Así funcionaba el chiringuito de criptomonedas vinculado al eurodiputado Alvise Pérez

Como Fórum Filatélico o Afinsa, el chiringuito de criptomonedas promocionado por el eurodiputado Alvise Pérez, Madeira Invest Club (MIC), usó el esquema Ponzi para atraer a nuevos inversores entre 2021 y el pasado miércoles, cuando bloqueó sus páginas web y dejó de responder a los afectados. El esquema de la supuesta estafa consistía en recaudar fondos que se utilizaban para pagar falsas rentabilidades a los primeros ahorradores que confiaron en MIC, atrayendo a más víctimas con promesas de grandes beneficios en inversiones inexistentes. 

Los inversores interesados en unirse al chiringuito financiero, tal y como lo calificó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en mayo de 2023, debían pagar una cuota mínima anual de 2.000 euros, aunque las inversiones medias alcanzan los 100.000 euros. Las transacciones podían efectuarse de diferentes maneras, incluyendo transferencias bancarias, criptomonedas, e incluso pagos en efectivo, que eran guardados en las cajas fuertes de la empresa Sentinel BQ en Madrid.

Madeira Invest Club (MIC) ofrecía la posibilidad de invertir en criptomonedas, obras de arte digital, oro, colecciones de botellas de whisky, relojes, restaurantes de Madrid, activos inmobiliarios, minas o concesionarios de lujo. A los inversores se les prometían rentabilidades del 30% al 53%.

Detrás de Madeira Invest Club (MIC) se encuentra el empresario Álvaro Romillo Castillo, alias Cryptospain, y su padre Domingo Romillo Iriarte. En la investigación aparecen otros nombres como Borja Lara, administrador único en numerosas mercantiles vinculadas al supuesto fraude y Alejandro Pérez Frías, supuesto administrador del concesionario de lujo vinculado a la trama, PKW Drive Club, donde se vendían coches de alta gama como Porsche, Ferrari o Bentley. La organización estaba formada por 23 personas jurídicas y 6 físicas.

Los fondos obtenidos en la supuesta estafa piramidal estaban gestionados directamente por Álvaro Romillo y su padre a través de cuentas bancarias en Portugal y utilizaban estructuras corporativas de Nuevo México (EEUU) para evadir regulaciones.

Vínculos con Alvise Pérez

Alvise Pérez, el eurodiputado y líder del partido ultra Se Acabó la Fiesta, promocionó MIC durante un acto celebrado en Madrid el 6 de abril en el Hipódromo de la Zarzuela, en plena precampaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo, donde presentó la plataforma como una alternativa al sistema financiero "mafioso". En ese mismo evento, Pérez afirmó que "aquí estáis haciendo cierto tipo de política, que es la contra política a un estado mafioso, perdonadme que lo diga, criminal, que os roba más del 70-75% de lo que producís todos vosotros". "Yo lo llamo esclavismo moderno", afirmó el político andaluz, que apeló a "la libertad de la que tanto temen esos corruptos". 

La vinculación entre Pérez y Madeira Invest ha sido uno de los factores que aceleraron el colapso de la plataforma, pues las investigaciones actuales buscan aclarar si parte de los fondos recaudados fueron destinados a la financiación del partido de Alvise Pérez.

En el escrito remitido por Álvaro Romillo a la Fiscalía, donde el empresario denuncia al eurodiputado, señala que "con el dinero recaudado a través de los eventos y las obras digitales publicitadas existe una estructura societaria que gestiona varios negocios de restauración, autocine, festivales de música, tiendas y propiedades, lo cual me ha permitido cumplir hasta el momento con todos los contratos firmados". Romillo reconoce que "la situación se ha hecho insostenible, no puedo cumplir frente a los miembros del MIC, por lo que mediante el presente me pongo a disposición de las autoridades a fin de colaborar para el caso de que estos hechos fueran constitutivos de delito".

A día de hoy existen dos denuncias, de los bufetes Aránguez Abogados y Zaballos Abogados, en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional contra Romillo. El magistrado, José Luis Calama, ha abierto diligencias y ha pedido un informe a la Fiscalía antes de decidir si las admite a trámite. En total, se calcula que hay más de 3.000 afectados y más de 600 millones de euros en supuestas pérdidas.