Trabajo carga contra los permisos de Mazón para obligar a ir al trabajo en alerta roja o naranja: "No hay salvalconducto que valga"

Los servicios de Inspección del Ministerio de Trabajo ya han abierto 80 expedientes contra empresas que obligaron a sus empleados a acudir al centro de trabajo pese a la situación de alerta roja o naranja en los municipios afectados por la DANA y va a seguir haciéndolo, no solo respecto a los momentos en los que sucedió lo más grave del temporal, sino también respecto a alertas declaradas más recientemente.

Así lo ha advertido el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, durante su comparecencia en rueda de prensa en La Moncloa, para informar de la reunión mantenida por el Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA, que preside el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

En particular, Pérez Rey ha cargado contra los salvoconductos que está expidiendo la Generalitat Valenciana, del presidente Carlos Mazón, para que las empresas que lo posean sí puedan exigir la presencia de sus trabajadores incluso en situación de alerta roja o naranja, como las que se han vuelto a declarar en los últimos días. "Frente a la protección de la salud laboral de los trabajadores no hay salvaconducto que valga. Las empresas que lo estén utilizando van a ser investigadas", ha advertido el secretario de Estado de Empleo.

Ley de prevención de riesgos laborales

Pérez Rey ha recordado que hace dos años el Ministerio de Trabajo ya adoptó una reforma en la ley de prevención de riesgos laborales para amparar el derecho de los trabajadores a la protección frente a riesgos laborales en situaciones de alertas climáticas de categorías roja y naranja.

Esta norma es la que está sirviendo de soporte a la Inspección para actuar contra las empresas que exigieron la presencia física de sus trabajadores en los momentos previos al peor estallido de la DANA y posteriores. "La Inspección va a trabajar con toda la contundencia que sea necesaria, sin conocer ni empresas ni tamaño de las mismas, ni a qué se dedican, ni qué hacen, voy a ser muy claro: nadie puede jugarse la vida acudiendo a trabajar. Nadie puede poner en riesgo su salud, ni con una orden empresarial, ni sin ella. Eso es una grave conculcación de la normativa de prevención de riesgos en nuestro país", ha advertido el secretario de Estado.

La ley de prevención de riesgos laborales es también la norma en la que se ampara Pérez Rey para advertir contra los salvoconductos que después ha expedido la Generalitat Valenciana: "Los trabajadores y los empresarios deben respetar escrupulosamente la norma de prevención de riesgos laborales, que dice negro sobre blanco lo que hay que hacer en casos de alerta roja o en casos de alerta amarilla. Y en ningún caso, una norma administrativa del Gobierno autonómico que sea, en este caso de la Generalitat Valenciana, puede poner en peligro la integridad de esa norma. Por lo tanto, frente a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, no hay salvoconducto que valga", ha subrayado Pérez Rey.

El secretario de Estado ha recordado que la salud laboral es "una competencia exclusiva del Estado" contra la que no puede ir ninguna otra "norma administrativa ínfima" que dicte la Generalitat Valenciana ni ninguna otra administración pública.

Petición de las empresas

A petición de empresas del ámbito de la distribución comercial como Mercadona, Consum o Lidl, entre otras, así como el Banco de Alimentos, la Conselleria de Justicia e Interior, amparándose en la Orden 11/2024, ha emitido salvoconductos para garantizar el libre movimiento, circulación y tareas de reparto de los trabajadores y la actividad de las citadas empresas y entidades colaboradoras de la administración.

La asociación de supermercados Asucova sostiene que se pidieron esas autorizaciones durante la alerta roja de la dana “porque se necesita abastecer y porque existe un decreto que nos habilita para ello y lo hemos usado con responsabilidad obviamente, primando la seguridad de los trabajadores siempre. No solo lo pedimos nosotros, sino gran parte de la cadena alimentaria”. Además, esta organización patronal sostiene que “no es responsable ni tolerable que nos utilicen para el enfrentamiento político, del que nos mantenemos al margen. Seguimos considerando que nuestro sector debe tener la condición de esencial y deben establecerse protocolos claros de emergencias en este sentido”, agrega esta entidad empresarial.

Casi 1.200 empresa en ERTE por fuerza mayor

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Pérez Rey ha explicado las medidas del "escudo laboral" ya adoptadas por el Consejo de Ministros a favor de los trabajadores y de las empresas damnificados por la DANA.

Según los datos aportados, un total de 1.191 empresas han solicitado ya un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor en la Comunidad Valencia debido a las inundaciones provocadas por la DANA. Estos expedientes alcanzan a 16.007 personas.

"Los expedientes que se están tramitando son expedientes de regulación temporal de empleo. Entre los datos conjuntos, solo se computan 55 extinciones frente a 15.952 personas incluidas en ERTE", ha precisado Pérez Rey.

Plan de Empleo de Reconstrucción

El secretario de Estado de Trabajo también se ha referido al plan de empleo aprobado por el Consejo de Ministros, con una dotación de 50 millones, para la contratación de desempleados que puedan participar en las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA.

Pérez Rey ha anunciado que viajará a Valencia el próximo lunes con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para analizar con una parte de los municipios afectados, los que cuentan con más trabajadores y población, este plan de empleo.

La idea, ha dicho Pérez Rey, es recabar la información necesaria para que el plan de empleo de reconstrucción de la zona cero de Valencia "empiece cuanto antes" y se diseñe, conjuntamente con las autoridades municipales, un mecanismo de intervención que permita movilizar todavía más recursos entre las personas que están en desempleo.