El Gobierno activa un plan para convertir los puertos españoles en grandes fábricas de eólica marina

España prepara su entrada en la carrera de la eólica marina. El Gobierno ultima la aprobación de la nueva regulación que servirá para celebrar las esperadísimas subastas de proyectos de eólica marina en las costas españolas, que llegan ya con retraso. Es cuestión de semanas, apuntan fuentes oficiales, que el real decreto que servirá para activar estos procesos pase por el Consejo de Ministros.

Los planes del Ministerio para la Transición Ecológica contemplan concursos públicos para repartir concesiones del uso del dominio público marino durante 30 años. España prevé instalar entre 1.000 y 3.000 MW de eólica offshore hasta 2030, según la hoja de ruta diseñada por el Gobierno antes de la crisis energética. Pero para facilitar la puesta en marcha de estos proyectos hace falta que los puertos españoles estén preparados para acoger las instalaciones industriales y logísticas para la construcción, el ensamblaje, el almacenamiento y el transporte de los componentes de los futuros parques eólicos que se instalarán en el mar.

El Gobierno prepara un programa de subvenciones millonarias con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) -como parte del PERTE de energías renovables- para financiar la adaptación puertos nacionales para permitir el despliegue de eólica marina, y ha activado una consulta pública previa para que todos los actores implicados en este nuevo vector energético verde aporten propuestas sobre cómo ejecutar este proceso y cómo orientar el reparto de ayudas a las instalaciones portuarias.

Molinos que flotan

“Los puertos españoles son fundamentales para el desarrollo de las renovables marinas, como grandes áreas de montaje y fabricación, tanto para el desarrollo de proyectos renovables marinos en España como para los mercados internacionales, así como parte vital de la cadena de suministro y hub logístico”, explica el Ministerio para la Transición Ecológica en la documentación oficial de la consulta “Son necesarias infraestructuras adaptadas y con áreas suficientes disponibles de montaje y construcción simultánea de aerogeneradores marinos de tecnología flotante”.

Y es que, dada las características geográficas de la plataforma costera española, resulta imprescindible garantizar la disponibilidad de la tecnología necesaria para implantar aerogeneradores flotantes, lo que “sólo se puede llevar a cabo desde instalaciones portuarias que dispongan de infraestructura de dimensiones suficientes (en términos de línea de atraque, superficie y lámina de agua), dada la envergadura y complejidad de las piezas a manipular”.

España ha estado hasta ahora al margen de la revolución de la eólica marina desatada en otros países. Mientras que en Estados Unidos, Reino Unido o Alemania se ponen ya en marcha colosos eólicos en sus aguas, nuestro país se quedaba atrás por una razón orográfica: sus aguas territoriales son muy profundas y dificultan la instalación de los aerogeneradores anclados al suelo marino. Los avances tecnológicos acelerados para el desarrollo de la eólica marina flotante, que permiten sortear el problema de la profundidad, brindan ahora a España la oportunidad de sumarse al boom.

Los planes pasan por reservar grandes espacios en los puertos españoles donde se construirían las plataformas flotantes y se podrían realizar otras actividades de fabricación, se almacenarían palas, tramos de torre y componentes, se montarían y se botarían en el agua, por lo que serán imprescindibles explanadas de gran extensión y anchura, grúas de grandes dimensiones, así como líneas de atraque de centenares de metros lineales.

Además, los servicios portuarios necesarios para desplegar los futuros parques eólicos también comprenderán la estiba de componentes y repuestos, el atraque de buques específicos para las actividades de instalación y operaciones marinas, grúas móviles y otros equipos de transporte. Y está previsto que estas áreas también se utilicen como además como centros logísticos para la operación, reparación y mantenimiento de los parques eólicos marinos en un futuro.

Moratoria desde hace tres años

España tiene en la práctica paralizado por ley el despliegue de parques de eólica marina a la espera de su regulación específica. Desde junio de 2021 se aplica una moratoria que impide la tramitación de parques eólicos comerciales, y sólo se pueden poner en marcha proyectos de investigación y experimentación de las tecnologías vinculadas a este tipo de parques energéticos.

Antes de la moratoria solamente había cuatro parques marinos en tramitación, porque la iniciaron antes de que entrara en vigor: tres en Canarias (Mar de Canarias, Proyecto Elican –ya operativo–, y Parque eólico Gofio) y uno en el País Vasco (BIMEP), también operativo. El Ministerio para la Transición Ecológica también ha recibido peticiones de compañías energéticas para más de 50 proyectos de parques eólicos marinos para desarrollar el alcance de estudio de impacto ambiental.

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El estudio de alcance de impacto ambiental sirve para determinar la amplitud y el grado de especificación que deberá contener el posterior análisis formal de impacto ambiental. Se trata de un análisis previo que sirve para agilizar la obligatoria declaración de impacto ambiental con que todos los proyectos deben contar para su puesta en marcha. Se busca adelantar trabajo y descartar proyectos que resultan inviables tras un primer estudio previo, pero su petición no obliga a las energéticas a desarrollar el proyecto ni implica obligaciones jurídicas para la Administración. No todos los proyectos saldrán adelante, pero confirman el interés de las compañías energéticas por este tipo eólica en el mar.

El Gobierno ya ha identificado las zonas de la costa española en que podrán instalarse parques eólicos a través de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). Se trata de un instrumento de zonificación para los distintos usos del mar- y que incluye 19 zonas de alto potencial para la instalación de aerogeneradores marinos. Son 5.000 kilómetros cuadrados de superficie marina (el 0,46% de las extensión de las aguas territoriales españolas) frente a las costas de Galicia, Asturias, Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares.