Un año del Ministerio de Vivienda: ley de suelo, 'golden visa' y los nuevos controles de precios

Isabel Rodríguez cumple 365 días al frente del Ministerio de Vivienda y Agenda, una cartera que decidió recuperar el presidente Pedro Sánchez ante la problemática de acceso existente. Al frente situó a la portavoz del Gobierno durante la anterior legislatura, que durante su primer año ha estado en el centro de la diana de todos los partidos de la oposición, incluso de los socios de Sumar, que han planteado objeciones en el Consejo de Ministros a alguna de sus medidas.

Durante este primer año, la preocupación de los españoles por la vivienda se ha multiplicado por cuatro, según el CIS; mientras los precios de venta y alquiler no han dejado más que subir, un 6,75% (hasta junio) y un 9,5%, respectivamente, según el INE y el portal Idealista. Esto motivó la primera gran manifestación que se celebró el pasado 13 de octubre en las principales ciudades del país, auspiciada por el Sindicato de Inquilinos y que contó con el apoyo de fuerzas políticas de izquierdas.

La ley del suelo, el gran fracaso

El gran fracaso del primer año de Isabel Rodríguez al frente de Vivienda y Agenda Urbana ha sido no lograr la aprobación de la ley de suelo, una medida reclamada por comunidades, ayuntamientos y sector privado. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, en marzo, tuvo que ser retirada del diario de sesiones en mayo cuando debía ser convalidada en el Congreso de los Diputados: el Partido Popular (a pesar de negociar la norma) se negó a aprobarla para exhibir la debilidad parlamentaria del PSOE, provocando su primera gran derrota en las Cortes, ya que en esa ocasión no contaba con el plácet de los socios de investidura.

Esta legislación pretendía dar seguridad jurídica al desarrollo de suelo y al urbanismo, evitando que un planeamiento fuese tumbado en los tribunales por defectos de forma o menores. El texto aprobado por el Gobierno guardaba muchas similitudes con el planteado durante la última legislatura de Mariano Rajoy. Meses más tarde, la norma permanece guardada en el cajón a la espera de encontrar una nueva ventana para el acuerdo. El Ejecutivo buscará en la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará el 13 de diciembre en Santander, un acuerdo con las comunidades en esta materia, ya que uno de los temás de debate será la situación de la vivienda.

Índice de control de precios y regulación alquileres de temporada y turístico

Las dos normativas que ha sacado adelante Rodríguez durante su primer año al frente de Vivienda y Agenda Urbana han sido los 'topes' al alquiler contemplados en la ley de vivienda y un nuevo reglamento que permitirá limitar los contratos de arrendamientos turísticos y de temporada. El primero, el Índice de Precios de Referencia, indica el precio máximo al que se puede firmar un contrato en las zonas declaradas tensionadas y se aplica, principalmente, en Cataluña y País Vasco, ya que las comunidades del Partido Popular se han opuesto a 'topar' los precios.

El segundo es la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que entrará en vigor a principios de año y obligará a propietarios de viviendas explotadas a través de alquiler turístico o temporal a justificar la motivación detrás de estos contratos y/o contar con los permisos necesarios para hacerlo. Si alguna de las dos condiciones no se cumpliesen, los diferentes portales, Idealista, Fotocasa, Airbnb o Booking, tendrán prohibido anunciar los inmuebles.

La 'golden visa', pendiente

Una de las principales medidas anunciadas a 'bombo y platillo' y pendiente de llevar a cabo es la derogación de la 'golden visa', la cual se concedía a inversores extranjeros que comprasen una vivienda (o más) en España por valor de 500.000 euros. Esta decisión, a pesar de que la mayoría de expertos cree que tiene una eficacia nula, fue un mensaje político de Sánchez. "Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo", explicó. Siete meses más tarde, la visa oro fue aprobada en el Congreso a través de una enmienda a la ley de justicia con los votos del PP y está pendiente de pasar el mismo trámite en el Senado.