Repsol vuelve a dejar en el aire inversiones milmillonarias en España por el impuesto a las energéticas

El Gobierno salvó la pasada semana ‘in extremis’ en el Congreso la aprobación del paquete fiscal que exigía la Unión Europea. Lo hizo tras pactar a varias bandas con los socios parlamentarios una prolongación del gravamen a los gigantes del sector energéticos otro año más, evitando que la tasa extraordinaria expire a fin de año. El Ejecutivo prepara ahora un real decreto y en el que se concretarán las nuevas condiciones del gravamen, con las que debe contentar las diferentes exigencias de sus socios parlamentarios.

A la espera de desvelarse los detalles del impuesto a partir de ahora (especialmente cómo se pretende aplicar deducciones a las empresas por sus inversiones en transición energética), la prórroga del gravamen vuelve a levantar ampollas entre las grandes corporaciones energéticas a las que se les aplica específicamente el impuesto.

Repsol, que ha sido una de las compañías que con mayor claridad ha mostrado su rechazo a la prolongación del impuesto, vuelve a dejar en el aire inversiones milmillonarias en España a la espera de conocer la formulación definitiva. La petrolera anticipó su intención de reactivar las inversiones que había dejado en suspenso cuando parecía que el impuesto decaería a fin de año, ahora que de nuevo se pretende prorrogarlo vuelve a plantear sus dudas sobre ejecutar estas inversiones.

“No se trata de una cuestión de estómago, es una realidad económica. Tenemos planteadas inversiones milmillonarias en nuestras refinerías para su descarbonización. Si una parte de la caja se va en un impuesto que consideramos excesivo tenemos menos dinero para invertir en España”, ha advertido Luis Cabra Dueñas, director general de Transición Energética, Tecnología, Institucional y adjunto al CEO de Repsol, en unas jornadas energéticas organizadas por El Español.

“Tenemos que ver cómo acaba esta historia del impuesto para ver qué recursos tenemos para invertir. Las inversiones están ahora en un ‘veremos’ hasta tener más claridad en uno o dos meses”, ha subrayado, refiriéndose a las inversiones que pretende ejecutar en sus instalaciones en Tarragona, Cartagenera, Bilbao y Puertollano. Repsol ya había advertido en las últimas semanas que estaban en el aire proyectos de inversión de 1.500 millones de euros en País Vasco, Cataluña y Murcia ligados a la descarbonización de sus instalaciones industriales, producción de combustibles renovables y también en todos ellos vinculados a plantas de producción de hidrógeno verde.

Repsol, 800 millones pagados

Repsol, que es la compañía que más ha pagado por el impuesto especial en los dos últimos años con unos 800 millones, ha venido amenazando con llevarse todas o gran parte de esas inversiones a otros países, singularmente Portugal. Y, de hecho, ha desplazado ya una inversión de 15 millones de euros en un nuevo proyecto de hidrógeno renovable a su complejo industrial de Sines, en Portugal.

El propio consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se puso al frente de las crítica del sector con una tribuna publicada en varios medios de comunicación denunciando el “populismo fiscal” del Gobierno y advirtiendo que mantener el impuesto extraodinario “ralentizará al mínimo” las inversiones del sector. “Miles de millones de euros se desviarán a otros países. Es posible que, ante la dificultad de descarbonizarse, el sector del refino español vaya teniendo dificultades para mantenerse antes de que acabe esta década”, denunció, al tiempo que destacaba que “me repugna particularmente la demagogia en torno a las cuestiones fiscales” y que ahora existía “simplemente populismo y demagogia al grito de 'que paguen las empresas para favorecer a los que lo pasan mal'.”

Ya antes de la votación en el Congreso sobre el paquete fiscal del Gobierno y antes de darse a conocer el pacto con los socios parlamentarios para prorrogar el impuesto, las grandes energéticas se unieron la semana pasada en una ofensiva inédita contra la prolongación del impuesto extraordinario sobre sus ventas durante un año más y amenazaron con paralizar inversiones verdes de hasta 30.000 millones previstas para los próximos tres años. Todos los gigantes españoles de la energía sumaron fuerzas en una revuelta histórica con un comunicado conjunto a través Club Español de la Energía (Enerclub), un lobby al que están adscritas las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y EDP), gasistas (como Naturgy) y petroleras (Repsol, Moeve, BP y TotalEnergies).

Naturgy y el “drenaje de recursos”

El presidente y CEO de Naturgy, Francisco Reynés, también se ha pronunciado en las mismas jornadas sobre la eventual prolongación del impuesto y ha advertido de que “cualquier drenaje de recursos en una empresa va en contra de la inversión”, pero apuntando que, tras las muchas “barbaridades” que se han dicho durante semanas sobre el fin del impuesto o su prolongación, es mjeor “no debemos especular y debemos esperar a que salga”.

Reynés ha enfriado la posibilidad de deslocalizar inversiones fuera de inversiones dada la naturaleza de su negocio, muy volcado en las redes de gas y de electricidad. "Yo nunca he visto cómo una torre puede trasladarse ni un tubo. O sea, las infraestructuras son de difícil movilidad", ha apuntado. “Cualquier duda que se genere alrededor de cualquier proyecto de inversión, bien sea impositiva o regulatoria, lo que hace es subir la prima de riesgo y, por lo tanto, exigir mayor retorno" a las inversiones, ha advertido.  

Impuesto sobre las ventas

El Gobierno aprobó en lo peor de la crisis energética un nuevo gravamen temporal del 1,2% sobre las ventas -no los beneficios- de las grandes energéticas, las que facturan más de 1.000 millones de euros al año (gigantes como Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa o Naturgy), y que se aplicaría durante dos años. En estos dos años de aplicación la recaudación procedente sólo del sector energético ha superado los 2.400 millones de euros.

Durante este tiempo, las grandes energéticas y las patronales que las agrupan ya han venido han criticado con dureza el gravamen, han presentado recursos ante la Audiencia Nacional para intentar tumbar el impuesto por considerarlo ilegal y desproporcionado. Y también han venido amenazando con la paralización de proyectos de inversión millonarios si el Gobierno prolongaba el gravamen extraordinario.

El Ejecutivo prorrogó el gravamen especial a las mayores petroleras, gasistas y eléctricas un año más, hasta final de 2024, y anticipó su intención de convertirlo en permanente pero reformándolo para permitir grandes deducciones a las compañías por las inversiones en transición energética que realizaran. Tras parecer que decaería a fin de año por las reticencias a apoyarlo de PNV y Junts, ahora se reactiva la posibilidad de prolongación en un nuevo intento de sumar el respaldo parlamentario suficiente.

La extensión del impuesto es uno de los puntos pactados entre PSOE y Sumar en su acuerdo de gobierno de coalición progresista, y la intención ha sido sucesivamente incluirlo en los proyectos de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2024 (que no llegó a presentarse) y de 2025 (cuya tramitación, de momento, se ha retrasado). Ahora la prórroga se articulará a través de un real decreto que luego se tramitará como proposición de ley.