El Gobierno aprobará el lunes la prórroga del gravamen a las energéticas sin atar los votos de Junts, PNV y Podemos

Sin haber logrado atar aún los votos imprescindibles de Junts, PNV y Podemos para su ratificación, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del lunes un decreto ley para la prórroga del gravamen a las energéticas, que incluirá bonificaciones para los proyectos de inversión en renovables, y su posterior transformación en un impuesto directo.

Así lo han comunicado este miércoles los grupos parlamentarios de ERC, EH Bildu y BNG tras participar en el Congreso de los Diputados en una reunión con representantes del Ministerio de Hacienda, PSOE y Sumar. "El Gobierno se ha comprometido con ERC, EH Bildu y BNG a aprobar la prórroga del gravamen en el Consejo de Ministros antes de fin de año; es la única vía posible para garantizar su entrada en vigor el 1 de enero de 2025", han comunicado las formaciones soberanistas catalana, vasca y galega al término de una reunión en la que habían decidido no participar ni Junts, ni PNV, ni Podemos.

El rechazo de Junts a cualquier tipo de gravamen extraordinario sobre el sector energético; las reticencias de los nacionalistas vascos en la misma dirección y el 'no' de Podemos a suavizar el gravamen con deducciones anticipan que el decreto ley, después de ser aprobado por el Consejo de Ministros, puede quedar convertido en papel mojado en cuanto se someta a votación en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, los grupos que se han reunido este miércoles interpretan que si existe una sola posibilidad de que el gravamen siga adelante es por la vía de la rápida aprobación de un decreto, en el tiempo de descuento de lo que queda de año. "La fórmula pactada -decreto y posterior tramitación- es la única vía posible para asegurar su entrada en vigor el 1 de enero de 2025, así como su conversión en impuesto en pocas semanas y su concertación con las haciendas forales vasca y navarra", se explica en el comunicado conjunto de ERC, Bildu y BNG.

"El real decreto se aprobará en el Consejo de Ministros, se debatirá en el Congreso y cada partido político deberá decidir y dar cuenta de su posición ante la ciudadanía", siguen explicando las tres formaciones nacionalistas. Lo cierto es que existe un riesgo muy elevado de que en el momento de debate y votación en el Congreso, el real decreto pueda ser tumbado. Sobre todo si Junts vota en contra de él.

Las dos consecuencias de una no aprobación

El actual gravamen extraordinario sobre las energéticas fue aprobado con carácter temporal para cobrarlo en los ejercicios 2023 y 2024 (sobre la facturación obtenida por las empresas en 2022 y 2023). Si el real decreto ley que aprobará el Consejo de Ministros el lunes resulta tumbado y no se prorroga el actual gravamen desde el 1 de enero de 2025, resultará que la facturación obtenida por las empresas energéticas en 2024 quedará libre de unos cargos que, de otro modo, tendrían que liquidar en febrero y septiembre de 2025 (en dos pagos).

Además, si se tumba el decreto tampoco se logrará el propósito de transformar en impuesto permanente el actual gravamen (que en realidad no es un tributo, sino una aportación patrimonial) con efectos desde el 1 de enero de 2025, para que pueda afectar a los ingresos de 2025 y pueda ser liquidado en 2026 (y así en años sucesivos).

En el pasado, el PNV solo se ha abierto a respaldar una carga adicional sobre las energéticas si deja de ser gravamen (aportación patrimonial) y se convierte en un impuesto directo. Solo así, Euskadi y Navarra pasarían a tener competencia normativa sobre esta figura y su recaudación.

"Desde las fuerzas de izquierdas debemos ser claras y sinceras con la ciudadanía para no confundir a nadie", asumen ERC, Bildu, y BNG. "Debido a la actual aritmética parlamentaria, durante la tramitación del proyecto de ley [de un impuesto mínimo global del 15% para las multinacionales] no fue posible convertir el gravamen a las energéticas en un impuesto permanente tal como proponíamos en nuestras enmiendas. La única forma de evitar su desaparición a partir del 1 de enero de 2025 es la que hemos acordado: una prórroga mediante real decreto ley", explican los firmantes, conscientes de las dificultades de que su propósito logre prosperar finalmente.