TELECOMUNICACIONES

Telefónica: un año de terremoto accionarial y sin que Arabia Saudí complete su asalto

La saudí STC sigue sin consumar su irrupción total en el capital de la teleco, pero la reacción a su entrada ya ha revolucionado la compañía con un nuevo núcleo duro español con el regreso del Estado y el reforzamiento de LaCaixa.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en la junta de accionistas.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en la junta de accionistas. / Telefónica

David Page

David Page

Hace justo un año arrancó en Telefónica una sacudida accionarial histórica. La irrupción inesperada de Arabia Saudí en el capital -desvelada el 5 de septiembre de 2023- y su intención de convertirse en su mayor accionista han provocado otros movimientos que han revolucionado la gobernanza de la teleco y que han evidenciado el carácter estratégico que tiene el grupo para España. El asalto saudí aún no se ha completado, pero las reacciones al movimiento del ‘petroestado’ ha abierto una nueva etapa en la compañía con un nuevo núcleo duro reforzado de accionistas españoles.

Saudí Telecom (STC), controlada por uno de los fondos soberanos del Estado árabe, anunció hace justo un año su plan para alcanzar una participación del 9,9% en la teleco española, en una operación valorada en 2.100 millones de euros. Un plan por fases, con la compra directa del 4,9% y la toma mediante derivados financieros de otro 5% adicional que todo un año después aún están por ejecutar. La conquista saudí sigue sin completarse.

Para sobrepasar la cota del 5% o para tener presencia en el consejo de administración del grupo, STC tiene que obtener autorización expresa del Gobierno español por las vinculaciones de Telefónica con la seguridad y la defensa nacionales. Una petición de permiso preceptivo en virtud del denominado escudo antiopas que ni Arabia Saudí ni el Ejecutivo español confirman oficialmente que se haya producido, aunque fuentes del mercado apuntan que el proceso ya está en marcha y que el ‘ok’ probablemente con condiciones del Gobierno podría llegar en apenas unas semanas.

El escudo antiopas -la legislación aprobada por el Gobierno durante la pandemia para controlar la entrada de inversores extranjeros en empresas estratégicas nacionales- establece con carácter general la obligación de pedir la autorización del Ejecutivo al superar el 10% del capital. Pero ese tope legal se rebaja al 5% en caso de que se trate de empresas vinculadas con la defensa y la seguridad nacional, como sucede con Telefónica por sus contratos con las Fuerzas Armadas y con la ciberseguridad y la gestión de los datos del Gobierno.

Nuevo núcleo duro español

Sin que Arabia haya conseguido aún completar su plan, el Gobierno y Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, decidieron movilizarse para blindar la autonomía y la españolidad de la teleco. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Criteria controlan ahora participaciones accionariales del 10% cada uno -empatando con el paquete virtual que maneja Saudi Telecom, STC- tras ejecutar compras en los últimos meses por un importe conjunto de casi 3.800 millones de euros con las que acorazar una compañía que se considera estratégica para los intereses nacionales por su vinculación con la defensa, la seguridad y la digitalización de la economía.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha completado el regreso del Estado español como accionista de Telefónica un cuarto de siglo después de su privatización total. Creada bajo los auspicios del dictador Miguel Primo de Rivera, la que fue durante décadas el monopolio estatal de las telecomunicaciones y acabó privatizada por completo a finales de los años 90 asume ahora el regreso a su capital del Estado a modo de escudo protector frente al desembarco a lo grande de otro estado extranjero.

LaCaixa también se ha movilizado para elevar su presencia en el capital de Telefónica hasta alcanzar un 9,99% de las acciones, y sus planes pasan por elevar en breve su participación hasta el 10,01% de manera rápida cuando obtenga la autorización para adquirir participaciones indirectas en ciertas filiales financieras de Telefónica y convertirse de facto en el primer accionista del grupo. El nuevo núcleo duro español conformado por Gobierno, Criteria y BBVA (con un 4,87%) controla participaciones accionariales en la compañía de en torno al 25%, más del doble del objetivo que se ha marcado Arabia. Los tres grandes socios españoles cuentan con una representación de un consejero cada uno en la compañía (tres de un total de 15 miembros del consejo de administración).

Arabia, sin prisas

Saudi Telecom anticipaba en su última memoria anual, publicada el pasado marzo, que preveía obtener en el plazo de un año el permiso del Gobierno español para elevar la participación hasta el 9,9% y eventualmente también para solicitar un asiento en el consejo de administración de Telefónica.

La operadora árabe se ha estado moviendo en los últimos meses para tranquilizar los ánimos y confirmar las intenciones amistosas de su operación, tanto públicamente como en varias reuniones con el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete. Saudi Telecom durante este tiempo ha prometido "cooperación" con Telefónica y ha mostrado su plena "confianza en el crecimiento y el potencial al alza" del grupo español.