SECTOR INMOBILIARIO

El Gobierno promete a los madrileños casas a la venta por 200.000 euros y en alquiler por 540 euros en la Operación Campamento

Las obras del nuevo barrio podrán arrancar antes de 2026 si se cumplen los plazos previstos

Infografía de la Operación Campamento / SEpes

El Gobierno sitúa ya como una realidad la Operación Campamento, el nuevo barrio que se desarrollará en el suroeste de la ciudad de Madrid en la que se levantarán 10.700 nuevas viviendas en los próximos años. Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en un encuentro con medios de comunicación, han confirmado que los ciudadanos de la capital podrán disponer de una casa de 70 metros cuadrados en compra por menos de 200.000 euros o en alquiler por 540 euros al mes.

Estas afirmaciones se realizan horas antes de que el pleno del Ayuntamiento de Madrid admita a trámite la iniciativa urbanística presentada el pasado 30 de julio por Sepes, que supondrá el desbloqueo definitivo a la operación, en barbecho desde hace más de 20 años. Con el visto bueno del Consistorio, la entidad estatal de suelo avanzará en los diferentes trámites con el objetivo de iniciar las obras de urbanización, que permitirá comenzar la construcción de los primeros edificios, entre diciembre de 2025 y enero de 2026. De cumplirse los plazos previstos, los primeros propietarios e inquilinos podrían empezar a residir en el nuevo barrio antes de 2029.

El 100% de las viviendas serán "asequibles"

El objetivo de Sepes, empresa pública dependiente del Ministerio de Vivienda, es que el 100% de las viviendas sean "asequibles". "Cuando se comercialice una parcela, no tenemos ninguna una intención de especular con el suelo". Así de tajante se mostraban las mismas fuentes de la cartera liderada por Isabel Rodríguez después de que Más Madrid acusase al Ejecutivo de que "solo un 7% de la vivienda propuesta será realmente pública (de alquiler regulado)".

Plano de la futura Operación Campamento / Sepes

Además, desde la empresa pública aseguran que todas las plusvalías que se obtengan de la venta de parcelas, algunas de usos diferentes al residencial (comercial, terciario o dotacional), deberán destinarse a nuevas inversiones para garantizar al acceso a una vivienda. "Será un mecanismo de retroalimentación para obtener recursos para poder financiarse no solamente a través de las aportaciones del Estado", añaden las mismas fuentes.

El Constitucional pone en jaque la protección de las viviendas

Fuentes ministeriales reconoce que, en este momento, no disponen de las herramientas jurídicas para que las viviendas con algún tipo de protección pública, el 60% del total, lo continúen siendo a perpetuidad, aunque quieren acordar con el Ayuntamiento que así sea.

El Tribunal Constitucional, tras el recurso presentado por la Junta de Andalucía a la ley de vivienda, invalidó el artículo 16, que garantizaba la "protección pública permanente" e impedía su descalificación. En el caso de la Comunidad de Madrid este plazo es de quince años. Si finalmente en Campamento se promoviesen viviendas de protección pública con la legislación actual, estas podrían pasar al mercado libre en década y media, con abultadas plusvalías en favor de sus propietarios, bien particulares o inversores institucionales.

La nueva vivienda protegida que se construirá en Campamento tendrá fijado el precio máximo en 2.450 euros por metro cuadrado, en el caso de la venta, y 9 euros, en el alquiler. Sin embargo, la regulación contempla subidas anuales ligadas a la inflación, motivo por el que el precio actual podría no ser el de dentro de dos años, cuando se comiencen a vender las primeras casas.

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Nuevo barrio de 211 hectáreas

La Operación Campamento contempla la urbanización de 211 hectáreas de suelo. Únicamente el 25% de la superficie se transformará en viviendas, el 60% con algún tipo de protección pública, mientras que el 34% serán calles, el 17% zonas verdes, el 15% equipamientos y el 7% parcelas para el Ministerio de Defensa. Además, en los planes de Sepes está la creación de un segundo barrio colindante al proyectado, pero cuya tramitación urbanística puede demorarse más de una década, ya que los suelos están calificados como urbanizables no sectorizados, a pesar de que su extensión es tres veces superior al que será una realidad en 2026.

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