La inclusión de Alvise en la macroestafa de criptomonedas provoca una guerra de bufetes

Zaballos y Aránguez. Dos despachos de abogados con los apellidos de sus socios fundadores protagonizan una batalla por captar afectados por el chiringuito financiero Madeira Invest Club (MIC), que salpica al eurodiputado Alvise Pérez, y por marcar el ritmo en el proceso judicial.

A día de hoy dos denuncias, una por cada bufete, aguardan en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional contra Álvaro Romillo, fundador de Madeira Invest Club, y más conocido en redes sociales como CryptoSpain. Su titular, José Luis Calama, ha abierto diligencias y ha pedido un informe a la Fiscalía antes de decidir si las admite a trámite. En total, se calcula que hay más de 3.000 afectados y más de 600 millones de euros en supuestas pérdidas. 

El procedimiento habitual invitaría a pensar que se acumularían cuando estuviera listo el informe de la Fiscalía y la Audiencia Nacional, pero la irrupción de Alvise Pérez en el caso puede cambiar los acontecimientos. Ayer se conoció que el fundador de Se Acabó la Fiesta había sido denunciado por el propio CryptoSpain, que presuntamente le habría prestado 100.000 euros al propio Alvise el pasado mayo, días antes de las elecciones europeas. Esto provocó la reacción de la Fiscalía del Supremo, que investiga al eurodiputado y líder del partido Se Acabó La Fiesta por si hubiera cometido un delito de financiación ilegal.

En este sentido, Aránguez Abogados quien señala haber presentado la primera demanda de afectados por la presunta estafa piramidal de MIC en la Audiencia Nacional (el pasado viernes) ayer amplió su demanda imputando también al eurodiputado. Esto inhibiría del caso a la Audiencia pasando a ser competencia Supremo por el aforamiento de Alvise. Desde Aránguez sacan pecho recordando haber conseguido el “primer y único” procedimiento y haber obtenido unas diligencias previas y reparto “antes que nadie”. “Esto se empezó a montar el jueves y el viernes presentamos la primera denuncia, no queremos dar mucha publicidad por el moment, pero todas las denuncias posteriores se unirán al mismo procedimiento”.

Por su parte, Zaballos Abogados, quien presentó su primera demanda el martes, señala que debe mantenerse en este organismo al tratarse procedimientos diferentes. “No podemos admitir la estrategia de la defensa de inhibir el caso de la estafa al Supremo, ya que no se ha investigado todavía con toda certeza a Alvise. Y entrar ahora en un partido de ping-pong entre el Supremo y la Audiencia va a perjudicar a los afectados”, señalan desde un bufete que reclama, por el momento, más de 15 millones de euros solo en representación de sus primeros clientes. 

En este sentido, el bufete presidido por Emilia Zaballos acaba de lanzar un comunicado en el que señala que pretender que el Supremo asuma el caso como un todo “es condenar al fracaso a cualquier solución que se pretenda encontrar para todas las víctimas”.

Zaballos Abogados reafirma que este punto es crucial. “El manejo adecuado de los casos financieros de gran envergadura requiere una atención precisa a los detalles, lejos de las interferencias políticas que solo buscan rédito mediático”. La estrategia de fusionar el escándalo de Madeira Invest Club con la causa de Alvise Pérez, en su opinión, “no solo distorsionaría la naturaleza de la financiación ilegal de partidos, sino que distraería la atención de las verdaderas responsabilidades y consecuencias económicas”.

Emilia Zaballos, admite estaré “personalmente en contacto”, desde hace varios días, con los abogados de Álvaro Romillo e informa de que “hay una voluntad de colaborar con la justicia para buscar soluciones a los damnificados”. En este sentido, la abogada señala que la personación en la causa de los abogados de Rodillo “muestra un interés por preservar los activos y evitar que los afectados queden en el vacío”.

“En el acuerdo se comprometen a solicitar al Magistrado que la designación de un administrador judicial de todas las empresas para evitar que se hundan los negocios y preservar los puestos de trabajo de 200 trabajadores”. En este sentido, Zaballos afirma que no todos los negocios de Romillo son deficitarios o están abocados al cierre. “Una buena gestión permitiría el resarcimiento de nuestros clientes”.

En este sentido señalan que hay restaurantes de moda en Madrid, propiedad de los denunciados, “que están funcionando muy bien y sería generar un daño colateral innecesario en perjuicio de las víctimas”. Según publicó El Confidencial la semana pasada, estos negocios corresponderían a los vinculados al grupo Negro Carbón.

En estos momentos, apuntan desde Zaballos Abogados, “es aconsejable actuar con cautela y lo solicitamos así a todos los profesionales personados en la causa; es imprescindible la agilidad del juzgado instructor para asegurar el patrimonio existente. Se pueden recuperar muchas inversiones, pero eso será imposible si todo se politiza alrededor de Alvise Pérez y su partido”.

Quien es quien

Zaballos Abogado es un despacho penalista fundado en 1998 por Emilia Zaballos. Su presidenta, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid es quien firma la demanda de afectados por MIC junto al socio director de la firma, Francisco Manuel Jiménez. Este despacho ya fundó la plataforma Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC), que canalizan miles de denuncias ante la Audiencia Nacional y cifra en unos 5.000 los afectados por diferentes querellas sin contar con la relacinada con Madeira Invest. En este sentido, Zaballos ha participado en la defensa de afectados por otros casos como los de Javier Biosca, Mind Capital, N2Group/Poolme-Nexfolio, Arbistar, GN10, Attiora y 2gether. El bufete también fue socio fundador de la Asociación de afectados por inversiones en CBD donde unos 40.000 españoles fueron supuestamente estafados al prometerles rentabilidades entre el 36% y el 56% por cosechas de unos 100 días.

Por su parte, Aránguez Abogados es un despacho con sede en Madrid fundado por Carlos Aránguez, doctor en Derecho quien trabajó como fiscal en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía durante catorce años. Aránguez, quien lidera la demanda interpuesta contra el club financiero MIC, cuenta con dilatada experiencia en la Audiencia Nacional en casos de macroestafas de criptomonedas. Así, representa a en torno a 3.800 afectados por la trama Arbistar, también instruida por el juez Calama. Se trata de otra operativa de estafa piramidal con usuarios españoles de afectados en la que los responsables, sobre los que recaen grandes penas de prisión, fueron capaces de generar un agujero de cerca de 2.000 millones de euros en todo el mundo, según la Fiscalía. Además, llevó la defensa de Juana Rivas en el caso por el que fue acusada por el Supremo de un delito de sustracción de menores que le fue concedido un indulto parcial por el Gobierno rebajando la condena a una pena de prisión de un año y tres meses que un año más tarde fue suspendida por la Audiencia de Granada.