Merlin y Colonial amenazan con reeditar un nuevo caso Ferrovial

Las dos mayores socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario) del Ibex-35, Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial, han iniciado un frente contra el Gobierno tras el acuerdo de la coalición de PSOE y Sumar de reformar su régimen fiscal y subir su carga tributaria. La amenaza es clara: están dispuestas a cambiar sus sedes sociales para evitar perder los beneficios de los que ahora gozan, que también existen en la mayoría de países de la OCDE. La situación, con sus diferencias, recuerda a la que protagonizó hace menos de dos años Ferrovial, cuando anunció la mudanza de su 'cuartel general' a Países Bajos, un movimiento que fue entendido desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez como una artimaña para pagar menos impuestos.

Colonial, en un comunicado, aseguró este miércoles que la reforma propuesta por el Gobierno, que deberá ser convalidada en el Congreso de los Diputados y no cuenta aún con los apoyos necesarios, incluye cambios "muy graves". En el caso de aprobarse, la socimi presidida por Juan José Brugera ha anunciado que "reevaluará su estrategia de inversiones, la ubicación de sus actividades y de su estructura jurídica, y adoptará las medidas que mejor convengan al interés de sus accionistas e inversores, todo ello con el objeto de que estas potenciales medidas no tengan un impacto negativo". Por su parte, Merlin Properties fue más comedido en su nota, publicada en la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) el pasado miércoles a última hora. La compañía liderada por Ismael Clemente adoptará las decisiones necesarias "para salvaguardar el interés de los citados accionistas, clientes y empleados, sin excluir ninguna posibilidad legal a nuestro alcance".

La situación ahora es diferente. En el caso de Ferrovial fue de motu proprio el anuncio de la mudanza. La razón que esgrimieron siempre fue facilitar su debut bursátil en Estados Unidos, no ahorrar impuestos, justificación que dio el Gobierno a la operación, que salió en tromba con varios ministros criticando duramente el traslado. Incluso, Pedro Sánchez llegó a afirmar en una rueda de prensa: "En España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con el país. No es el caso del señor Rafael del Pino (presidente de Ferrovial)". Más de año y medio después, no es que la compañía de infraestructuras haya reducido su carga fiscal en España, sino que la ha incrementado.

España quiere quedarse fuera de los estándares europeos

La potencial salida de Merlin y Colonial de España, algo improbable (en este momento) al carecer el Ejecutivo del apoyo parlamentario suficiente para sacar la medida adelante, se produciría por un cambio en las reglas del juego. El régimen de las socimis fue creado durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero e impulsado durante la primera de Mariano Rajoy. En la práctica fue importar el sistema de los Reits (similares a las socimis), nacidos en Estados Unidos en la década de los 60 y presente en la mayor parte de los países europeos. Este sistema permite canalizar ahorro a través del inmobiliario en compañías que no tributan impuesto de sociedades, pero que están obligadas a repartir sus beneficios a través de dividendos, momento en el que los accionistas sí pagan impuestos, que en algunos casos pueden superar incluso el 25%.

Sin ir más lejos, en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Hungría, Lituania, Países Bajos, Luxemburgo y Portugal las sociedades equivalentes a las socimis tributan al 0% el impuesto de sociedades. Subir la fiscalidad a estos vehículos producirá un descrédito internacional para los inversores, que buscan seguridad jurídica. Fuentes consultadas aseguran que "espantar al capital es lo peor que puede hacer un gobierno" porque "el dinero es libre de volar entre países", con el añadido de que, aunque se suba la carga fiscal, "no va a entrar ni un euro en las arcas del Estado".

Las dos socimis tienen en su mano cambiar la sede fiscal. En el caso de Colonial, la mayor parte de sus inmuebles se ubican en París, que podría ser su país de destino; mientras la primera tiene una parte de su cartera en Portugal, donde también cotiza en su mercado bursátil. Las dos empresas suman una valoración en bolsa de 8.620 millones de euros, ingresaron en el último año un total de 865 millones y emplean a más de 400 trabajadores, con salarios medios de más de 100.000 euros. Con sus comunicados, las dos compañías del Ibex-35 han logrado cortar su sangría en bolsa, que en la jornada del martes supuso caídas del 7,3% y 5%.