Las autonomías estallan contra el pacto PSC-ERC y anticipan acciones judiciales

La reacción de las autonomías al pacto fiscal entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como president no se ha hecho esperar. Ante la incertidumbre de cómo afectará a las regiones que se encuentran en el régimen común de financiación el nuevo concierto fiscal acordado con Cataluña, dirigentes autonómicos del Partido Popular han "estallado" y aseguran que emprenderán acciones judiciales. Más allá de los ejecutivos del PP, la propuesta acordada de un nuevo sistema de financiación para Cataluña también ha sido criticada por el Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha y ha suscitado el recelo de los socios parlamentarios de Compromís. Estos han señalado que no apoyarán el acuerdo en el Congreso si no se aborda a la vez el problema de infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. El Ministerio de Hacienda ha prometido incrementar un 9,5% hasta los 147.412 millones las entregas a cuenta para las autonomías en 2025 para tranquilizar a las regiones.

El Gobierno aragonés ya ha anticipado que recurrirá el "ataque ilegal" que supone el acuerdo con Cataluña y ha señalado que "compromete la solidaridad fiscal y los principios de igualdad, libertad y seguridad jurídica". En una rueda de prensa este martes, la vicepresidenta, Mar Vaquero, ha avanzado la intención del Ejecutivo de recurrir "cualquier acto" que permita ejecutar este acuerdo de PSOE y ERC, también la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha calificado como "golpe de Estado fiscal" el pacto ERC-PSC. Mazón ha anunciado que la Generalitat valenciana tiene preparados los mecanismos legales para ejercer acciones jurídicas y acusa al PSOE de romper el sistema solidario de España. También el presidente castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado que Castilla y León irá a los tribunales en una "batalla judicial sin precedentes" si se confirma el acuerdo entre ERC y el PSOE para que Salvador Illa sea elegido presidente de la Generalitat y que supone "un robo a Castilla y León y a España".

Por su parte, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha tachado de "ilegal" el pacto para investir a Salvador Illa por permitir recaudar el 100% de sus impuestos. Azcón ha avisado de que acudirá a los tribunales para frenar "semejante atropello" a la Constitución. Por su parte, el Govern de Baleares considera que el acuerdo del PSC y ERC implica "romper la caja común" de las Comunidades Autónomas y ha reclamado una reforma del sistema de financiación, acordado en una negociación multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Juanma Moreno, presidente de Andalucía, ha explicado que aludido a que el pacto entre PSC y ERC "es un mazazo al principio de solidaridad de todos los españoles" y ha asegurado que desde Andalucía responderán.

Más allá de las autonomías del Partido Popular, las críticas también han llegado de destacados barones socialistas como Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, se ha mostrado "perplejo" de que, tras este preacuerdo, haya un "silencio atronador" por parte del PSOE ante lo que considera un "grave atentado a la igualdad". "O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles", ha escrito en su perfil de X.

En parecidos términos se ha expresado el expresidente de Aragón y líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, que ha tachado de "inadmisible" el preacuerdo porque, a su juicio, va a suponer "una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles". El resto de los dirigentes socialistas se han mostrado más prudentes. Desde el Gobierno socialista de Asturias, la vicepresidenta y presidenta en funciones del Principado, Gimena Llamedo, ha eludido comentar este pacto para investir a Salvador Illa hasta conocer los términos exactos para poder hacer una valoración "más precisa".

Aumento de las entregas a cuenta

El departamento de María Jesús Montero ha enviado cartas este martes a todas las autonomías en las que detalla un aumento de las entregas a cuenta de cara al ejercicio de 2025. El Ejecutivo promete a las regiones y entes locales un total de 147.412 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,5% respecto a 2024, según los datos facilitados por el equipo del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Las entregas a cuenta son aportaciones del sistema de financiación que el Gobierno realiza a las administraciones regionales y locales, y se calculan a partir de los recursos tributarios que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de la tarifa autonómica del IRPF y los porcentajes de IVA e Impuestos Especiales que la ley marca para cada comunidad autónoma. Su cálculo está vinculado a la información disponible en el momento de elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que de momento está pendiente porque Junts tumbó la senda de estabilidad hace unos días.

"El incremento de las entregas a cuenta es reflejo de la previsión de que prosiga el crecimiento económico de España y también es síntoma de que las medidas que desarrolló el Gobierno para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia y ahora de la invasión de Ucrania surten efecto para dar continuidad a la recuperación y a la creación de empleo", señala el Ejecutivo en un comunicado.