Las eléctricas exigen cobrar 4.000 millones más por sus redes a través del recibo de luz

Las grandes eléctricas presionan ‘in extremis’ a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para elevar la remuneración que reciben por invertir y por operar sus redes. El negocio de las redes es una actividad regulada, en el que las compañías ejecutan las inversiones con un tope fijado por ley y por las que se les retribuye a través de los peajes de acceso que se cargan en la factura eléctrica que pagan todos los clientes.

La CNMC ultima una consulta pública en la que recogerá su propuesta de cuál será la remuneración que recibirán entre 2026 y 2031 las compañías que gestionan las redes eléctricas de transporte (las de alta tensión, en manos de Red Eléctrica de España) y las de distribución (en manos fundamentalmente de las grandes eléctricas Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, aunque hay 300 compañías operando en el sector). La consulta pública está prevista para este mismo mes, antes de que termine el año.

Desde el sector eléctrico se espera (se teme) que la CNMC ofrezca elevar la tasa de retribución financiera sólo hasta el entorno del 6,5%, desde el 5,58% actualmente vigente. Mientras que las grandes eléctricas que controlan el negocio de la distribución reclaman igualar las condiciones retributivas de sus redes con las que se reconocen en otros países europeos, lo que supondría elevarlas al menos hasta el 7,5% (e incluso superar el 8% durante el próximo lustro, pero lo ven casi imposible).

Las compañías calculan que elevar la tasa de retribución hasta el 7,5% implicaría elevar su retribución en torno a 670 millones de euros cada año, lo que conllevaría una remuneración extra de al menos 4.000 millones para el próximo periodo regulatorio hasta 2031 y que se cargaría a la factura de la luz que pagan todos los clientes a través de los peajes de acceso (uno de los conceptos regulados del recibo), según las estimaciones que manejan las grandes eléctricas y que confirman fuentes del sector. La cifra previsiblemente será superior a esos 4.000 millones, según reconocen las compañías, ya que las inversiones en las redes deberían ser superiores a las actuales en los próximos años y, por ello, la remuneración también iría creciendo.

La ‘fórmula’ con la que las eléctricas quieren convencer a Gobierno y CNMC de que si cobran más por sus redes bajará el recibo de la luz

Inversiones milmillonarias

España necesita ampliar y modernizar sus redes eléctricas para hacer posible la transición energética e impulsar otra revolución imprescindible como es la de la gran digitalización. La columna vertebral del sistema eléctrico será vital para integrar el despliegue masivo de nuevas plantas de energías renovables y también para conectar los grandes proyectos industriales a las puertas del ‘boom’ de los centros de datos y de las futuras plantas de producción de hidrógeno verde. Las compañías tendrán ejecutar inversiones milmillonarias en los próximos años para ampliar y mejorar sus redes.

Las grandes eléctricas calculan que serán necesarias inversiones de 30.000 millones de euros en la próxima década para ampliar y modernizar sólo las redes eléctricas de distribución, unos 3.000 millones al año hasta 2035. La estimación contempla los 1.800 millones de euros que actualmente ya se invierten de media cada año por las distribuidoras y Red Eléctrica, y otros 1.200 millones extra para desplegar nuevas redes sólo para poder conectar el aluvión esperado de nuevos centros de datos, plantas de hidrógeno verde y la electrificación de los puertos españoles. Las proyecciones que manejael sector apuntan a un aumento de la capacidad de 50 gigavatios (GW) para conectar sólo este tipo de grandes clientes.

Y este incremento de la demanda también disparará los ingresos del sistema eléctrico tanto en forma de peajes de acceso como los cargos que se incluyen en la factura eléctrica de todos los clientes. De hecho, los incrementará tanto que, según las eléctricas, se cubrirá con creces el coste de las nuevas inversiones y eso permitirá rebajar la parte regulada del recibo y reducir el precio final de luz que abonan los consumidores.

