Los clientes pagan en el recibo de luz 520 millones a fábricas dispuestas a parar de urgencia

España puso en marcha durante la crisis energética un nuevo sistema para poder reducir el consumo eléctrico en todo el país en caso de urgencia. Un mecanismo que hace posible la parada obligatoria de grandes fábricas industriales para recortar rápidamente la demanda de electricidad para evitar desajustes graves en el sistema eléctrico, en caso de que haya riesgo de que la producción eléctrica no sea suficiente para cubrir con todas las garantías la demanda prevista y tener suficiente margen de reserva.

Red Eléctrica de España, el gestor del sistema eléctrico español, ha celebrado en los últimos días una nueva subasta en busca de factorías industriales o compañías energéticas dispuestas a parar a momentos su actividad durante 2025 en caso de emergencia a cambio de recibir una retribución millonaria. Las compañías tenían que ofrecer en la subasta una cantidad de potencia eléctrica que pueden dejar de utilizar durante unas horas y el precio al que están dispuestas a dejar de funcionar.

El resultado de la puja del denominado servicio de respuesta activa de la demanda es que cerca de una veintena de grandes grupos industriales percibirán durante el próximo año una retribución fija de 283 millones de euros, el doble de la retribución de este año, a los que se sumarán pagos puntuales cada vez que sean obligadas a dejar de funcionar en función del precio del mercado eléctrico del momento. El coste se dispara porque de cara a 2025 sube el precio medio de la electricidad y la potencia eléctrica afectada, y a pesar de que se reduce el número de horas en que pueden pararse las fábricas.

La retribución de 283 millones del próximo año se suma a los 237 millones ya abonados en los dos últimos años (94,3 millones en 2023 y 143 millones en 2024). En total, los clientes españoles pagarán en tres años a través de su recibo de luz 520 millones a fábricas dispuestas a parar, además de los pagos variables cada vez que se activa de manera efectiva el escudo de protección.

Los adjudicatarios han ofrecido 1.148 megavatios (MW) de potencia y han confirmado su disponibilidad para parar en un total de 4.371 horas a un precio medio de 56,43 por su disponibilidad para dejar de funcionar. Frente a los resultados de la anterior subasta de hace un año , el precio medio sube (fue de 40,82 euros por MW y hora este año), se dispara la potencia implicada (fue de 609 MW), pero cae el número de horas (fueron 5.745).

Tres paradas en dos años

El mecanismo fue aprobado en plena crisis energética por el Gobierno como parte del Plan +Seguridad Energética y sirve para reducir de manera rápida altos consumos de electricidad (especialmente de la gran industria) para evitar desvíos graves en el funcionamiento del sistema eléctrico. Fuentes oficiales de REE niegan que en ninguna de las ocasiones en que se ha activado el sistema haya habido reisgo de apagón "ni de lejos", y subrayan que lo que busca el sistema es hacer ajustes en el mercado eléctrico para mantener un margen suficiente de reserva para cubrir todas las necesidades de consumo y que siempre ha funcionado perfectamente para conseguirlo.

Durante los dos años en que ha estado en marcha el sistema de respuesta activa de la demanda (SRAD), Red Eléctrica ha tenido de ordenar en tres ocasiones la parada de las fábricas adscritas al programa (en septiembre de 2023 y en mayo y julio de 2024). El gestor del sistema eléctrico estima que durante 2025 podría a llegar a forzar parones de factorías en más de 40 ocasiones, según se recogía en la documentación oficial de la subasta organizada estos días para encontrar compañías industriales dispuestas a cesar su actividad.

El fin de la antigua interrumpibilidad

El sistema de respuesta activa de la demanda está diseñado para aplicarse sólo en momentos puntuales para asegurar la continuidad del suministro en situaciones de escasez de energía en servicios concretos de ajuste del mercado eléctrico (como la reserva de sustitución o la regulación terciaria). Las paradas de las fábricas sólo pueden tener una duración máxima de tres horas al día por cada compañía adjudicataria del servicio y se ha de hacer un preaviso a las empresas con al menos 15 minutos.

El actual servicio de respuesta activa de la demanda vino a sustituir al antiguo programa de interrumpibilidad que estuvo vigente en España durante más de una década, desde 2008 y a 2019. El nuevo sistema busca evitar desequilibrios entre generación y demanda en el conjunto de España integrándose en los propios servicios de ajuste del sistema, mientras que la anterior interrumpibilidad era un escudo para situaciones de seguridad de carácter local tanto por falta de suministro o por grandes subidas del precio de la electricidad. En el actual servicio participan apenas una quincena de compañías, el antiguo sistema retribuía a más de un centenar de grandes factorías.

Durante los dos años dee vigencia del nuevo sistema el coste ha sido de algo más de 240 millones y se ha activado en tres ocasiones. El servicio de interrumpibilidad tuvo un coste que se cargaba en los recibos de la luz de un total de 5.258 millones de euros durante los doce años en que funcionó (en 2019 el importe fue de unos 200 millones de euros, pero en ejercicios previos se superaban de manera permanente los 500 millones anuales e incluso en 2014 se rozaron los 660 millones de euros).

Entre 2008 y 2017, toda una década, Red Eléctrica casi no utilizó el sistema de interrumpibilidad, ordenando en todo ese tiempo el paro forzoso de fábricas durante sólo cinco horas (aunque las factorías debían atender de manera obligatoria a paradas para realizar comprobaciones de que el sistema funciona bien, a razón de unas 88 horas por año). En los dos últimos años en que estuvo vigente, una reforma legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy facilitó la activación del sistema por motivos económicos, para evitar fuertes subidas del mercado eléctrico por desajustes entre oferta y demanda. En 2018 la interrumpibilidad se activó en 50 ocasiones, en 2019 sólo funcionó tres veces.