El Gobierno blinda la red eléctrica frente a proyectos ‘fantasma’ de las energéticas y las tecnológicas

Los permisos para conectarse a la red eléctrica en España se han convertido en los últimos años en un bien cotizadísimo en pleno boom de nuevas plantas de energías renovables y de grandes proyectos industriales. Tan codiciadas son estas autorizaciones que se han convertido en objeto de compraventa y en caldo de cultivo para la especulación por parte de algunos.

El Gobierno ha puesto en marcha una ampliación urgente de sus redes eléctricas con el objetivo de evitar la saturación en algunas zonas por la concentración de nuevas plantas renovables y por la proliferación de grandes proyectos industriales y tecnológicos, y prepara una planificación eléctrica integral totalmente nueva para los próximos años para atender las nuevas necesidades.

En los últimos años, el Ministerio para la Transición Ecológica ha ido adoptando medidas para intentar frenar la especulación de los permisos para enchufar a la red los nuevos proyectos renovables de producción de electricidad, exigiendo avales cada vez más cuantiosos y también reclamando el cumplimiento de hitos temporales para demostrar que el proyecto energético era real y no sólo papel mojado.

Ahora el Gobierno también mueve ficha para pinchar la burbuja generada por proyectos de grandes consumidores de luz (no por los productores) y evitar movimientos especulativos en torno a los permisos de acceso a de planes ‘fantasma’ de grupos industriales y tecnológicos que retienen las autorizaciones y bloquean el acceso de otros proyectos con más visos de ejecutarse.

Burbuja de proyectos

El Ejecutivo ha aprovechado el ‘decreto ómnibus’ de medidas económicas urgentes para incluir reformas legales para marcar nuevas exigencias a los adjudicatarios de permisos de conexión a las redes de transporte y de distribución de electricidad para instalaciones de consumo de luz, con el objetivo de hacer una criba de proyectos fake ligados al boom de plantas de hidrógeno verde, de almacenamiento de energía o a los planes de levantar nuevos centros de datos digitales y, con ello, poner coto al “acaparamiento especulativo” de accesos a la red.

“Se está observando un fuerte aumento de las peticiones de acceso a las redes para conectar nuevos consumos. (…) Al igual que ya sucedió con la generación en el periodo 2018 a 2020, se observa un crecimiento extraordinariamente rápido y que en algunos casos los proyectos comienzan a desarrollarse rápidamente, pero en otros no”, explica el Gobierno en el texto del real decreto aprobado la pasada semana por el Consejo de Ministros. “Este eventual acaparamiento de permisos de acceso a la red para grandes consumos, unido a que los permisos de acceso de consumo no tienen una caducidad claramente definida aconsejan tomar medidas que permitan evitar el acaparamiento especulativo de los mismos por proyectos que no tienen una clara visibilidad para su desarrollo”.

Exigencias para no perder el permiso

La nueva regulación impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, establece la obligación de los grandes proyectos de consumo de luz de presentar garantías económicas vinculadas a la solicitud de permiso de acceso a las redes de alta o de media tensión eléctricas (a razón de 40.000 euros por cada megavatio de potencia solicitada con carácter general o de 20.000 euros para los proyectos de almacenamiento).

Los proyectos perderán su permiso para enchufarse a la red y también los avales económicos presentados si transcurridos cinco años desde su obtención no demuestran haber avanzado en su desarrollo y cuentan con un contrato de acceso por una potencia contratada de al menos la mitad de la capacidad de acceso de la autorización de que disponen. También perderán el permiso si ese contrato no se mantiene al menos durante tres años.

En paralelo, el Gobierno también introduce una nueva regulación para que, en los casos en que exista competencia por el acceso a la red por parte de grandes consumidores de luz en un determinado nudo de la infraestructura, la adjudicación se realice mediante un concurso en el que se tendrá en cuenta la madurez de los proyectos, las inversiones asociadas y la contribución a la descarbonización del consumo energético, entre otros aspectos.