Las eléctricas invierten en redes una media de 1.500 millones anuales, por debajo del límite que urgen eliminar

Las eléctricas quieren invertir más en redes. O al menos eso defienden día sí y día también sus principales dirigentes, que reclaman al Gobierno eliminar o aumentar el tope a la inversión que el Ejecutivo tiene instaurado por ley. Sin embargo, al menos en los últimos cinco años las compañías no alcanzaron ese límite que tanto ansían eliminar.

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Así lo revela la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su análisis sobre las actividades reguladas durante el periodo 2018-2022, en el que sostiene que la inversión media anual de las cinco grandes compañías se situó en 1.517 millones de euros al año de media, "por debajo del límite de inversión en todos los años de dicho periodo", según el 'superegulador'.

El máximo invertido ascendió a 1.722 millones de euros en 2022, cuando el tope a la inversión para el conjunto de la actividad de distribución era de 1.837 millones de euros. Las cinco distribuidoras han aumentado su activo total de 33.852 millones de euros en 2018 a 35.690 millones de euros en 2022. 

El transporte y la distribución de electricidad son actividades reguladas en España que se desarrollan en un régimen de monopolio natural. En el primer caso, Red Eléctrica (REE) es el transportista único del sistema eléctrico; mientras que en el segundo Endesa (e-Distribución), Iberdrola (I-DE Redes Eléctricas), Naturgy (UFD Distribución), Hidrocantábrico Distribución y EDP (Viesgo Distribución) concentran el grueso del mercado.

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Estas compañías son las encargadas de desplegar nuevas redes eléctricas, pero tienen un tope anual a la inversión marcado por el Ministerio para la Transición Ecológica que no pueden exceder porque los consumidores son en última instancia quienes sufragan los despliegues a través de los costes regulados de la factura de la luz. En el caso de la distribución ese tope es del 0,13% del PIB, aunque entre 2020 y 2022 fue del 0,14% por la pandemia.

“Desde mi punto de vista como ingeniero no tiene ningún sentido relacionar el PIB con la inversión en redes, no entiendo esta conexión”, decía el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, durante la presentación de resultados del primer trimestre de la compañía. Galán argumentó que la Ley del Sector Eléctrico que regula ese tope data de 2012 y lo que buscaba el Gobierno de Mariano Rajoy entonces era “cubrir el déficit” enorme que había en el sistema eléctrico, pero en la actualidad el objetivo es otro: “Ahora nos gustaría electrificar la economía, alcanzar objetivos de descarbonización y reducir la dependencia externa y las redes son cruciales”.

Fuentes del sector explican que las inversiones previstas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que ascienden a 53.000 millones de euros, implicarían una subida de esa tasa hasta situarla en el 0,45% del PIB anual y, de no ser así, plantean un 0,18% del PIB para actuaciones puntuales, como la digitalización y otras, y que el resto sean extras en función de las peticiones que pudieran ir haciendo las compañías.

Retribución

Pero no es la única queja. Las distribuidoras también demandan una mayor tasa de retribución financiera para esas nuevas infraestructuras, que ahora se sitúa en 5,58% antes de impuestos. Esa tasa se fijó en 2013 y las empresas piden que se adecúe a la situación actual y se establezca algún tipo de salvaguarda ante subidas de la inflación y el alza de los tipos de interés. Las empresas abogan por una horquilla entre 7% y el 9%, en línea con otros países europeos.

Y el tiempo apremia, pues aunque el nuevo periodo no dará comienzo hasta el 1 de enero de 2026, las empresas advierten que las nuevas inversiones en redes se verán impactadas por ese nuevo periodo regulatorio, por lo que buscan señales del regulador, que es el encargado de fijar esa tasa, para asegurar su rentabilidad futura.