El Gobierno quiere que los nuevos impuestos afecten a más bancos y más energéticas

Los grupos parlamentarios que conforman el Gobierno de coalición -PSOE y Unidas Podemos- han presentado una batería de 66 enmiendas a la proposición de ley que crea los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas y que, a partir de ahora, sumará también el nuevo tributo sobre patrimonios superiores a tres millones de euros en comunidades autónomas, como Madrid y Andalucía, donde había desaparecido esta figura fiscal.

La proposición de ley inicial presentada por ambos grupos en el Congreso de los Diputados el 30 de agosto, se fijaba un nuevo gravamen del 4,8% sobre las comisiones e intereses netos cobrados por las entidades financieras de mayor tamaño, cuyos ingresos por ambos conceptos superen los 800 millones. También se establecía un gravamen del 1,2% sobre las ventas de las energéticas que tengan una facturación superior a los 1.000 millones de euros.

Ahora, algunas de las enmiendas registradas en el Congreso de los Diputados de forma conjunta por PSOE y Unidas Podemos tienen como consecuencia que tanto el nuevo impuesto sobre la banca como el de las energéticas podrán llegar a un mayor número de ver reducido el número de sus contribuyentes. Otro buen número de enmiendas están encaminadas a determinar, por ley, que los ingresos obtenidos por cada uno de los tres nuevos tributos deberán destinarse a favor de colectivos vulnerables, especialmente afectados por las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania (inflación, crisis energética y subidas de tipos de interés). En las enmiendas queda claro que los tres nuevos impuestos -banca, energéticas y patrimonio- serán temporales y, si la ley logra ser publicada antes del 31 de diciembre, afectarán a los ejercicios 2022 y 2023 (con impacto recaudatorio en 2023 y 2024). Según los cálculos de Hacienda, los impuestos sobre la banca y las energéticas permitirán unos ingresos adicionales de 7.000 millones en dos años. El nuevo gravamen de Patrimonio debería aportar 1.500 millones cada año, según los cálculos de Hacienda.

Impuesto a la banca

En cuanto al 'impuesto' a la banca, según las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos, no solo estarán obligadas las entidades que obtuvieran unos ingresos por intereses y comisiones de más de 800 millones de euros en 2019, sino también todas aquellas supervisadas directamente por el Banco Central Europeo (BCE), "incluidas las sucursales establecidas en España de entidades de crédito extranjeras", independientemente de sus ingresos de aquel año. Se trata de una reivindicación que habían planteado los grandes bancos españoles, que argumentaban que de lo contrario se verían perjudicados frente a entidades como la holandesa ING. También el Banco Central Europeo (BCE) había advertido de ello.

Adicionalmente, los grupos parlamentarios del Gobierno han planteado concretar que los ingresos que se obtengan de la banca se destinarán a "financiar medidas para hacer frente al incremento coyuntural de los gastos derivados de las políticas dirigidas a mitigar el impacto en los precios producido por la invasión de Ucrania por Rusia". Con ello, tratan de dar respuesta a la petición del BCE de que no se destinasen a "fines de saneamiento presupuestario general". Y por último, han propuesto que el País Vasco y Navarra puedan participar en la recaudación del 'impuesto'.

Salvo el primero de estos dos cambios, las enmiendas que afectan al impuesto sobre la banca implican cambios menores. No se modifica la prohibición de que los bancos trasladen el coste del gravamen a sus clientes, cuestionada tanto por el BCE como por el propio sector financiero. Tampoco se ha hecho caso a su advertencia de que sería más lógico grabar el resultado final que los ingresos. Ni se ha modificado el umbral de los 800 millones, que las grandes entidades habían pedido rebajar para que también tuvieran que pagar el 'impuesto' las más pequeñas.

Impuesto a las energéticas

En lo relativo al nuevo impuesto sobre las grandes compañías energéticas, las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos establece que, además de a los "operadores principales" del sector de acuerdo a la clasificación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que tengan una facturación superior a 1.000 millones, el nuevo gravamen llegue a un colectivo adicional: "A las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería".

De acuerdo a la CNMC, los cinco operadores principales en el sector eléctrico son Endesa, Iberdrola, Naturgy, TotalEnergies y EDP. En el sector del gas natural, los operadores principales son Naturgy, Endesa, Repsol, Iberdrola y Cepsa. En el sector de carburantes figuran Repsol, Cepsa, BP, Península Petroleum y Petronieves. En el de gases licuados, los operadores principales son Repsol, Cepsa, BP, Naturgy y Disa.

Según las enmiendas de PSOE y UP, además de estos operadores que facturen más de 1.000 millones estarán sujetas al nuevo impuesto las industrias que obtengan "al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coqueríaextractivas".

Además, si las enmiendas de los dos grupos del Gobierno salen adelante, la nueva ley dejará claro que la recaudación del impuesto energético deberá destinarse a "medidas de apoyo financiero a los clientes finales de energía, especialmente a los hogares vulnerables, para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía, de manera específica". La recaudación también deberá servir para financiar medidas que contribuyan "a la reducción del consumo de energía, por ejemplo mediante subastas o sistemas de licitación de reducción de la demanda". La disminución de los costes de compra de energía de los clientes finales de energía para determinados volúmenes de consumo, y el fomento de las inversiones de los clientes finales de energía en energías renovables, inversiones estructurales en eficiencia energética u otras tecnologías de descarbonización, son otro de los fines a los que deberá ir destinada la recaudación de esta nueva figura tributaria.

Otros grupos

Los socios parlamentarios del Gobierno también han registrado sus enmiendas. EH Bildu plantea ampliar el impuesto a más entidades bancarias y energéticas y endurecer los tipos de los nuevos tributos. En el caos de los bancos, propone subirlo del 4,8% al 7,5%, y para las eléctricas y petroleras, pasar de 1,2% al 2,1%. El PNV, por su parte, propone que en el caso de las energéticas solo se grave con un 33% los beneficios extraordinarios obtenidos en el año anterior y no la facturación, una enmienda que también ha registrado el PP y que está en línea con la propuesta de la Unión Europea. Los conservadores quieren eliminar el impuesto a la banca apoyándose en el reciente informe del BCE que se mostró crítico con esta medida.