INMOBILIARIAS DEL IBEX
Colonial se suma a Merlin y advierte que trasladará su sede si el Gobierno elimina el régimen de las socimis
La compañía tacha de "muy grave" la propuesta del Ejecutivo y considera que convertirá España en un "territorio prohibido" para la inversión internacional
De izquierda a derecha, Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial, e Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin. / Montaje
Colonial, la otra gran socimi del Ibex 35, se suma a Merlin y también mueve ficha. La empresa ha manifestado que el acuerdo pactado entre los dos partidos de Gobierno, PSOE y Sumar, para eliminar el régimen de las socimis en España "es muy grave" y que, en caso de aprobarse, se replanteará su estrategia y la ubicación de sus actividades. En declaraciones a Europa Press, su presidente, Juan José Brugera, lamenta que si esta medida se materializa, convertirá a España en "territorio prohibido" para la inversión internacional. La compaía se suma a lo expuesto por la socimi dirigida por Ismael Clemente, que ya tantea sacar su actividad fuera del país si se materialice la reforma planteada por el Ejecutivo.
Tanto Merlin como Colonial cerraron la sesión de este martes con un fuerte castigo en Bolsa. Merlin se desplomó hasta un 7,3% y fue la peor compañía del selectivo y Colonial fue la segunda empresa que más cayó, con un retroceso del 5%. En la sesión de este miércoles ambas compañías se revalorizan cerca de un 0,50% a las 11 de la mañana, en línea con la cotización del índice.
"Los cambios que algunos proponen son muy graves. El régimen de las socimis no es más que la adaptación al caso español de la norma establecida en los mercados internacionales. Este tipo de modificaciones convierten al mercado español en territorio prohibido para la inversión internacional". En su opinión, el marco legal debería proteger a las compañías que han apostado por atraer inversión internacional, y hacerlo compatible con los mejores fines sociales.
En cualquier caso, Brugera defiende que el modelo del negocio actual de Colonial está diversificado en distintas geografías, con una relevante presencia en el mercado de París, lo que le permite al grupo "una gran fortaleza en escenarios de fragilidad del marco normativo". Pese a que cree que todavía no hay certidumbre respecto al cambio y considera que hay que esperar a su concreción, el directivo ha afirmado que la empresa se replanteará su estrategia para que estas medidas no tengan un impacto negativo, incluida la reevaluación de la ubicación de sus actividades.
"En caso de aprobarse la reforma del régimen legal de las socimis, Colonial reevaluará su estrategia de inversiones y la ubicación de sus actividades y de su estructura jurídica, y adoptará, en su caso, las medidas que mejor convengan al interés de sus accionistas e inversores, todo ello con el objeto de que estas potenciales medidas no tengan un impacto negativo en la sociedad", concluye.
Acuerdo fiscal
PSOE y Sumar cerraron el lunes un acuerdo fiscal para gravar a la banca, los apartamentos turísticos y los yates, que también incluye la supresión del régimen fiscal especial de las llamadas Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimi). Según consta en el acuerdo, esta decisión se debe a que estas sociedades "solo tributan al 1% en el impuesto de sociedades" y, a pesar del beneficio fiscal, no ha servido para mejorar la oferta de viviendas. Estas sociedades se dedican a comprar activos inmobiliarios, como pisos, oficinas o centros comerciales para alquilar sus espacios a inquilinos, empresas o tiendas a cambio de una renta, sin tener que pagar impuestos sobre los beneficios que reparten a sus accionistas.
El régimen de socimis está supeditado a que estas empresas distribuyan a sus accionistas, como mínimo, el 80% de los beneficios, tener en cartera todas sus adquisiciones un mínimo de tres años, cotizar en Bolsa, contar con un capital flotante del 25% y distribuir un mínimo del 50% de los beneficios generados por la transmisión de inmuebles o participaciones.
La regulación de las socimi en España se fijó en una ley de 2009, en el contexto creado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, con el fin de dotar de liquidez a las inversiones en el sector inmobiliario, asegurando un flujo continuo de inversiones a través del ahorro de los inversores. A cierre del ejercicio de 2023, había 116 socimis cotizando en España, lo que posiciona al país como el principal mercado de Europa en número de socimis, con una capitalización bursátil de 24.000 millones de euros.
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