La gran industria usa un atajo para reclamar al Gobierno una gran rebaja de su factura de luz

La gran industria española vuelve a dar la voz de alarma por sus problemas para competir con sus rivales de otros países europeos por el coste de la electricidad que soportan. Los grandes grupos industriales con presencia en el mercado español se quejan de estar en desventaja en relación a sus competidores de Francia o Alemania, que se benefician de mayores bonificaciones en su factura eléctrica, y por eso reclaman al Gobierno más ayudas y descuentos.

La Asociación Española de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), que agrupa a una treintena de grandes grupos industriales con factorías en España, quiere aprovechar un atajo para dar un paso más en sus reclamaciones y solicitar al Ejecutivo una rebaja masiva en su factura eléctrica mediante reducciones de impuestos, nuevas bonificaciones, retirada de cargos específicos y otros aspectos.

El Ministerio de Industria, comandado por Jordi Hereu, ha abierto un proceso de consulta pública previa para pedir propuestas para reformar el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, que recoge los requisitos para que los grandes clientes de luz para acceder a determinadas bonificaciones. El objetivo del Ministerio con este procedimiento es fundamentalmente simplificar la burocracia, reducir cargas administrativas y agilizar el procedimiento para reconocer a las grandes industrias la condición de electrointensivas y así facilitar la entrega de las ayudas ya reconocidas.

Pero la patronal AEGE pretende aprovechar ese proceso de consulta pública para reclamar una reforma mucho mayor del contenido del Estatuto de los Electrointensivos y reclamar mayores descuentos en su factura. “El Estatuto con las ayudas actuales está muerto. Aprovecharemos la consulta pública previa para pedir más cosas. Necesitamos que el Estatuto de Electrointensivos tenga mayor alcance”, avisa Pedro González, director general de AEGE. “El Gobierno plantea revisar la tramitación administrativa, pero queremos aprovechar para revisar todo el real decreto”.

Una reforma mayor

Los planes de AEGE pasan por reclamar una reforma integral del marco regulatorio de los electrointensivos para poder beneficiarse de más descuentos, solicitando equiparar sus condiciones a los de sus rivales de Francia o Alemania dejando de pagar el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE), no soportando el cargo del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) y aligerando otros aspectos fiscales y de los cargos por costes ligados a la política energética.

La asociación empresarial, que agrupa a una treintena de gigantes industriales como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Ferroatlántica o Tubos Reunidos, se queja de que el año pasado las bonificaciones para los consumidores electrointensivos ascendieron a 29 millones de euros. Esto es, las grandes empresas industriales recibieron de media una ayuda de 63.000 euros para cada beneficiaria, que por lo general asumen facturas eléctricas anuales de entre 10 millones y 200 millones de euros. “Te cuesta más pedirlo que lo que te dan en ayudas”, resume con sorna González. El presupuesto previsto para este ejercicio es de 32 millones, así que la situación no mejorará demasiado. Por eso AEGE reclaman ampliar más las bonificaciones.

La asociación de grandes consumidores advierte de que este año la gran industria española pagará la electricidad de media a casi 60 euros por megavatio hora (MWh), un 161% más que sus pares franceses (menos de 23 euros por MWh) y un 65% que los grupos alemanes (36 euros por MWh), contando la evolución del precio de la electricidad en lo que va de año y de la previsión del mercado de futuros hasta final del ejercicio.

AEGE alerta de que les resulta difícil competir en estas circunstancias y avisan del peligro de deslocalizaciones de grupos industriales. La industria electrointensiva nacional advierte de que el año pasado registró una caída del 8% en su consumo eléctrico y el descenso es del 30% en los dos últimos años porque continuó sufriendo el impacto de la crisis de precios energéticos.

Ayudas directas de 850 M

En paralelo, la gran industria llevan tiempo pidiendo elevar las ayudas directas que sirven para reducir el impacto que tienen los costes de la electricidad en sus cuentas y en su competitividad frente a sus rivales europeos. Los grandes grupos industriales se benefician cada año de un sistema de compensación de parte de los costes de las emisiones indirectas de CO2, pero las compañías se quejan de que los importes destinados en los últimos años han sido insuficientes y exigen más que triplicar las ayudas que percibirán este año.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 contemplaron una partida de 244 millones de euros para estas ayudas, igualando el montante repartido el año anterior. El Gobierno ha prorrogado estos PGE y no habrá nuevas cuentas públicas hasta 2025. Así que inicialmente la partida para compensar las emisiones indirectas de CO2 seguirá siendo de 244 millones para este año.

AEGE reclama la ampliación presupuestaria para compensar los costes indirectos del CO2 y advierte que tiene derecho a compensaciones por un importe de 850 millones de euros, lo que supondría un aumento de casi un 250% en relación a la cuantía de los dos últimos años. La recaudación por las subastas de derechos de emisión de CO2 ascendió el año pasado a 3.600 millones y la Ley de Cambio Climático permite repartir un 25% de esos fondos entre la industria en riesgo de deslocalización y cubrir hasta un 75% de estos costes indirectos, por eso la gran industria reclama un aumento tan sustancial del presupuesto para este año.

De hecho, desde AEGE se calcula que el año pasado en realidad les habría correspondido ya ayudas por 450 millones de euros dados los altos precios de los derechos de emisiones de CO2 y dentro de los márgenes presupuestarios que impone la UE a este tipo de ayudas. La patronal de los grupos industriales electrointensivos no quiere que el presupuesto siga quedándose tan corto.

La Comisión Europea aprobó el año pasado una revisión del plan de ayudas del Gobierno español para toda una década. El anterior plan contemplaba 2.900 millones de euros para compensar parte de los costes de emisiones indirectas de CO2 entre 2021 y 2030, en el nuevo programa ahora Bruselas permitirá a España destinar un máximo de 8.510 millones entre 2022 y 2031. Con estos nuevos topes presupuestarios, y dada la subida de los precios del CO2, la patronal de la gran industria electrointensiva ve justificada su reclamación de más que triplicar la partida de ayudas para este año.