España esquiva el procedimiento sancionador por déficit excesivo de Bruselas pese a haber superado el tope del 3%

España esquiva el procedimiento por déficit excesivo. Los datos certificados a mediados de mayo por Eurostat, que situaron el desvío presupuestario en un 3,6% del PIB en 2023 y una previsión del 3% para 2024 antes de descender al 2,8% para 2025, han convencido a la Comisión Europea de que la economía española avanza por la senda correcta, que el desvío presupuestario es solo “temporal” y que, por tanto, no merece un expediente sancionador, aunque el desvío del déficit fuera el año pasado muy superior al límite que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (3%).

"Para España, el déficit presupuestario superior al valor de referencia es temporal. Según las previsiones de primavera de 2024, se prevé que el déficit se sitúe por debajo del valor de referencia en 2024 y 2025, sin medidas adicionales", recalca la Comisión Europea en su informe para justificar la flexibilidad y manga ancha aplicada a su análisis sobre el marcado incumplimiento de 2023. Esto significa que, "como no será necesario un ajuste presupuestario para que España sitúe su déficit por debajo del valor de referencia, la incoación de un procedimiento de déficit excesivo no sería, en esta fase, una medida adecuada", prosigue el Ejecutivo comunitario que sí avanza que se mantendrá vigilante. Peor suerte han corrido Francia, Italia, Bélgica, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Malta a los que sí se ha decidido abrir un expediente sancionador.

Satisfacción en el Gobierno

El Gobierno español ha recibido con optimismo y alivio la decisión de la Comisión Europea. "La Comisión Europea nos ha sacado del procedimiento de déficit excesivo, es decir, estamos expandiendo la economía, haciendo crecer la economía, creando empleo y consolidando las cuentas públicas", anunció el presidente Pedro Sánchez en la sesión de control del Congreso dos horas antes de que Bruselas hiciera su anuncio oficial.

En realidad, la Comisión Europea no "ha sacado del procedimiento de déficit excesivo" a España, pues no estaba en él. Lo que ha hecho la Comisión Europea es no abrir a España un expediente sancionador a pesar de haber registrado en 2023 un déficit superior al 3% del PIB. Además, Bruselas sí ha sacado a la economía española de la lista de países con desequilibrios macroeconómicos, donde permanecía desde 2012, tal como ha destacado el ministro Carlos Cuerpo. "El mensaje sobre España es muy claro y contundente, confirma, una vez más, que nuestro modelo de crecimiento es fuerte, equilibrado y compatible con la responsabilidad fiscal", ha subrayado el titular de Economía en un vídeo.

Próximo examen, en otoño

"En cualquier caso, la Comisión seguirá supervisando la evolución de la situación presupuestaria en España y reevaluará la situación en otoño", ha anunciado el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.

Este aviso se debe a que el gasto primario neto de España financiado a nivel nacional aumentará un 3,8% en 2024, muy por encima del techo máximo del 2,6% fijado por la UE, lo que significa que el Gobierno de Pedro Sánchez "corre el riesgo" de incumplir las recomendaciones que le dirigió el Ecofin para 2024. Según las previsiones de primavera de 2024, el coste presupuestario neto de las medidas de apoyo para limitar la crisis energética fueron equivalentes a 0,9% del PIB en 2023 y se reducirán al 0,2% este año y al -0,1% en 2025. Si este ahorro "no se utiliza plenamente" para reducir el déficit público, España "corre el riesgo de no ajustarse a la recomendación del Consejo", advierte Bruselas.

Además, aunque el Ejecutivo comunitario constata que España ya no se encuentra en situación de “desequilibrio” y que sus vulnerabilidades, en general, han descendido, los riesgos para la sostenibilidad fiscal persisten. El informe confirma que aunque la deuda pública ha caído y se espera que siga disminuyendo, en conjunto, "el análisis de sostenibilidad de la deuda indica riesgos elevados a medio plazo" y "existe una alta probabilidad de que la ratio de deuda en 2028 sea superior al 113% del PIB". Es decir, que la deuda en 2028 podría ser superior a la de 2023.

Preparando el plan de ajuste

En cuanto a las recomendaciones por país, de cara a 2024 y 2025, Bruselas urge al Gobierno español a presentar en plazo el plan de ajuste plurianual que debe remitir para el 20 de septiembre, tal y como requieren las nuevas reglas fiscales. De acuerdo con las mismas y de cara a 2025, España deberá limitar el techo de gasto a una "tasa compatible" con la reducción de la deuda para situarla a medio plazo en una senda descendente que permita situar el déficit por debajo del 3%.

