La CNMC evita criticar que el Gobierno pueda endurecer las condiciones a la integración BBVA-Sabadell

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha evitado este martes criticar que la ley de defensa de la competencia de 2007 dé al Gobierno la potestad de imponer condiciones adicionales a las que pueda fijar su organismo a la integración del BBVA y el Sabadell en ciertos casos concretos, al contrario de lo que sucede cuando son las autoridades europeas de competencia las que valoran una operación. "Está bien definido en la ley cuáles son los criterios en base a los cuales el ministerio puede elevar al Consejo de Ministros para su análisis. No creo que haya discrecionalidad, está tasado (...) Es el procedimiento que establece la ley y encantada con que se cumpla la ley", ha sostenido en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Fernández ha descartado estar sufriendo personalmente presiones políticas para poner trabas a una operación que el Gobierno rechaza ("A mí no me consta, no sé si las habrá"). En cualquier caso, ha defendido que su organismo va a hacer un "análisis técnico de competencia" en el "tiempo necesario" para realizarlo. Ello podría provocar, ha admitido, que el pronunciamiento del organismo se demore más de los entre los seis y ocho meses que tardó en la unión CaixaBank-Bankia, ya que aquella fue amistosa y el BBVA ha lanzado una opa hostil por el Sabadell. Esto podría provocar, ha admitidio, que el dictamen llegue después de que termine el periodo de aceptación de dicha opa, al contrario de lo que aseguró en la víspera el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. 

El banco ha condicionado la operación a obtener la autorización de la CNMC, pero la ley de opas le permite desistir si, antes de que acabe el plazo en que los accionistas pueden aceptar la oferta, las autoridades de competencia no se han pronunciado o condicionan la concentración al cumplimiento de algunos requisitos. No sería descabellado que sucediese: la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene que esperar a que el Banco Central Europeo (BCE) apruebe la operación para aprobar a su vez la opa, pero no tiene que aguardar a la autorización de la CNMC. El BBVA, en cualquier caso, ha apuntado a que no valora desistir si se produce ese caso, al tiempo que se ha mostrado convencido de que el organismo aprobará la operación con unos compromisos y condiciones asumibles. 

Segunda fase

La ley de defensa de la competencia, con todo, permite al Gobierno pronunciarse sobre operaciones de integración cuando la CNMC no las aprueba en la conocida como primera fase ("operaciones que no planteen problemas de competencia"), sino en segunda (una concentración que "puede obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en todo o parte del mercado nacional"). Nunca ha sucedido con una opa, pero el Sabadell espera que así suceda por la alta concentración bancaria y el impacto en las pymes. Fernández, en este sentido, ha sostenido que es "prematuro" saber en qué fase se podría aprobar la operación, así como ha apuntado que la ley "deja adecuadamente amplio" cuando una operación puede aprobarse en una fase u otra. 

De pasar a segunda fase, además de que "terceros interesados" podrán poner pegas a la operación, el Consejo de Ministros tendrá la potestad de imponer condiciones adicionales a las que hubiera fijado la CNMC, lo que es un escenario realista visto el rechazo expresado por el Gobierno a la operación. La ley de defensa de la competencia establece que el ministro de Economía "podrá elevar la decisión sobre la concentración" tomada por el organismo de competencia al Consejo de Ministros en un plazo de 15 días, siempre que la CNMC la haya prohibido o condicionado (no si le ha dado vía libre sin medidas mitigadoras). El Consejo de Ministros, a su vez, tiene un mes para confirmar la resolución de la CNMC o "autorizar la concentración, con o sin condiciones", motivándolo en "razones de interés general distintas de la defensa de la competencia". 

La ley cita varias posibles razones de interés general que puede tener en cuenta el Gobierno, como la defensa y seguridad nacional; la protección de la seguridad o salud públicas; la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional; la protección del medio ambiente; la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos; y la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial. El BBVA tendría que cumplir dichas condiciones, aunque también se le abriría la posibilidad de vender la participación en el Sabadell recién adquirida. Además, si decidiese aceptar las condiciones y seguir adelante con la operación, el Ministerio de Economía todavía tendría su segunda carta para entorpecer la operación: vetar la fusión por absorción. En cualquier caso, el presidente del BBVA aseguró este lunes que seguiría adelante, aunque no pueda fusionar, pues la operación seguiría siendo "atractiva".