El jefe de Glovo defiende que la promesa de contratar a los riders un día antes de declarar "no es una estrategia de defensa, es una coincidencia"

El consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre Miquel, ha declarado este martes ante el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, investigado por un supuesto delito contra los derechos de sus trabajadores. El cofundador de la empresa ha defendido ante la magistrada que el anuncio de contratar a sus repartidores y abandonar el modelo de falsos autónomos que le imputa la fiscalía "no es una estrategia de defensa, es una coincidencia", según han explicado fuentes judiciales conocedoras del proceso. También ha reiterado que, hasta ahora, considera que han operado respecto a la legalidad y que el cambio de criterio responde a una voluntad de no generar más enfrentamientos con la autoridad laboral.

La compañía de reparto anunció este pasado lunes, un día antes de la declaración de su consejero delegado, que iniciaba el proceso para contratar a sus repartidores. Rompiendo así con el modelo de falsos autónomos, tal como ha definido la Inspección y el Tribunal Supremo, con el que lleva operando desde su fundación, en 2015. Actualmente, según la propia compañía, unos 15.000 repartidores operan como autónomos para Glovo. Y en los casi 10 años de vida de la sociedad, Trabajo ha regularizado a unos 60.000 repartidores, que en algún momento u otro de esa década han tenido una relación laboral con la firma de las mochilas amarillas, según datos publicitados este pasado lunes por el Ministerio. 

Pierre ha admitido ante la jueza que el cambio de modelo laboral de operar con los repartidores ha sido para evitar más discusiones y enfrentamientos con la Inspección de Trabajo y bucas "lapaz social", según fuentes jurídicas. El primer ejecutivo de la compañía ha declarado en calidad de imputado por un delito contra los trabajadores durante tan solo 15 minutos y ha contestado a las preguntas de la fiscalía y de la defensa.

Óscar Pierre, según las mismas fuentes, ha sostenido ante la jueza que, a su entender, la forma de actuar de la compañía respecto a los repartidores ha sido "la correcta" y "legal". Según la versión del consejero delegado, Glovo ha ido acatando los sucesivos requerimientos que le ha ido remitiendo la Inspección de Trabajo, desde aquella primera acta remitida en Barcelona en 2019 y que acreditó que la sociedad operaba con falsos autónomos en la capital catalana desde 2016. Versión que se contradice con la propia autoridad laboral, que posteriormente ha vuelto a sancionar a la compañía tanto en Barcelona como en las principales ciudades de toda España, aplicando sanciones adicionales por reiteración de las faltas.

“Oscar Pierre ha dado profusas explicaciones acerca de cómo Glovo jamás ha desatendido a requerimientos y resoluciones judiciales referidas a su modelo de relación con los repartidore. Precisamente, ha modificado su modelo de relación con arreglo aaquéllos dictados, y las últimas siete resolucions de la Audiencia Nacional confirmanese buen hacer al haber ratificado la condición de autónomos de los repartido", afirma el abogado de Glovo, Cristóbal Martell. 

En este proceso también se ha personado el sindicato CGT, como acusación particular. Raúl Maíllo, abogado de la central, estudia ahora presentar diligencias previas antes de concluir el proceso instructor. Desde el sindicato pretenden apretar a Fiscalía y tratar de garantizar que se cierre un buen acuerdo de laboralización que beneficie a todos los repartidores.

Voluntad de evitar choques con Inspección

El consejero delegado se ha ratificado en la versión que ha ido defendiendo en público la empresa y le ha dicho a la jueza que Glovo iba modificando su modelo laboral a medida que iba recibiendo requerimientos de Inspección y siguiendo el criterio que marcó el Tribunal Supremo, de las que tenía conocimiento. En este sentido, la Fiscalía de Barcelona detalla en su denuncia hasta 18 sentencias, incluyendo el fallo del alto tribunal, contrarias al modelo laboral de Glovo y que prueban que entre la compañía y sus repartidores impera una relación propia de asalariados. Así como siete requerimientos previos, en distintas ciudades, de Inspección de Trabajo.

Según la fiscalía, a pesar de esas resoluciones, Glovo "continúa manteniendo la misma relación de trabajo con sus trabajadores, [...] quienes se siguen viendo obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa, lo cual constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social".

La fiscal del caso, Raquel Carrillo, le ha ido preguntando a Pierre por cada uno de los requerimientos realizados por la Inspección de Trabajo y las contestaciones "genéricas" que remitía la compañía. El consejero delegago de Glovo ha explicado que, en su opinión, las respuestas que se remitían eran suficientes, a la vez que ha asegurado que estaba en "constante comunicación con la Inspección". La acusación pública le ha insistido sobre esos requerimientos y el por qué no regularizó a los repartidores que habían ganado el pleito en el Tribunal Supremo.

 “Oscar Pierre ha dado profusas explicaciones acerca de cómo Glovo jamás ha desatendido a requerimientos y resoluciones judiciales referidas a su modelo de relación con los repartidores. Precisamente, ha modificado su modelo de relación con arreglo a aquéllos dictados, y las últimas siete resoluciones de la Audiencia Nacional confirman ese buen hacer al haber ratificado la condición de autónomos de los repartidores”, según el abogado defensor Cristóbal Martell.