El Gobierno tendrá que devolver 30 millones a EDP del bono social cuatro años después de vender sus eléctricas

Los años de litigios emprendidos por las grandes eléctricas españolas contra la regulación del bono social de la luz se están traduciendo en devoluciones millonarias a las compañías. El Tribunal Supremo tumbó en 2022 (por tercera vez) el sistema de financiación del bono social eléctrico, el descuento en el recibo de luz que se aplica a los hogares vulnerables, y las compañías abrieron la batalla en los tribunales para conseguir que se les devolviera los pagos millonarios que habían realizado para financiar el programa social entre 2016 y 2021.

Iberdrola, Endesa y Naturgy lo están consiguiendo y han ido acumulando sentencias en el Tribunal Supremo para concretar los reembolsos, hasta el entorno de los 800 millones de euros para las tres grandes (con indemnizaciones de 740 millones, a los que deben sumarse los intereses de demora). Y ahora también EDP acumula victorias legales que les van a reportar más de 30 millones de euros, a pesar de que vendió sus comercializadoras de electricidad en España a la francesa Totalenergies hace cuatro años.

Los sucesivos gobiernos han tenido que ir retocando y reformulando la manera en que se financia el mecanismo de ayuda a hogares vulnerables cuando la justicia daba la razón a las empresas e iba anulando los diferentes sistemas aplicados. En las dos ocasiones anteriores en que el Tribunal Supremo ya tumbó la fórmula de financiación (que ha ido estableciendo diferentes repartos para que lo pagaran las compañías eléctricas) las eléctricas ya consiguieron devoluciones millonarias de los importes aportados.

El Alto Tribunal anuló hace dos años el modelo de financiación aprobado por el último Gobierno de Mariano Rajoy, tras una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de la UE, y ordenó al Ejecutivo actual que compensara a las grandes eléctricas por el coste asumido para aplicar descuentos en las facturas de más de un millón de hogares beneficiarios del bono social durante más de un lustro. Esas devoluciones fueron retrasándose y el propio Tribunal Supremo ha ido atendiendo los requerimientos de las grandes eléctricas de que se ejecutaran las resoluciones administraciones y las sentencias, y forzando al Estado a realizar pagos millonarios.

El Supremo ordena pagar ya a EDP

EDP ya ha recibido de manera efectiva una indemnización por 6,4 millones de euros (que supera los 7 millones de euros con los intereses de demora) por los importes del bono social asumidos por su comercializadora de tarifa regulada de luz entre 2016 y 2021. Pero aún está a la espera, y con retraso, de percibir la compensación para su comercializadora del mercado libre.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia para obligar al Gobierno a cumplir otras sentencias previas sobre el derecho de cobro también de su comercializadora del mercado libre de luz, una vez que han demostrado que no repercutió a los clientes de la empresa los cargos por el bono social. El Alto Tribunal ha reconocido en una sentencia de incidente de ejecución por este concepto a la filial con tarifas libres de EDP una devolución de 19,6 millones de euros (a los que habrá que sumar los intereses de demora que previsiblemente se situarán entre los 4 y 5 millones adicionales).

En total, entre la devolución de los costes reales y los intereses atrasados la compensación que percibirá EDP superará con creces los 30 millones de euros. Una parte minoritaria de los importes EDP los compartirá con Totalenergies, en virtud del contrato privado suscrito cuando cerró la adquisición de sus comercializadoras en el mercado español al grupo francés.

¿Quién paga el bono social?

El bono social eléctrico permite aplicar rebajas en las facturas de luz de entre el 25% y el 40% en función del grado de vulnerabilidad de los clientes. No obstante, actualmente, como parte de las medidas anticrisis los descuentos se han elevado de manera temporal hasta el 65% y el 80% del recibo eléctrico. Esta ampliación extraordinaria sigue vigente, pero el Ejecutivo aplicará a partir del próximo año una reducción progresiva de estas rebajas adicionales para volver paulatinamente a las rebajas normales.

Inicialmente el coste de este mecanismo lo asumían sólo las grandes eléctricas forzadas a comercializar la tarifa regulada de luz: Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo (estas dos últimas han sido sustituidas por Totalenergies y Repsol con los años y tras diferentes operaciones corporativas). Las sucesivas reformas del sistema de financiación tras los revolcones judiciales han ido ampliando la lista de compañías que tenían que asumir el coste de los descuentos para hogares vulnerables.

El actual Gobierno, atendiendo los requerimientos de la UE y tras la última anulación del Supremo, aprobó hace dos años una reforma que carga el coste del mecanismo a todas las compañías del sector eléctrico sin excepción (comercializadoras, distribuidoras, generadoras...). El grueso de la financiación sigue recayendo en los grandes grupos energéticos, ya que el peso se reparte en función de la cuota de mercado de cada empresa. La grandes eléctricas insisten desde hace años (ahora lo hacen también muchas de las compañías medianas y pequeñas) en reclamar que sea el Gobierno, a través de los presupuestos generales del Estado, el que asuma el coste por tratarse de una política social y que no se cargue a las compañías.