José Donoso, director de la patronal UNEF: "La electricidad sigue siendo cara, pero la percepción social es que es barata porque ya no es noticia"

El Gobierno acaba de aprobar el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la actualización de la hoja de ruta para descarbonizar la economía e impulsar las energías limpias durante esta década. Un megaplán verde que eleva los objetivos actuales de despliegue de renovables (hasta el 81% de toda la generación eléctrica en 2030) y que tiene en la expansión de las plantas de energía solar fotovoltaica como uno de sus puntales.

La meta marcada por el Ejecutivo pasa por llegar al final de la década con 76.000 megavatios (MW) de energía fotovoltaica, de los que 19.000 MW serán de autoconsumo. Frente a los 28.500 MW de plantas solares actuales y los en torno a 7.000 MW de autoproducción ya en marcha en viviendas y empresas. Los objetivos son “ambiciosos, pero necesarios”, sostiene el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, y anticipa que ve “muy factible” alcanzar las metas en el caso de las plantas solares de suelo y “más complejo” lograrlo en autoconsumo si no se toman medidas fiscales para incentivarlo más y para levantar algunas barreras legales. “Los objetivos son alcanzables siempre que se tomen medidas para facilitarlos”.

El despliegue de autoconsumo no ha dejado de frenar desde los máximos históricos registrados en 2022, cuando el despliegue se desbocó en plena crisis energética por los altos precios de la electricidad y por el reparto de ayudas públicas (se instalaron 2.500 MW nuevos, tanto como en todos los años anteriores). Desde entonces no ha dejado de desinflarse, con 1.700 MW en 2023, un 32% menos, y “este año seguro que será menos”, anticipa el máximo responsable de la patronal fotovoltaica.

Un parón del despliegue abonado por el fin de las ayudas de fondos europeos que repartía el Gobierno y por la estabilización relativa de los precios del mercado eléctrico. “Lo curioso de la situación es que la electricidad sigue siendo cara, con precios de entre 70 y 80 euros el megavatio hora (MWh) que hace unos años habrían sido titular de primera página. Pero la percepción social es que ahora la electricidad es barata porque los precios ya no son noticia” tras los picos récord de la crisis energética. “Es noticia que haya precios cero o negativos en el mercado eléctrico. Hay un problema de percepción social, porque parece que ahora la energía es barata y no lo es. El ciudadano está mareado y ya no sabe cómo están los precios”, subraya Donoso. “Y eso es una barrera para el despliegue del autoconsumo”.

Una “reforma potente” del autoconsumo

Para vencer esas barreras, desde el sector se pide una revisión de la regulación para facilitar la reactivación del sector. “O el Gobierno lanza una reforma legal potente o el autoconsumo sólo va a seguir cayendo”, advierte . Desde UNEF se reclaman cambios regulatorios de calado para reactivar el autoconsumo, combinando tanto rebajas de impuestos como reformas administrativas. La asociación incentivos impositivos para reactivar el despliegue de plantas de autoconsumo, como grandes desgravaciones fiscales a inversores particulares y también en el impuesto de sociedades a las empresas que opten por utilizar autoproducción energética, o exenciones del pago del IVA hasta un tipo del 0% en todos los equipos necesarios para las plantas. “Ha habido muchos problemas por la carga administrativa de gestionar subvenciones a medio millón de proyectos de autoconsumo. Es más fácil con desgravaciones fiscales”, subraya Donoso.

Desde UNEF también se reclama levantar otras barreras regulatorias para impulsar el autoconsumo, como “remunerar adecuadamente los excedentes” de energía que se vierten a la red mediante una “facturación más realista, con precios dinámicos, y no con estándares”; elevar de 2 a 5 kilómetros la distancia a la que debe situarse una planta para poder ser considerada de autoconsumo; aliviar los permisos administrativos a todas las instalaciones de menos de 500 kilovatios (kW); ampliar de 150 a al menos 450 kW las instalaciones con compensación administrativa simplificada; impulsar la figura del gestor del autoconsumo colectivo… “No son cosas revolucionarias, pero facilitarían mucho el día a día”, apunta.

Subastas contra la volatilidad de precios

Durante el último año el mercado eléctrico ha marcado cientos de horas a cero euros y también ha registrado por primera vez en la historia precios negativos, resultado del efecto del despliegue masivo de nuevas renovables (especialmente las fotovoltaicas) y por las propias normas de funcionamiento del mercado. El mercado eléctrico, también conocido como pool, fija lo precios mediante un sistema marginalista, que hace que la última y más cara tecnología necesaria para cubrir la demanda marque el precio de todas las demás cada una de las horas del día. Cuando la producción de las renovables (con unos costes marginales muy reducidos) y de otras tecnologías como la hidroeléctrica y la nuclear es suficiente para cubrir todo el consumo, el precio de la electricidad se hunde.

“Esta no es una forma eficaz de asignación de precios, ni por asomo. El mercado en unos momentos sobrerretribuye a los productores y en otros infrarretribuye, esperando que dé la causalidad que una compense a la otra”. La proliferación de los precios cero y negativos durante las horas solares está generando incertidumbre sobre la viabilidad de nuevos proyectos renovables, está desanimando a los inversores y está cerrando el grifo de la financiación de las plantas por las dudas sobre sus ingresos en un mercado tan volátil y sin certezas sobre su evolución futura.

