La CEOE alerta de una potencial fuga de inversiones si se hacen permanentes los impuestos a banca y energéticas

El Gobierno mantiene su plan de aprobar antes de acabar el año un real decreto ley que permita convertir en impuestos permanentes los actuales gravámenes temporales sobre banca y energéticas. Y las empresas insisten en su rechazo frontal contra una medida que si se materializa alertan de que podría provocar una fuga de inversiones hacia otros países.

Así lo ha reiterado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una conversación informal con periodistas durante la segunda jornada del XXVII Congreso del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), que se ha celebrado entre este lunes y martes en Santander. "No estamos de acuerdo con que se hagan permanentes los impuestos a las empresas energéticas y a la banca y ya lo dijimos cuando el Gobierno los puso diciendo que eran temporales. Hacerlos permanentes es otro cambio de opinión, uno más. Nos preocupa mucho que perjudiquen las inversiones en España", ha asegurado el líder de la patronal.

Los gravámenes sobre la banca y las energéticas se aprobaron a finales de 2022 como una 'prestación patrimonial de naturaleza no tributaria' de carácter extraordinario y temporal, para ser recaudada en 2023 y en 2024 a cuenta de los ingresos obtenidos en 2022 y en 2023 por las entidades financieras (vía intereses y comisiones) y por el sector energético. Pero en su acuerdo de coalición de Gobierno, PSOE y Sumar acordaron "readaptarlos" y mantenerlos una vez expire el periodo actual a finales de este año.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió la semana pasada mantenerlos "de forma permanente", pero adecuándolos "teniendo en cuenta la necesidad de seguir invirtiendo en un sector que va a ser fundamental y estratégico como las energéticas" y "el ciclo financiero, el ciclo de crédito, el ciclo de tipos" en el caso de los bancos, en declaraciones recogidas por Europa Press, en un encuentro organizado por El Norte de Castilla.

No obstante, las empresas rechazan de pleno la persistencia del citado impuesto, que en el conjunto de 2023 y 2024 han permitido a la Agencia Tributaria recaudar unos 5.760 millones de euros.

Una de las compañías más afectadas es Repsol, que anunció a finales del año pasado que congelaba unos 1.500 millones de euros en inversiones 'verdes' en sus refinerías de Bilbao, Tarragona y Cartagena hasta conocer qué ocurriría con el gravamen y en febrero, en la presentación de su plan estratégico para el periodo 2024-2027, elevó esa cifra hasta 3.000 millones de euros. Mientras, en Portugal ha decidido avanzar en la inversión de un electrolizador (máquina para producir hidrógeno) de 4 megavatios (MW) en su refinería de Sines.

Esta decisión de seguir adelante con sus planes en el país vecino, adelantada por El Mundo, ha provocado que CCOO Industria haya solicitado una reunión urgente con la compañía. En España, Repsol cuenta ya con una máquina de este tipo en Bilbao (2,5 MW), que precisamente puso en marcha a finales del año pasado; mientras que mantiene en compás de espera la puesta en marcha de otros proyectos, la mayoría de los cuales son mucho mayores, en Tarragona (150 MW), Cartagena (100 MW) y Bilbao (uno de 10 MW y otro de 100 MW). Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha amenazado en varias ocasiones con desviar las inversiones a otros países, algo que ha vuelto a reiterar estos días en diversas tribunas.

Marco regulatorio "sin lastres"

Sin hacer ninguna alusión directa al impuesto sobre la banca, el consejero delegado de Santander España, Ignacio Juliá, reclamó un marco regulatorio "sin lastres" para que las empresas "inviertan e innoven y creen empleo de calidad" durante su participación en el Congreso del IEF.

"Llevamos cuatro años consecutivos creciendo por encima de la media de la Unión Europea, pero tenemos que preguntarnos si estamos tomando las medidas adecuadas para que ese crecimiento sea sostenible. Necesitamos un marco regulatorio que piense más en crecer, en un entorno justo, que no haya lastres para las empresas para que inviertan, innoven y creen empleo de calidad”, ha afirmado Juliá.

El dirigente pidió eliminar las barreras al "exceso" de burocracia en la normativa "autonómica y judicial" y reclamó "un sistema judicial más ágil" para resolver conflictos y "una mejora del tratamiento fiscal" para las empresas con el objetivo de mejorar su inversión en I+D+i.