Trabajo acusa a la CEOE de "burlarse de la democracia" tras su 'no' a la reducción de la jornada por ley

El Ministerio de Trabajo ha acusado a la patronal CEOE de "burlarse" del "diálogo social" y de la "democracia" tras negarse a pactar una ley para la reducción de jornada a las 37,5 horas semanales. Los empresarios, tal como avanzó El Periódico, del mismo grupo editorial que este diario, han desoído el ultimatum lanzado por Yolanda Díaz y se ha personado en la mesa de diálogo social este lunes sin una propuesta escrita para disminuir el tiempo de trabajo. No solo eso, sino que, según les ha criticado Trabajo tras el encuentro, se han opuesto a negociar ningún tipo de disminución efectiva de la jornada máxima. Desde el Gobierno se resignan así a sacar adelante la norma únicamente con el apoyo de los sindicatos.

"Me temo que hay demasiados lastres políticos de la patronal", les ha acusado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en rueda de prensa tras el encuentro con los agentes sociales. Desde la organización presidida por Antonio Garamendi preparan una respuesta contundente al pulso de Trabajo, si bien tras la reunión de este lunes han declinado replicar a las críticas.

"Se nos ha convocado a una nueva reunión el lunes. Así es que la mesa sigue abierta y no vamos a hacer valoraciones en este momento", apuntan fuentes de la patronal. Pese a que nadie quiere dar formalmente por rota la mesa y salvo cambio de guion inesperado, las negociaciones en el seno del diálogo social para la ley de reducción de jornada han saltado este lunes por los aires.

Trabajo da por seguro el acuerdo con los sindicatos, que ya lo avanzaron en la última reunión, y ahora también el 'no' de la patronal; lo que emplaza la negociación a una más que probable última reunión el lunes que viene, en la que los de Yolanda Díaz esperan acabar de cerrar el texto que luego remitirán al Congreso. No tiene allí, por el momento, los apoyos suficientes asegurados y la negociación para la reducción de jornada a las 37,5 horas entrará ya en lógica netamente parlamentaria.

La medida estrella del Gobierno en materia laboral para esta legislatura llegará al Congreso sin el aval tripartito del diálogo social. El secretario de Estado de Empleo ha calificado de "burla" al "diálogo social" y a la "democracia" -en tanto que estaba en el programa electoral de Sumar- que, tras seis meses de negociaciones para reducir la jornada laboral por ley, ahora la patronal se siente a la mesa afirmando que está en contra de la medida.

Llegar a todas las empresas

El Ministerio de Trabajo justifica la necesidad de reducir por ley la jornada laboral para poder llegar así a la totalidad de las empresas. Actualmente, según datos de la OCDE, en España se trabaja de media unas 38,2 horas semanales. Ese dato es una media, ya que algunos convenios contemplan jornadas superiores y otros inferiores. Según los datos recopilados por el Ministerio de Trabajo, ocho de cada 10 asalariados se verían afectados por la disminución a 37,5 horas semanales.

El principal argumento de la patronal es que la negociación colectiva tiene autonomía propia y que la jornada se va reduciendo en aquellos sectores donde existe margen empresarial para ello. Y donde no hay margen, según sostienen los empresarios, no es bueno reducirla porque se lastra la viabilidad de dichas empresas. "¿Es que las personas de la hostelería no tienen derecho a una reducción de jornada?", se ha preguntado el secretario de Estado de Empleo.

Desde Trabajo y los sindicatos están enojados con la CEOE, ya que entienden que le han dado margen para entrar a negociar y que no lo ha aprovechado para introducir matices que pudieran beneficiar a las empresas y hacerles entrar a un acuerdo. Desde las centrales han recordado que en el momento en el que la ley entre en el Congreso cada partido le remitirá sus añadidos y cambios al Gobierno para venderle su apoyo. Y que ello puede hacer introducir nuevos elementos lesivos para las empresas.

El Gobierno buscaba el aval de la CEOE precisamente como argumento para luego reunir todos los apoyos necesarios en el parlamento, especialmente de grupos habitualmente afines a las tesis patronales, como Junts o el PNV. Ahora deberá negociar con ellos sin esta carta y se escuda en que la medida cuenta con un amplio apoyo social entre la ciudadanía. Trabajo remitirá como proyecto de ley la medida al Congreso, lo que presumiblemente retrasaría su entrada en vigor prácticamente hasta finales de año.