La UE y China buscan una salida al alza de aranceles que la comisión defiende para los coches eléctricos

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, defendió este jueves en una reunión con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, la investigación que ha llevado a Bruselas a imponer aranceles a los coches eléctricos, si bien ambos acordaron "intensificar los esfuerzos" para encontrar una solución. El sector del automóvil europeo es crítico con Bruselas, ante una reforma que amenaza con agudizar una crisis de ventas. La subida de aranceles a coches eléctricos hechos en China podría encarecer los precios en general y afectar también los planes de las firmas europeas que decidieron en su momento producir en el gigante asiático para reducir costes.

En paralelo a esta reunión, la mayoría de fabricantes europeos de automóviles pidieron oficialmente este jueves a la UE "medidas de ayuda urgentes" para poder adaptarse al endurecimiento de la normativa de emisiones de CO2 que entrará en vigor el próximo año. Sin embargo, la caída de las ventas de los vehículos eléctricos desde finales de 2023 complica el cumplimiento de estos objetivos que deben endurecerse a partir del próximo año. En los últimos 12 meses, solo un 12,6% de los vehículos vendidos en Europa eran eléctricos, frente a un 13,6% en el año anterior.

La investigación que está llevando a cabo Bruselas sobre los subsidios que Pekín da a sus fabricantes "se basa estrictamente en hechos" y "cumple completamente las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según Dombrovskis, que aseguró que el mercado comunitario permanecerá abierto a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, "ya que el objetivo de la UE es compensar solo las subvenciones identificadas, permitiendo así una competencia leal".

Los países de la UE, que están divididos sobre la conveniencia de los aranceles, podrían pronunciarse sobre la medida en una votación vinculante fijada en principio para el próximo 30 de septiembre. Francia e Italia lideran los países favorables a la aplicación de los aranceles, mientras que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se unió la semana pasada a su homólogo alemán, Olaf Scholz, cuando durante un viaje oficial a China pidió a Bruselas que reconsidere su posición. En una primera votación no vinculante a mediados de julio, España votó a favor de la medida junto a París y Roma y otros nueve países, mientras que Berlín y otros diez se abstuvieron y Hungría, Eslovaquia, Malta y Chipre votaron en contra.

El cambio de posición de Sánchez se produjo en el contexto de la investigación que en contrapartida ha iniciado China a las importaciones de carne de cerdo y productos lácteos de la UE, que para España representan una factura de exportaciones de casi 1.900 millones de euros en el primer caso y de 91 millones en el segundo.

Si Bruselas y Pekín no llegan a un acuerdo antes de que los Veintisiete se pronuncien, los aranceles entrarán definitivamente en vigor durante un máximo de cinco años, a no ser que se opongan 15 países que representen al menos al 65% de la población de la UE.

Bruselas aplica desde principios de julio pasado tarifas de hasta el 38,1% al automóvil de batería eléctrica importado desde China, una medida de defensa comercial que es provisional, pero que puede convertirse en definitiva si no se forma una mayoría suficiente en contra de países de la Unión Europea que la bloqueen en una próxima votación.

El gravamen, que se suma al 10% que la UE ya aplica a las importaciones de vehículos, será permanente salvo que una mayoría cualificada de Estados miembro (15 países que sumen como mínimo al 65% de la población total de la UE) vote en contra en una reunión técnica que debía celebrarse la próxima semana pero que, fuentes europeas sitúan más adelante, en torno al 30 de septiembre.