No, el Ayuntamiento no le devolverá el dinero de las multas de las ZBE de Madrid aunque lo tumbe el Supremo

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado hoy las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital, tras concluir que los informes de impacto económico que acompañaban a la normativa eran "manifiestamente insuficientes". La decisión deja sin efecto partes clave de la ordenanza que delimitaba las zonas restringidas de circulación en el centro de la ciudad y en áreas como Plaza Elíptica. Esta sentencia se suma a las numerosas controversias que han rodeado a las políticas medioambientales del consistorio madrileño, pero lo que preocupa ahora a miles de conductores es el impacto sobre las multas que ya han sido emitidas bajo esta normativa.

Hay que recordar que en septiembre de 2021 entró en vigor la nueva ordenanza municipal de movilidad aprobada en el mes de septiembre por el Ayuntamiento de Martínez-Almeida. Una norma que viene a sustituir la medida estrella de su predecesora, Manuela Carmena, que impulsó con Madrid Central una de las primeras zonas de bajas emisiones de España aprobada en 2018. El plan del PP apenas modificaba el perímetro anticontaminación diseñado por la concejalía de Medio Ambiente del anterior Gobierno. El principal cambio fue la creación de una nueva zona de restricción al tráfico en Plaza Elíptica, entre Usera y Carabanchel.

¿Qué pasa con las multas?

A pesar de la anulación judicial, es importante destacar que las sanciones ya impuestas no se anulan automáticamente. Esto significa que aquellos que han pagado multas por acceder a las ZBE no verán su dinero devuelto, al menos de manera inmediata. Los principios de seguridad jurídica y suficiencia económica, recogidos en la Constitución Española, protegen al Ayuntamiento de la obligación de reembolsar los importes ya abonados. "Aunque la norma haya sido anulada, las multas ya pagadas no se podrán recuperar", afirma Antonio Benítez,  Ostos, Socio Director de Administrativando Abogados. Incluso, señala el experto, si el Supremo confirma la decisión de tumbar las ZBE, el que haya pagado la multa va a tener prácticamente imposible que se le devuelva el dinero.

Lo mismo ocurre con las multas que, aunque se hayan recurrido en su momento, hayan adquirido firmeza, que viene a ser la clave de la reclamación. Las personas afectadas se encuentran en una posición en la que, aunque la ordenanza sea finalmente invalidada, las sanciones previas no serán automáticamente eliminadas. Esto obedece al principio de seguridad jurídica, cuyo objetivo es evitar que las decisiones administrativas puedan ser revocadas retroactivamente y causar un perjuicio financiero al consistorio.

Reclamaciones al Ayuntamiento

Sin embargo, no todo está perdido para los conductores multados. José María Monedero, socio de Dikei Abogados, señala para aquellos conductores cuyas multas aún estén vivas, es decir, en proceso de recurso, la reciente decisión judicial abre una ventana de oportunidad. Los abogados especializados apuntan que el auto del TSJM podría ser un argumento a favor en estos casos. "La impugnación es una opción más que viable", explica el experto en Derecho Público. Los afectados podrían alegar, entre otros motivos, la falta de una base jurídica sólida para la sanción, dada la anulación parcial de la normativa. "Esta sentencia servirá para apoyar y justificar la reclamación", apunta Monedero.

Si bien este procedimiento no garantiza el éxito, podría abrir una puerta para aquellos que se sientan injustamente tratados. Además de la devolución de la sanción, los reclamantes podrían solicitar la indemnización de otros gastos asociados, como los honorarios de abogados, si se ha incurrido en estos costes durante el proceso. En cualquier caso, la primera instancia de esta reclamación es el propio Ayuntamiento de Madrid, que tendría la potestad inicial de aceptar o rechazar la solicitud. Si la administración local deniega la compensación, los afectados pueden llevar el caso a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

No obstante, los abogados abren un pequeño resquicio legal para la reclamación de casi cualquier conductor afectado: la responsabilidad patrimonial. Este proceso está pensado para aquellos ciudadanos que consideren haber sido perjudicados por la actuación de una administración pública alegando que la persona sancionada ha sufrido un daño que no le correspondía. Si bien este procedimiento no garantiza el éxito, podría abrir una puerta para aquellos que se sientan injustamente tratados. Además de la devolución de la sanción, los reclamantes podrían solicitar la indemnización de otros gastos asociados, como los honorarios de abogados, si se ha incurrido en estos costes durante el proceso.

