Los impuestos a banca y energéticas recaudan 2.859 millones en 2024, cifra similar al año anterior

Los impuestos a la banca y a las empresas energéticas han alcanzado una recaudación de 2.854 millones de euros en 2024, muy cerca de los 2.908 millones del año anterior, según los datos aportados este viernes por el Ministerio de Hacienda. Por sectores, el gravamen de las entidades de crédito supuso una recaudación de 1.695 millones mientras que el impuesto a las energéticas se situó en los 1.164 millones. El dato está "en línea" con las previsiones del Gobierno, cercanas a los 3.000 millones de euros, resaltó el departamento de María Jesús Montero. Estos gravámenes tienen un primer pago anticipado en febrero y un segundo de liquidación en septiembre. En ambos casos, el desembolso conocido del ejercicio actual se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.

Hacienda ha destacado que estas figuras se enmarcan en una política fiscal del Ejecutivo "justa y progresista" que pide un mayor esfuerzo a quienes tienen más, en línea con otras propuestas como el impuesto a las grandes multinacionales a través de un tipo mínimo del 15% o el relativo a los grandes patrimonios mediante el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Así, y teniendo en cuenta las "cifras récord de beneficios" de ambos sectores, es coherente una mayor contribución fiscal por su parte que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social del país, en palabras del ministerio. En el comunicado también ha subrayado que la política fiscal llevada a cabo por el Gobierno ha permitido aliviar la carga impositiva de las rentas medias y bajas a través "de la mayor rebaja de la historia" en gravámenes vinculados a la energía o del IVA para los alimentos básicos, incluido el aceite, que ha supuesto un ahorro de 25.000 millones de euros para las familias. Al mismo tiempo, han destacado la rebaja del IRPF a las rentas hasta 21.000 euros, con un ahorro de 5.000 millones en las retenciones de esta figura, y la reducción del impuesto de sociedades del 25% al 23% para las pymes con una facturación hasta un millón de euros.

Los gravámenes de la banca y de las energéticas se aprobaron a finales de 2022 como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria con el objetivo de hacer efectivo el denominado principio del 'reparto del esfuerzo', según detalla el departamento liderado por Montero. Respecto a la banca, se ven afectadas entidades y establecimientos financieros de crédito cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. En este caso, la base imponible es la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones, y el porcentaje aplicable es del 4,8%.

Para las energéticas, el impuesto afecta a los 'operadores principales' y a personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y generen al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en estos ámbitos. No obstante, están exentos del pago aquellos operadores principales cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivados de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible del impuesto a las energéticas es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.

Ambos gravámenes se aprobaron en un principio para el ejercicio fiscal correspondiente al 2023 y se prorrogaron para el ejercicio actual con algunos cambios para el caso de las empresas energéticas, pero su final podría atrasarse aún más tiempo. El Gobierno abrió la puerta a hacerlos permanentes, pero admitió que podría introducir una serie de modificaciones para adaptarlos a la actual coyuntura económica, puesto que los bancos centrales han comenzado a recortar los tipos de interés y los precios energéticos se han reducido respecto al pico vivido poco después del comienzo de la invasión de Ucrania.