energética. En particular, se busca adaptar la regulación a las nuevas oportunidades industriales y económicas que la transición energética representa para España a través de una mayor inversión en redes de transporte y distribución con la máxima eficiencia económica”, apunta Transición Ecológica en el documento de la consulta pública, que permanecerá abierta hasta el 3 de julio. “La reforma normativa perseguirá, igualmente, un desarrollo eficiente de la red de transporte y distribución, priorizando maximizar la utilización de la red ya construida y preservando las señales de electrificación y competitividad económica minimizando el coste de los peajes para los consumidores”.

Abrir la mano, con condiciones

El Ejecutivo ya se mostró hace unas semanas abierto a estudiar un aumento del límite legal de las inversiones de las compañías energéticas en redes eléctricas, por las que reciben una retribución a través de la factura de luz que pagan todos los consumidores. Pero advirtió de que quería hacerlo con condiciones. “Es pertinente plantear un incremento del límite de inversión siempre que eso permita más volumen de inversión, y no que se destine a alimentar más rentabilidad”, apuntaban fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica hace unas semanas.

“Sabemos que este es un momento crítico, en el que se requiere acelerar las inversiones” en redes eléctricas para poder conectar todas las nuevas renovables y también todos los grandes proyectos industriales consumidores de luz, apuntan desde el Ministerio. Pero el Gobierno busca hacerlo de tal manera que el aumento de inversiones en redes retribuidas en la factura no implique un encarecimiento excesivo de la luz para los clientes. “Desde la Secretaría de Estado de Energía se viene trabajando en distintos escenarios para adoptar las medidas más adecuadas”, indicaban las mismas fuentes.