El futuro de las ZBE

Por el momento, en Cibeles siempre han justificado su decisión de seguir adelante con las ZBE por las exigencias de la normativa europea. Ahora, los servicios jurídicos del Ayuntamiento se encuentran analizando una sentencia que cambiaría la estructura de la movilidad de la ciudad. Aun así, en el plazo de 30 días, aún podría interponerse un recurso de casación en el Tribunal Supremo. Según Benítez, "la anulación de la normativa no implica el cese inmediato de las multas", y la administración local tiene la capacidad de continuar aplicando sanciones mientras no haya una resolución definitiva. Así, además, lo ha recordado el Ayuntamiento por lo que las ZBE siguen en vigor. En este sentido, los coches cuyas etiquetas no sean aptas para acceder a las ZBE seguirán siendo multados -mientras el consistorio no opte por revocarlo- aunque tendrán mucha más fuerza a la hora de ser reclamadas una vez que el Supremo confirme la sentencia.

Una opción para que se hiciera efectiva la sentencia de manera inmediata y decayeran las ZBE es que el propio consistorio madrileño solicitara la ejecución provisional, algo bastante improbable debido a que "generaría un halo de desconfianza a la hora de armar el recurso de casación", añade Monedero. En este sentido, la argumentación económica de la sentencia del TSJM de Madrid es clave. "No existe ni un estudio ni una ponderación, ni tan siquiera una enumeración o indicación de los concretos efectos y repercusiones económicas de la medida. [...] Ni tan siquiera se incorporan a este apartado datos como el número aproximado de vehículos que pudieran verse afectados por las restricciones", explica la sentencia, que deja a las claras la opción que determinará el Supremo, apuntan las fuentes legales.

Número de afectados

El número total de multas registradas en las ZBE de Madrid en 2023 fue de 722.074 sanciones. Por zonas, en la ZBE de protección especial del centro, se emitieron un total de 549.930 sanciones, lo que representó un incremento del 19,8% respecto al año anterior. Estas infracciones generaron una recaudación de 109.870.000 euros. La calle Alcalá fue el punto más problemático, con 91.634 sanciones, lo que supuso un aumento del 36,5% en comparación con 2022.

Otras calles del centro también registraron un número significativo de sanciones. La Gran Vía acumuló 56.155 denuncias, mientras que la calle Atocha se posicionó en tercer lugar con 53.270 multas. Segovia y San Bernardo completaron la lista con 40.041 y 35.348 sanciones, respectivamente, registrando incrementos interanuales de entre el 12,6% y el 29,1%.

En cuanto a la ZBE en torno a la M-30, la calle Sinesio Delgado encabezó la lista con 4.225 sanciones, seguida por la Avenida del Mediterráneo (4.026 multas) y la Avenida de América-Cartagena (3.748 sanciones). En total, en esta zona se interpusieron 34.082 multas, lo que supuso una disminución del 32% respecto al año anterior, con una recaudación de 6.816.400 euros.

Por último, la ZBE de Plaza Elíptica experimentó un notable descenso en el número de sanciones, registrando 138.062 infracciones en 2023, lo que representa una caída del 54% respecto a 2022. A pesar de esta reducción, las multas en esta área generaron una recaudación de 27.612.400 euros. En total, las sanciones vinculadas a las Zonas de Bajas Emisiones en Madrid representaron el 27,7% de todas las multas de tráfico impuestas en la ciudad en 2023.