El sector turístico alerta del “caos” que provocará el nuevo registro de viajeros y pide una moratoria

El 1 de octubre entra en vigor una nueva norma que obliga a los establecimientos hoteleros, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recabar y comunicar al Ministerio del Interior una serie de información sobre los viajeros que va más allá de lo que aparece en los documentos oficiales necesarios hasta ahora (DNI y pasaporte), como la forma de pago, el número de la tarjeta de crédito, el teléfono móvil y fijo o el domicilio. A falta de una semana para su aplicación, el sector turístico anticipa un posible “caos” y pide, al menos, una moratoria para frenar su implantación.

“Nos exigen preguntar cosas tan ridículas como el grado de parentesco que tienen las personas (en el caso de que alguno sea menor de edad) que se van a alojar en una habitación. A nadie le interesa o no debería interesarle esto porque atenta contra la intimidad de las personas”, afirma en un vídeo el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal. El dirigente de la patronal, que representa a más de 16.000 establecimientos con un total de 1,8 millones de plazas, amenaza con "recurrir" una norma realizada "sin consenso" y que no tiene precedente en ningún otro país de la Unión Europea.

El real decreto 933/2021 afecta a actividades de hospedaje, que van desde los campings o zonas de estacionamiento de autocaravanas hasta hoteles, pero también a las agencias de alquiler de coches y a intermediarios, como las agencias de viajes y a las plataformas digitales. Y con él todos ellos se convierten en una suerte de policía turística encargada de recabar una serie de información de los viajeros que tiene como finalidad última remitir al Ministerio del Interior.

Pero todos se quejan de la enorme cantidad de datos requeridos (suman bastantes más de una docena) y la necesidad de registrarlos y enviarlos de forma manual, al no tratarse de datos oficiales, lo que implica una "carga administrativa desproporcionada" que, incluso, puede conllevar errores. Además, los datos deben incorporarse a una plataforma que no está plenamente operativa, según afirma el sector. “No vamos a poder cumplir la norma porque la propia infraestructura no lo permite”, afirma Marichal.

No cumplirla conlleva sanciones de entre 100 y 30.000 euros, en función de la gravedad. En caso de que los operadores no realicen un registro de los viajeros u omitan su información al Ministerio se considerará una falta grave, penalizada con multas de entre 601 y 30.000 euros, mientras en caso de fallos o falta de información se considerará infracción leve y la sanción se sitúa entre 100 y 600 euros.

Crece la presión sobre el Gobierno

La norma no es nueva. Fue aprobada el 26 de octubre de 2021, pero se prorrogó en varias ocasiones ante las demandas del sector y por las dificultades para remitir la información a través de la plataforma creada por el Ministerio del Interior. Primero se extendió su implantación hasta el 2 de noviembre del 2023 y, posteriormente, hasta el 1 en octubre del 2024. A pocos días de que llegue esa última fecha crece la presión sobre el Gobierno para forzar un nuevo retraso.

Es el caso del Consejo de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), junto con las organizaciones empresariales, sectoriales y multisectoriales que lo integran, que firmaron el pasado jueves una nota ejecutiva para pedir al Ejecutivo "suspender" su entrada en vigor hasta que se disponga de una "plataforma tecnológica adecuada que permita cumplir eficaz y seguramente con las nuevas obligaciones", revisar su redacción para "alinearlo con las normativas europeas" y adaptarla a la "realidad operativa del sector turístico" y eximir de esta obligación a "intermediarios como agencias de viajes y plataformas" porque "no siempre disponen de todos los datos solicitados, ni tienen acceso a ellos".

Por su parte, las agencias de viajes, a través de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), han enviado una carta al Ministerio de Interior, al Ministerio de Turismo y a las secretarías de Estado, así como a otros organismos con implicación para que sean excluidas de esta obligación porque, además de no disponer de muchos de los datos solicitados, y porque al tener que hacer lo propio desde los alojamientos y las empresas de alquiler de vehículos se produciría una "duplicación".

También las patronales turísticas europeas, entre las que se encuentran la Asociación Europea de Agentes de Viajes y Turoperadores (ECTAA), la Asociación de Turismo Europea (ETOA), la Federación Europea de Turismo Rural (RURALTOUR) y la asociación europea que representa a hoteles, restaurantes, bares y cafés y establecimientos similares en la Unión Europea (HOTREC), han remitido una carta a diversas autoridades españolas para trasladar su “preocupación, desconcierto y oposición” al citado real decreto.