El BCE confirma al BBVA que no se opone a su intento de comprar el Sabadell

El Banco Central Europeo (BCE) no se opondrá a la intención del BBVA de comprar el Sabadell. Así se lo ha comunicado ya al banco de origen vasco, según este ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No es ninguna sorpresa: el papel de los supervisores bancarios al evaluar las fusiones se limita a garantizar que las entidades resultantes sean sólidas y no supongan un riesgo para la estabilidad financiera, como es el caso. Eso sí, se trata de un trámite relevante, ya que la CNMV no podía aprobar la oferta pública de adquisición (opa) del grupo de origen vasco sobre el catalán hasta que el BCE se pronunciase favorablemente al respecto. 

El consejo de supervisión del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del BCE tuvo una primera discusión sobre la operación en julio, en la que los equipos conjuntos de supervisión de las dos entidades (integrados por inspectores del BCE y el Banco de España) realizaron una presentación, seguida de una breve intervención de la subgobernadora, Margarita Delgado. A finales de ese mes, el comité ejecutivo del Banco de España aprobó remitir al BCE un informe preliminar en el que se mostró favorable a que la institución presidida por Christine Lagarde no se opusiera a la operación. Finalmente, el consejo de gobierno del BCE decidió en los últimos días seguir dicha recomendación, como suele ser habitual.   

En este proceso, así, el BCE tiene como única misión velar por la estabilidad financiera de la zona euro y no tiene en consideración el impacto de la operación en la competencia. Lo que valora es el efecto de una posible fusión o adquisición en la rentabilidad, solvencia, liquidez, estructura organizativa y capacidad de cumplir con los requisitos de gobernanza de la entidad resultante. De hecho, la institución admite en su web que ve con buenos ojos la concentración bancaria, particularmente entre entidades de distintos países europeos, si bien apunta que no es su función "promover activamente -o evitar- cualquier forma de consolidación". 

La aprobación del BCE se daba por descontada. El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, desveló a principios de mayo que mantuvo contactos con el organismo antes de lanzar la opa y aseguró que para el BCE "no hay ningún obstáculo; desde su punto de vista, incluso una visión favorable a que haya consolidación". Unos días después, el vicepresidente de la institución, Luis de Guindos, evitó pronunciarse expresamente sobre la operación, pero recordó que el BCE está "a favor de la consolidación" bancaria. Y en junio, la subgobernadora subrayó que se trata de un "procedimiento de no objeción. No se analiza las bondades (de la fusión), sino si es viable desde el punto de vista de liquidez, de solvencia y el plan de negocio de la entidad resultante".

Cruce de declaraciones

En cualquier caso, Torres Vila se ha mostrado este jueves satisfecho con la decisión. "Es un nuevo hito muy relevante que subraya, además, la solidez y solvencia de este proyecto. La unión de Banco Sabadell y BBVA crea una entidad más fuerte y rentable, que tendrá una capacidad adicional de concesión de crédito a familias y empresas de 5.000 millones de euros al año. Esperamos recibir el resto de autorizaciones según el calendario previsto y avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea", ha afirmado en una nota distribuida por el banco.

Fuentes del Sabadell, por su parte, han señalado que la posición del BCE era esperada y "no cambia la necesidad de análisis de la transacción por parte de la CNMV, la CNMC y, previsiblemente, del Gobierno, quien ha dejado claro que tendría la última palabra". El análisis del banco central, han destacado, "no entra en aspectos clave como aquellos relacionados con la competencia en el sector bancario español, el apoyo a las pymes o cuestiones fundamentales sobre el valor de la propuesta para los accionistas de Sabadell". "Creemos que la transacción es perjudicial para el acceso de las pymes al sector bancario y para los accionistas de Sabadell. El proceso sigue siendo largo y complejo, y los accionistas de Sabadell no necesitan tomar ninguna decisión en este momento", han insistido.

El BBVA ha asegurado que estima que su opa recibirá todas las aprobaciones regulatorias necesarias en unos seis meses a partir del anuncio de la oferta el pasado 6 de mayo, es decir, a principios de noviembre. Entonces comenzaría el periodo de aceptación de la oferta por parte de los accionistas del Sabadell, que legalmente puede durar entre 30 y 70 días. Si su propuesta tiene éxito y lograr el apoyo de más del 50% del banco catalán, el grupo de origen vasco tiene la intención de fusionar ambas entidades, lo que según sus estimaciones tardaría otros entre seis y ocho meses y se produciría a "mediados de 2025".

Muchas incertidumbres

El proceso y los plazos, sin embargo, están sometidos a muchas incertidumbres. La primera es si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se pronunciará sobre la operación antes o después de que haya concluido el periodo de aceptación de la opa. Ello podría afectar a la decisión que tomen los accionistas del Sabadell, si bien la CNMV ha dejado ya la puerta abierta a esperar a Competencia. La segunda es qué condiciones impondrá la CNMC a la operación y si la llevará a la conocida como fase dos de análisis, en cuyo caso el Gobierno -que se ha mostrado públicamente en contra de la misma- le podría imponer requisitos adicionales para tratar de hacer que el BBVA desista.

En tercer lugar, está por ver si el Ejecutivo ejercerá su derecho de vetar la fusión (que no la compra) de ambos bancos si la opa triunfa, como ha insinuado. De ser así, restaría atractivo económico a la operación en un primer momento, ya que reduciría las sinergias de la integración. Así lo ha reconocido el BBVA ante la SEC (la CNMV estadounidense), si bien lo ha considerado "improbable" y ha defendido que incluso en ese escenario la operación seguiría siendo positiva. 

El banco estima que la integración de su competidor le reportaría unas sinergias de 850 millones de euros al año antes de impuestos en España y México (no las prevé en el Reino Unido): 450 millones por ahorro de costes en administración y tecnología (incluyendo el cierre de unas 300 sucursales de las 870 que el grupo combinado tendría a menos de 500 metros), 300 millones por menores gastos de personal (una vez ejecutado el ajuste de plantilla) y 100 millones por los menores costes de financiación. El desembolso para lograrlas sería de unos 1.450 millones antes de impuestos.