El Congreso pide al Gobierno suspender el decreto que regula un nuevo registro de viajeros

El Congreso de los Diputados ha acordado pedir al Gobierno prolongar la suspensión del nuevo registro de viajeros diseñado por el Ministerio del Interior que obliga a las empresas turísticas a recabar y comunicar una serie de información sobre los viajeros que va más allá de lo que aparece en los documentos oficiales necesarios hasta ahora (DNI y pasaporte), como la forma de pago, el número de la tarjeta de crédito, el teléfono móvil y fijo o el domicilio.

En concreto, la Cámara Baja ha aprobado un punto específico de una proposición no de ley impulsada por el Grupo Popular, que ha sido apoyado por Vox, Junts, UPN, Coalición Canaria y BNG, votos suficientes para superar el voto en contra de PSOE, Sumar, ERC y Bildu han votado en contra, según informa Europa Press. PNV y Podemos han decidido abstenerse, mientras que el exministro socialista y ahora diputado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, no estaba presente en el hemiciclo.

"La recogida de datos relativos a la transacción de la operación resulta inviable por parte de los sujetos obligados, cabe recordar que un 90% son individuales y con pequeñas instalaciones. No es posible cambiar sus sistemas informáticos o la toma de datos en este tiempo directamente, al existir numerosas plataformas tecnológicas proveídas por distintos proveedores sin API definidas para poder conectar con los servicios del Ministerio del Interior", se puede leer en la proposición no de ley.

El real decreto 933/2021 afecta a actividades de hospedaje, que van desde los campings o zonas de estacionamiento de autocaravanas hasta hoteles, pero también a las agencias de alquiler de coches y a intermediarios, como las agencias de viajes y a las plataformas digitales a quienes obliga a recolectar una cantidad de datos que ascienden a más de 40 (frente a los 14 actuales). Además, el sector se queja de la necesidad de registrarlos y enviarlos de forma manual, al no tratarse de datos oficiales, que implica una "carga administrativa desproporcionada" que, incluso, puede conllevar errores.

La norma tenía que haber entrado en vigor el pasado 1 de octubre, pero el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska retrasó entonces su puesta en marcha hasta el 2 de diciembre tras la presión del sector. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunió entonces con varias asociaciones, como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) o la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), entre otros, para abrir una vía de diálogo con la industria afectada.

Como resultado de esas reuniones, el ministerio se comprometió a no exigir a las empresas turísticas más datos que aquellos que se recaban en la actualidad (DNI y pasaporte), algo que quedaría plasmado en una orden ministerial a realizar por parte del departamento que dirige Grande-Marlaska después de la fecha de entrada en vigor del decreto, el 2 de diciembre de este año.