Desde UNEF se reclama, “para introducir correcciones y paliar estos fallos del mercado”, que se incentive y facilite la firma de contratos a largo plazo de venta de electricidad a precio fijo (conocidos como PPA en el sector) y también que el Gobierno lance ya nuevas subastas con retribución garantizada para plantas verdes. “Más subastas, pero sobre todo subastas bien diseñadas” y conociendo con mucha antelación el calendario concreto de convocatorias.

El director general de la patronal fotovoltaica apuesta por incluir en las próximas pujas medidas antiespeculativas (exigiendo que sólo puedan presentarse proyectos que ya cuentan con la autorización para su construcción para evitar que sean proyectos fantasma); también cláusulas antimonopolio (que un sólo titular no pueda adjudicarse más de un 20 o 30% de la potencia verde que se subasta); ampliar la duración de los plazos en que se garantiza un precio fijo de venta de electricidad para igualarlo al periodo de amortización de las plantas (pasando desde los 12 años actuales hasta los 15 o 20 años); y también que se reserve una parte de la potencia subastada a proyectos hibridados con baterías.

En paralelo, UNEF aplaude los nuevos objetivos ampliados en el PNIEC para impulsar la electrificación de la economía, pero mide medidas legales concretas para conseguir llevar el uso de la electricidad a nuevos sectores económicos. Entre ellas, la asociación empresarial pide al Ejecutivo que reactive la tramitación parlamentaria de una de esas leyes que la crisis energética hizo que se quedaran en un cajón.

La norma que quedó congelada contemplaba la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) para que el recibo de luz deje de cargar con todo el coste de la retribución a las antiguas plantas de renovables reguladas y trasladarlo en parte también a las compañías petroleras y gasistas, lo que supondrá bajar el recibo de la luz pero también elevar el precio de carburantes y de la factura de gas natural, no sólo de los clientes particulares, sino sobre todo de los grandes consumidores de la industria española. “Es necesario retomar el FNSEE para mejorar la electrificación. Sería necesario para mejorar la ventaja competitiva de la electricidad respecto a los combustibles fósiles para que el traspaso fuera más rápido. Incrementar la competitividad relativa de una energía frente a otras hace que la gente vaya cambiando sus consumos”.

Combatir el rechazo social y el político

El despliegue de nuevas energías limpias para combatir el cambio climático cuenta con un apoyo social mayoritario en España, por encima de otros países del entorno. Pero esa simpatía generalizada se torna en suspicacia o abierto rechazo de parte de algunos vecinos que se topan con que la enorme expansión renovable se concreta en la construcción de parques fotovoltaicos o eólicos en sus pueblos o en sus campos. “La oposición es heterogénea, y se mueve por los intereses económicos de otros sectores (turismo, macrogranjas, inmobiliarias, cazadores…) y por los intereses de partidos de extrema derecha y de extrema izquierda”.

Según se denuncia desde UNEF, se utilizan “bulos constantes” contra la implantación de las renovables y cuando se alienta el rechazo social la regulación del sector por parte comunidades autónomas y ayuntamientos se vuelve más dura por razones electorales. “El nuestro es un sector regulado, que depende de la decisión de los políticos. Y las decisiones de los políticos dependen de la opinión pública. Cuando la opinión pública es positiva [en torno al despliegue de renovables], los políticos lo apoyan y regulan de manera positiva. Pero si los políticos piensan que la opinión pública es negativa la regulación se vuelven restrictivas. Lo estamos viendo ahora en determinadas comunidades autónomas”, resume Donoso, que cita los casos de Aragón, La Rioja, Asturias, País Vasco o Canarias, que han anunciado o han aplicado ya nuevos impuestos o regulaciones que endurecen las condiciones para el despliegue.

“Son medidas restrictivas que genera otra vez la imagen de España como país de riesgo y de inseguridad jurídica” para invertir. “Y si aquí hay riesgos o se pierde rentabilidad, la inversión se va a otros países. Habrá proyectos que finalmente no se harán. Con estas medidas España se come las ventajas competitivas que tiene las renovables frente a otros países”, zanja el directivo.

Ribera, de ministra a comisaria

Teresa Ribera prepara su salida del Gobierno español tras seis años en el que ha ejercido de puntal de la transición energética y alma ecologista del Ejecutivo. La aún vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, desembarcará en la nueva Comisión Europea y lo hará convirtiéndose en un auténtico peso pesado y asumiendo carteras cruciales en la estrategia de futuro de la Unión Europea. La presidenta Ursula von der Leyen la ha elegido para ser una de sus vicepresidentas ejecutivas y para ponerse al frente de departamento de Transición Limpia, Justa y Competitiva, asumiendo también la potentísima cartera de Competencia, una de las más relevantes en la acción política de la UE.

“La valoración no puede ser más positiva”, dice el director general de UNEF sobre la labor de la aún vicepresidenta en el Gobierno español. “Teresa Ribera ha transformado por completo el sector eléctrico para bien”, subraya Donoso mientras señala repetidamente gráficos en los que se refleja la expansión acelerada de las renovables y del autoconsumo, desde el parón de 2018 hasta el despliegue masivo en actualidad. “Ha dotado a España de una ventaja competitiva disparando el autoconsumo, impulsando la descarbonización, reduciendo las importaciones de combustibles fósiles. Se ha hecho mucho pero hay que seguir avanzando”. ¿Qué le pide ahora para su nueva tarea como ‘supercomisaria’ en Bruselas? “Que siga como ese mismo espíritu. No lo va a tener fácil”.