Según los cálculos de las eléctricas, en 2030 los costes extra de retribución de las inversiones adicionales sería de 1.300 millones y los ingresos por facturación de peajes y cargos de los nuevos suministros sería de 2.300 millones, así que implicaría un impacto positivo neto de 1.000 millonesa anuales al sistema eléctrico. El modelo económico que defienden las eléctricas anticipa que incluso con este incremento de la retribución a la que aspiran las compañías, el aumento de las inversiones y el aumento de la demanda eléctrica permitiría bajar la factura final de luz. La estimación de las compañías apunta a que la tarifa media final para los consumidores bajaría año a año si se conecta toda la nueva demanda gracias a las nuevas inversiones previstas.

Los guiños del Gobierno

El Gobierno ha echado un capote a las energéticas en su intento de mejorar lo que cobran por el negocio regulado de sus redes. El Ministerio para la Transición Ecológica, cuando aún estaba comandado por Teresa Ribera y antes del nombramiento de la nueva vicepresidenta Sara Aagesen, instó abiertamente a la CNMC a mejorar la retribución de los negocios de las redes de transporte y de distribución de electricidad. En una orden ministerial sobre orientaciones de política energética, el Ejecutivo reclamó dar las “señales adecuadas” para incentivar y ampliar sus actividades para hacer frente a la expansión de las renovables y a la “creciente demanda eléctrica” por la electrificación de la industria, los coches eléctricos y de nuevos vectores energéticos como el hidrógeno verde.

Endesa recorta sus inversiones en renovables y las dispara en redes con un ‘macroplán’ de 4.000 millones

En paralelo, el Gobierno también tiene ya activado el proceso para revisar el tope máximo legal de inversiones en redes. El Ejecutivo de momento no ha hecho una propuesta sobre cómo reformar esos límites, sino que sólo ha dado el primer paso mediante una consulta pública previa, pidiendo una primera opinión a todos los actores del sector, pero en la que ya hizo otro guiño a las energéticas y anticipó que el objetivo de la revisión es que haya “una mayor inversión en redes de transporte y distribución”.

Actualmente, a Red Eléctrica se le aplica un límite máximo de inversión del 0,065% del PIB (sin contabilizar el coste de las interconexiones internacionales) y el tope para las distribuidoras es del 0,13% del PIB. En total, unos 1.000 millones de tope anual para redes de transporte y en torno a 1.800 millones para las de distribución.

El Gobierno se plantea como objetivo general a partir de 2026 y hasta 2031 favorecer que se eleve la inversión en redes de distribución y de transporte para impulsar la electrificación, pero a la vez pretende contener el coste que se trasladaría al recibo de la luz. Entre las alternativas que de manera primigenia se plantea el Ministerio para la Transición Ecológica se encuentra la elevación del carácter general del volumen de inversión máximo como porcentaje del PIB; la modificación de los supuestos que permitirían modificar al alza el volumen de inversión, incluyendo nuevas circunstancias vinculadas con la transición energética; y el establecimiento de un nuevo procedimiento para la autorización puntual de inversiones por encima del volumen máximo establecido por ley si lo solicitan REE y las grandes eléctricas.

Las grandes eléctricas vienen reclamando elevar esos límites de inversión para acelerar el despliegue y modernización de sus redes. Sin embargo, el último informe de análisis económico-financiero del negocio de la distribuido elaborado por la CNMC desvela que en los últimos cinco años las compañías no alcanzaron ese límite que piden eliminar. Entre 2018 y 2022, la inversión media ejecutada por las cinco grandes compañías fue de 1.517 millones de euros al año, "por debajo del límite de inversión en todos los años de dicho periodo", subrayaba el supervisor en su informe. La inversión máxima se registró en 2022 y ascendió a 1.722 millones de euros, pero aquel año el tope legal a la inversión para el conjunto de la actividad de distribución fue de 1.837 millones de euros.