El jefe de Glovo declara ante el juez: ¿Qué pasará ahora? ¿Cuándo habrá sentencia?

El consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, compareció este martes a las diez y cuarto de la mañana ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona. En una escueta declaración de aproximadamente unos 15 minutos, el directivo defendió que su voluntad en todo momento fue atender a las peticiones de Inspección de Trabajo y que con el reciente anuncio de contratar a sus repartidores pretende cesar las divergencias con la autoridad laboral.

La declaración del cofundador de la empresa de las mochilas amarillas -para la que reparten unas 15.000 personas en toda España- abre un punto y seguido en un proceso judicial que no ha hecho más que empezar. Este puede no llegar a juicio si antes hay un acuerdo entre las partes y en el que todavía podrían sumarse más acusaciones. De momento, el sindicato CGT ha dado un paso adelante y se ha personado como acusación particular.

El proceso judicial contra Óscar Pierre y Glovo se abrió a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía de Barcelona que, con anterioridad, había realizado una investigación previa. Fue la Inspección de Trabajo quien comunicó a la fiscalía las supuestas desobediencias por parte de la empresa, tanto a sus requerimientos con a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Por el juzgado ya han pasado decenas de repartidores, tal y como pedía la fiscalía, y Pierre. 

Ahora se inicia una nueva etapa, no menos importante. Las acusaciones particulares, la defensa y la fiscalía podrán solicitar nuevos testigos y aportar documentación. Además, se está debatiendo si es procedente o no la aceptación de otra acusación, en este caso popular.

Más comparecencias

Actualmente, el proceso judicial se encuentra en fase de instrucción. Es decir, la magistrada está investigando si la denuncia de la fiscalía sobre Glovo tienen base y si hay o no caso. Para ello todavía deben pasar a declarar ante la magistrada más personas. Lo habitual en asuntos de estas características es que el juez cite a los inspectores de Trabajo para que relaten los requerimientos efectuados a Glovo durante los últimos años.

Y es que durante la última década equipos de agentes de la 'policía laboral' de las principales ciudades de España han dedicado una cantidad ingente de horas a supervisar y evaluar el modelo laboral de Glovo. Desde que comenzó a operar en 2015, más de 250 millones de euros abonados a la Seguridad Social, entre requerimientos y sanciones.

Y en las próximas semanas se sumará otra sanción por parte de la autoridad laboral que podría superar los 500 millones de euros, según avanzó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. En estos años la autoridad laboral ha obligado a la empresa a dar de alta como asalariados a unos 60.000 repartidores. Ahora la magistrada deberá verificar, entre otros, si Glovo efectivamente trató de cumplir con esos requerimientos o, por el contrario y como sostiene Fiscalía, los ignoró y evitó cumplirlos.

Juicio

Una vez finalizada la fase de diligencias, la jueza deberá determinar si ha hallado indicios suficientes de delito y, de ser así, proceder a enviar el caso a juicio. Fase que puede tardar todavía meses en producirse y es que el proceso de instrucción puede alargarse hasta un año.

Antes de iniciar el juicio la magistrada puede decretar medidas, como, por ejemplo, prisión preventiva para el acusado, cosa que no ha ocurrido con Óscar Pierre, o el embargo de parte de sus bienes. Si bien en los supuestos delitos vinculados con la contratación -algo sobre lo que hay muy escasos precedentes-, medidas privativas de este tipo no suelen ser habituales. Tras la declaración del consejero delegado de Glovo, nadie ha pedido, por el momento, medidas cautelares.

Si la jueza considera que existen indicios de delito, la togada dará traslado de la causa a la fiscalía y a las acusaciones para que presenten, si lo consideran adecuado, un escrito en el que se detallan los delitos de los que se le acusa a Pierre y a Glovo. Después, vendrá el turno de la defensa.

En todo este proceso no es descartable que se produzcan contactos entre la empresa y fiscalía para llegar a algún tipo de acuerdo que evite el juicio. De hecho, ya se han producido comunicaciones entre la propiedad de Glovo y el Gobierno, según explican fuentes conocedoras.

En paralelo, la empresa iniciará su anunciado proceso de laboralización de los repartidores, que puede condicionar una hipotética negociación entre la Fiscalía y Glovo de cara a acordar y evitar ir a juicio. En todo ello, el sindicato CGT, como acusación particular, puede condicionar el proceso y ser informado de cualquier posible acuerdo entre las partes.