Transición ecológica

El Gobierno envía tres meses tarde su plan de energía y clima a Bruselas y mantiene la meta del 81% de electricidad renovable en 2030

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, será la encargada de evaluar su propia hoja de ruta en su futuro puesto como vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. / Diego Radamés - Europa Press

Sara Ledo

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes y remitir a la Comisión Europea la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en la que mantiene su objetivo de producir el 81% de la electricidad a través de energías renovables en 2030 y eleva a 308.000 millones de euros las inversiones necesarias, según se desprende de la declaración ambiental de dicho plan, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno culmina, así, su compromiso con Bruselas, aunque lo hace tres meses después de que acabase el plazo, el pasado 30 de junio. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es el documento que sienta las bases de la política energética y climática de cada país en el horizonte 2030 con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. El plan original de cada país se aprobó en 2020, fue actualizado el año pasado y a mediados de este año los distintos gobiernos debían enviar la versión definitiva del reajuste.

España completará este martes su compromiso y se sumará a la lista de al menos once países que ya lo han remitido --Alemania, Austria, Luxemburgo, Irlanda, Letonia, Francia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Italia y Países Bajos--, a falta de que lo haga el resto, según se desprende de los registros de la página web del Ejecutivo comunitario.

En este caso, además, se da la paradoja de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, encargada del diseño de la hoja de ruta española, deberá revisar sus propias políticas, una vez tome posesión de su puesto como vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, tal y como anunció hace una semana la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen. Y deberá hacerlo con 'gafas' nuevas, al tener que seguir la filosofía del informe de Mario Draghi, que aboga por perseguir los objetivos de descarbonización pero sin descuidar la política industrial europea.

Objetivos

A falta de conocer el detalle, que se desvelará este martes y suele rondar las 600 páginas, las grandes cifras coinciden con las anunciadas hace un año, según la citada declaración ambiental de dicha actualización. Varían, como entonces, frente a las del plan original. Así, además de mantenerse el 81% de la generación eléctrica a través de renovables, frente al 74% previsto en la redacción de 2020, España prevé aumentar del 23% al 32% su objetivo de reducción de emisiones respecto a 1990; del 42% al 48% la penetración de renovables en el uso final de la energía; del 41,7% al 43% (en el borrador del año pasado era un 44%) la mejora de la eficiencia energética y del 74% al 81% el porcentaje de renovables en la generación eléctrica.

El nuevo documento afirma, como también hacía el borrador anterior, que el país tendrá una potencia total instalada en el sector eléctrico de 214 gigavatios (GW) dentro de seis años, de los que 160 GW corresponden a generación renovable y 22,5 GW a almacenamiento. Y, de nuevo, las cifras son las mismas que en el borrador de hace un año. En concreto, prevé 62 GW de potencia eólica (frente a los 50 GW previsto en el plan de 2020) y 76 GW de potencia solar fotovoltaica (39 GW en 2020) y 4,8 GW de termosolar (7 GW en 2020); 14,5 GW de hidráulica (16 GW en 2020), 12 GW de hidrógeno renovable (4 GW en 2020) y 20 TWh de biogás (10,40 TWh de 2020).

Se mantienen, además, los 26,6 GW de ciclos combinados de gas y 3 GW de energía nuclear, a partir de las centrales existentes. Tampoco varía el objetivo de tener 5,5 millones de vehículos eléctricos en las carreteras y 1,37 millones de viviendas rehabilitadas y se incluye también la construcción del hidroducto H2Med, con la conexión submarina entre Barcelona y Marsella.

Impacto macroeconómico

¿Y cuánto cuesta todo esto? Según el Gobierno, se prevé una inversión de 308.000 millones de euros para alcanzar los objetivos propuestos, frente a los 294.000 millones planteados en el borrador de hace un año y a los 241.000 millones previstos en la versión de 2020. Una parte será financiación pública, sobre todo a partir de los fondos europeos todavía vigentes, y otra parte, privada, de acuerdo a las actualizaciones previas.

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Además, se prevé un aumento del PIB del 3,2% en 2030 con respecto al escenario tendencial, una creación de empleo de 560.000 personas al año en esa fecha, de los cuales 77.000 son de carácter industrial, y una menor dependencia energética de los combustibles fósiles importados, que se traducirá en un ahorro acumulado de 86.750 millones de euros hasta 2030 para el conjunto de la economía española. Más allá de la bajada de la factura energética que afectará, principalmente, a los hogares de menor renta, siempre según recoge el Ejecutivo en la declaración ambiental.

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