Los empresarios valencianos acusan a Yolanda Díaz de "demagogia" y de buscar "rédito electoral" con las firmas sancionadas

Los empresarios valencianos se mostraron ayer muy críticos con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien el lunes anunció que su departamento ha abierto 106 expedientes a firmas por infracciones vinculadas a la dana y, más concretamente, por supuestamente obligar a sus empleados a trabajar o desplazarse en aquellos momentos. El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, censuró "declaraciones demagógicas" y el vicepresidente de esta organización y líder del metal, Vicente Lafuente, afirmó ayer a este diario que "no es momento de buscar réditos electorales", en relación a la actuación de la también vicepresidenta segunda del Gobierno.

Navarro subrayó el "compromiso inquebrantable, el de todos los empresarios a los que representa la CEV, con la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Las empresas de nuestra comunidad, especialmente en sectores esenciales, han demostrado su responsabilidad y capacidad de adaptación ante situaciones excepcionales, durante la pandemia y ahora también con la dana. Las empresas, empresarios y los equipos humanos que las forman, estamos concentrados en salir juntos de una situación que es complicada y nos preocupa que, con declaraciones demagógicas, que no tocan, se pueda generar una percepción injusta de las empresas". 

Sectores

En cualquier caso, es "importante matizar que, en muchos casos, los sectores que se han señalado son considerados esenciales, lo que implica una obligación de garantizar la continuidad de servicios básicos para la ciudadanía, desde la distribución de alimentos hasta la gestión de infraestructuras críticas. Este contexto puede llevar a malentendidos sobre el cumplimiento de la normativa laboral, que siempre debe analizarse caso por caso". 

No obstante, "respetamos el papel de la Inspección de Trabajo y confiamos en que los procedimientos iniciados se desarrollarán con rigor y atendiendo a las circunstancias específicas de cada empresa. Reiteramos que nuestro objetivo como representantes empresariales es encontrar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la garantía de los servicios esenciales, siempre dentro del marco legal vigente."

Lafuente

Por su parte, Lafuente considera que Díaz debe dar explicaciones para saber en base a qué ha abierto esas causas, que se producen en un contexto en el que el Consell publicó una resolución en la que permitió durante la segunda dana que algunas empresas de sectores esenciales emitieran salvoconductos para que sus trabajadores se pudieran desplazar pese a haberse decretado la alarma roja. El Gobierno considera que la ley estatal lo prohíbe y, de ahí, muchos expedientes.

Quedarse en casa

El asimismo líder de la patronal del metal Femeval precisó que "me consta que las empresas transmitieron a sus trabajadores que se quedaran en casa. Nadie ha forzado a nadie a ir a trabajar y, en el caso de que así hubiera sucedido en algún supuesto, entonces que se denuncie", afirmó Lafuente, quien añadió que "en una situación como la que hemos vivido se tomaron muchas decisiones al límite, unas acertadas y otras, no, pero siempre se buscaron soluciones buenas para los trabajadores. Unos empresarios los mandaron a casa y otros, afortunadamente, les instaron a que se quedaran en los centros de trabajo", lo que salvó la vida a muchos que no estuvieron expuestos a las carreteras y, por consiguiente, las inundaciones. "Nos llamaron muchas empresas y les dijimos que lo primero era la seguridad de los trabajadores", añadió.

Vicente Lafuente considera que las horas perdidas durante las alarmas en las que "no pasa nada deben ser recuperables", porque los "empresarios pagamos la jornada completa". En su opinión, "hay que explicar qué significa cada estado de alarma para que todo el mundo sepa a qué atenerse. Y regularlo, no sea que se utilicen las alarmas en exceso y acaben perjudicando a las empresas".