El Gobierno choca con los sindicatos por la reforma de la jubilación parcial

El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social estudia aumentar los años cotizados exigidos para poder acceder a la jubilación parcial. Actualmente la legislación contempla que una persona puede recortar parte de su jornada hasta el retiro si lo hace a través de un contrato de relevo y habiendo contribuido previamente al erario común un mínimo de 33 años. Ahora el departamento liderado por Elma Saiznegocia con patronal y sindicatos modificar ese y otros requisitos, si bien las posiciones todavía están alejadas.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha mantenido este lunes una nueva reunión con los agentes sociales para abordar una nueva reforma del sistema público de pensiones. El Gobierno ha querido mandar un mensaje en positivo: "La reunión ha sido muy productiva y se han realizado avances reseñables", ha afirmado la Seguridad Social en un escueto comunicado. Si bien deberán haber más movimientos para poder cerrar la reforma. "La jubilación parcial y el contrato de relevo siguen muy lejos de nuestras pretensiones", ha afirmado la secretaria de política institucional de UGT, Cristina Estévez, tras finalizar la mesa de diálogo social.

El Ejecutivo baraja cómo reformular el actual sistema de jubilación parcial, que permite a un trabajador retirarse entre los 65 y 67 años si no lo hace con un contrato de relevo, es decir, si la empresa donde trabaja no emplea a otra persona para sustituirle. O a partir de los 64 años y tras un mínimo de 33 años cotizados si la jubilación parcial viene con contrato de relevo.

La propuesta que les ha deslizado este lunes el secretario de Estado de Seguridad Social a los agentes sociales pasaría por restringir estos requisitos y adaptarlos a la media de las actuales carreras laborales, que está en los 40 años cotizados. Algo que no satisface a las centrales. "Con las cifras que tenemos de empleo en estos momentos no entendemos que haya unas cortapisas a la hora de que esos relevos se hagan de una manera flexible en los puestos de trabajo", ha afirmado la representante de UGT.

La reforma de la jubilación parcial fue una de las carpetas que quedaron pendientes durante la última legislatura y se pospusieron a la presente. Tanto en el sector privado, como para los trabajadores del sector público. Los sindicatos más representativos entre los funcionarios apremian al ministro José Luis Escrivá -que durante la pasada legislatura estuvo a cargo de Seguridad Social y en la presente de Transformación Digital y Función Pública- para abrir esta modalidad a los empleados públicos. Pese a la insistencia de las centrales, de momento por ese flanco no han trascendido novedades concretas.

Recuperar prácticas no cotizadas durante el embarazo

Las partes han hablado de jubilación parcial, coeficientes reductores, el convenio con las mutuas privadas para implicarlas en el tratamiento de las bajas laborales y también elementos tratados en la última reunión. Esta tuvo lugar el pasado 27 de mayo y en la misma Gobierno y sindicatos cerraron un principio de acuerdo para reformular el mecanismo mediante el cual los investigadores pueden cotizar por prácticas antiguas para mejorar así sus futuras pensiones.

No obstante, a este respecto CCOOle ha planteado al secretario de Estado de Seguridad Social que añada un matiz al mecanismo para 'comprar' años de cotizados para beneficiar a las mujeres que quedaran embarazadas durante sus prácticas. El sindicato plantea que las posibles afectadas puedan ampliar el número de prácticas cotizadas a los meses que se ausentaran de las mismas por gestación y crianza del bebé. "El Gobierno ha recibido la propuesta, no ha hecho una respuesta explícita en la mesa y esperamos una reacción en las próximas semanas", ha afirmado el secretario de políticas sociales de CCOO, Carlos Bravo, después de la reunión.

Esta semana, concretamente este martes 11 de junio, finaliza el periodo de audiencia pública durante el cual los interesados pueden proponer cambios a este mecanismo. Posteriormente deberá superar una serie de trámites legales para que las modificaciones entren en vigor.