El Gobierno español "ya está trabajando" en el diseño de este plan de consolidación a cuatro años (ampliable a siete) que imponen las nuevas reglas fiscales y "en las próximas semanas" se avanzará en el "diálogo técnico" con la Comisión Europea, según han explicado fuentes del Ministerio de Economía. De hecho, está previsto que Bruselas remita este mismo viernes a cada país una trayectoria de ajuste, de carácter orientativo, que no se hará pública.

"Cumplir con el objetivo del déficit del 3% en 2024 nos sitúa en una buena situación de partida de cara al plan de consolidación que presentaremos en septiembre", añaden las fuentes de Economía. El Gobierno, incluso, aspira a situar el déficit por debajo de ese 3% ya este mismo año. Ello es por la revisión al alza del crecimiento del PIB que prevé practicar el Gobierno en el mes de julio. El ministro Cuerpo ha adelantado que la previsión oficial de crecimiento subirá desde el 2% actual hasta el entorno del 2,5% y, al mismo tiempo, se corregirá la estimación de déficit, según apuntan en Economía. Un PIB más amplio puede permitir recortar en una o dos décimas el peso del déficit y situarlo en el entorno del 2,8% ya en 2024 (BBVA Research apunta el 2,9%)

La reforma fiscal, urgente

En sus recomendaciones a España, la Comisión Europea subraya que tendrá que garantizar la sostenibilidad fiscal revisando y simplificando el sistema tributario "para apoyar el crecimiento económico y el empleo, la cohesión y la transición ecológica" y "mejorar la calidad, eficiencia y equidad del gasto público".

La reformas fiscal no es solo un "elemento central de la estrategia de consolidación fiscal" -España tiene margen para aumentar sus ingresos a cuenta de impuestos medioambientales-, sino que es ineludible para acceder al quinto pago de los fondos Next Generation. De ahí que el segundo gran bloque de recomendaciones sea para reforzar la capacidad administrativa en la gestión de los fondos europeos, acelerar las inversiones y mantener el impulso en la aplicación de las reformas.

Para ello, España tiene que abordar los retrasos y garantizar una aplicación "continua, rápida y eficaz del Plan de Recuperación y Resiliencia", incluido el programa REPowerEU, garantizando la finalización de las reformas e inversiones antes de la fecha límite de agosto de 2026. "Es esencial que España continúe con la aplicación de reformas y acelere las inversiones abordando los nuevos retrasos y garantizando al mismo tiempo una sólida capacidad administrativa", recomienda Bruselas, que advierte que dado el tamaño y la complejidad del plan son necesarias "medidas específicas".

La tercera y última recomendación, que ahora deberá avalar en julio el Ecofin, reclama al Gobierno que mejore la gestión del agua para adaptarse a los efectos del cambio climático -dado que España es uno de los países más afectados- y garantizar la resiliencia a largo plazo, mejorando la coordinación de gobierno y administración y ampliando las soluciones existentes para la gestión sostenible del agua en la agricultura, la eficiencia hídrica y las inversiones en infraestructuras.

Siete procedimientos abiertos

De los 12 países examinados con lupa por Bruselas -por tener el año pasado un déficit público superior al límite que fijan las reglas fiscales, del 3% del PIB- hay 7 que sí han visto abierto un procedimiento sancionador: Francia, Italia, Bélgica, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Malta que tendrán que extremar la disciplina presupuestaria. Se libran, además de España, Estonia, República checa, Eslovenia y Finlandia. En su evaluación, según ha explicado la Comisión, los técnicos comunitarios han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por los respectivos Estados miembros con un nivel de deuda pública inferior al 60% del PIB, que establece como tope el pacto, y si el déficit está “próximo” al valor de referencia del 3% y el desvío es “temporal”.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo comunitario reactiva el procedimiento desde el año 2020, una decisión que llega en un momento políticamente complicado para algunos países como Francia que registró el año pasado un desvío del 5,5% y que en menos de dos semanas concurre a las urnas, con una extrema derecha más fuerte que nunca. A raíz de la crisis global desatada por la pandemia de coronavirus y la guerra de Rusia en Ucrania, Bruselas decidió meter en el congelador las reglas presupuestarias para permitir a los gobiernos europeos inyectar miles de millones en la economía y ayudar a ciudadanos y empresas. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento quedó por tanto en suspenso, hasta este miércoles.

El siguiente paso será la adopción de las recomendaciones por el Ecofin en julio, aunque no será hasta noviembre, en el marco del semestre de otoño, cuando Bruselas concrete el ajuste -en forma de recortes y reformas- que deberán hacer los siete países para sanear sus cuentas. El aplazamiento hasta entonces de la decisión se debe a la voluntad de "mantener la coherencia" con los planes de consolidación fiscal que tendrán que remitir los Veintisiete en septiembre, en función de una trayectoria de ajuste que la Comisión Europea remitirá este viernes, pero que no hará pública, y los borradores presupuestarios para 2025 que todos los gobiernos deberán remitir para mediados de octubre.