ENERGÍA
La primera gran subasta privada de renovables de España se atasca tras años de trabas legales
La gran industria española renunciará a activar al proceso de compra masiva de luz hasta que el Gobierno apruebe -en principio, el próximo año- las reformas necesarias para eliminar obstáculos operativos y fiscales. El sector se plantea no retomar el plan hasta 2026
Planta híbrida que combina eólica y fotovoltaica. / Iberdrola
El plan para celebrar en España la primera gran subasta privada de renovables se atasca a la espera de las reformas legales que la hagan viable. La gran industria española lleva trabajando más de tres años en una compra masiva de electricidad de origen renovable a precio fijo para poder blindarse frente a las subidas de la luz en el mercado y conseguir rebajar su factura energética, un coste clave en su actividad.
La Asociación Española de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), que agrupa a casi una treintena de grandes grupos industriales con presencia en España, intenta desde hace años celebrar una ‘megasubasta’ de renovables, la primera organizada por empresas privadas en el mercado español. Los organizadores han congelado el proceso hasta que el Gobierno despeje las trabas sobre algunos aspectos regulatorios y fiscales para poder celebrarla.
El Gobierno prepara una gran reforma para actualizar por completo la regulación de la contratación del suministro eléctrico y entre los cambios que se incluirá la futura norma se contemplan aspectos clave para hacer posible que la gran industria electrointensiva organice su puja. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica de momento sólo ha abierto un proceso de audiencia pública sobre el futuro real decreto y, en el mejor de los casos, la reforma legal no se aprobará hasta bien entrado 2025. Desde AEGE se asume que, una vez aprobado el real decreto, necesitaría al menos seis meses para organizar la subasta y poder celebrarla, así que la puja previsiblemente no se celebraría hasta 2026.
La gran reforma de los contratos de luz
El Ministerio para la Transición Ecológica, aún comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera antes de su marcha a la Comisión Europea, pretende que la nueva regulación contemple la posibilidad de que un consumidor pueda tener más de un contrato de suministro de forma simultánea, siempre que el cliente no esté acogido a la tarifa regulada del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y que ambas contratos no coincidan en un mismo periodo de liquidación (esto es, se da la posibilidad de cambiar cada hora y en un futuro cada 15 minutos).
Esta posibilidad de contratar con compañías distintas el suministro de electricidad en cada hora del día se permitirá a todos los consumidores, también particulares, pero está concebida fundamentalmente para grandes clientes empresariales, según apuntan desde el Ministerio. Y es que la nueva normativa da la posibilidad de contratar con varias comercializadoras eléctricas y también contratar una comercializadora y a la vez acudir a comprar la electricidad directamente en el mercado mayorista, algo que sólo harán grandes consumidores empresariales.
Y que se permita la contratación de suministro de luz con varias compañías a la vez es imprescindible para poder convocar la subasta de la gran industria. Los planes de las grandes industrias pasan por convocar a productores de eólica y de fotovoltaica para que presenten sus ofertas de venta de electricidad a un precio fijo. Posteriormente, las compañías industriales y las eléctricas sellarían acuerdos bilaterales de compra de energía o PPA (power purchase agreement) con todas las compañías renovables adjudicatarias, así que en la práctica tendrían varios suministradores de luz a la vez para cubrir parte de su consumo eléctrico y también acudirían al mercado mayorista de electricidad para comprar otra parte de la energía que necesitan. Abrir la puerta a contratar con varias compañías eléctricas, también permite que la fiscalidad que pueda utilizar en la subasta sea la aplicable a la energía física y no a un producto financiero, que es menos favorable y que amenazaba directamente la rentabilidad de la compra de electricidad por esta vía.
“Poder contratar con varios suministradores es necesario para la subasta. Hasta ahora el Gobierno ni siquiera nos confirmaba si era ilegal la subasta tal y como la habíamos diseñado. Con la reforma legal que se prepara se despeja el camino regulatorio para poder retomar la subasta”, explica el director general de AEGE, Pedro González, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. “Cuando el Gobierno apruebe el real decreto volveremos a revisar con nuestros asociados para ver si la retomamos. En estos tres años los grupos industriales han ido firmando sus propios contratos de suministro, así veremos si sigue habiendo apetito para la subasta”.
Luz a precio fijo y a largo plazo
La asociación de los grupos electrointensivos -que integra a gigantes como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Sener, Ferroatlántica o Tubos Reunidos- ha estado trabajando durante más de tres años para poner en marcha su propio sistema de subastas de energía renovable al margen de las que organiza el Gobierno. El objetivo es (o era) asegurarse una parte sustancial del suministro eléctrico que requieren las factorías para su actividad y hacerlo a un precio estable durante un largo periodo entre 10 y 12 años.
Prevista inicialmente para el primer trimestre de 2022, y tras aspirar a celebrarla en diferentes momentos de 2023, los organizadores paralizaron la subasta por las dudas sobre el marcado regulatorio. La patronal electrointensiva convocará la compra masiva de luz en el mejor de los casos, a finales de 2025 o ya en 2026.
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