El Gobierno transfiere las casas de Muface y Adif a su nueva empresa pública de vivienda, pero deja fuera Sareb

Primera gran revolución en la nueva empresa pública de vivienda del Gobierno. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la transferencia de todas las viviendas propiedad de varias empresas públicas a la entidad estatal de suelo Sepes, que se encargará de su gestión y puesta en el mercado. Además, el Ejecutivo ha modificado la ley de contratos del sector público para permitir a esta sociedad dependiente del Ministerio de Vivienda la promoción de viviendas en alquiler de la mano de inversores privados.

En las próximas semanas, Sepes pasará a ser el nuevo dueño de los inmuebles residenciales hasta ahora propiedad del INVIED (Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa), Adif y SIEPSE (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado). Adicionalmente, Muface y Patrimonio Nacional cederán la gestión de sus viviendas a Sepes, aunque conservarán la propiedad.

Ha quedado excluido de esta operación Sareb, el 'banco malo' que sirvió para el rescate de las cajas de ahorros, que es uno de los principales propietarios del país. Fuentes de Vivienda y Agenda Urbana no facilitan el número de pisos con los que pasará a contar Sepes una vez se ejecuten las transferencias, aunque sí confirman que deberá comprarlos a través del "procedimiento de enajenación previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas".

Empuje a Sepes

La transferencia de las viviendas de las empresas públicas es un paso más en la constitución de una empresa pública de vivienda estatal, una promesa anunciada por el presidente Pedro Sánchez durante el 41º Congreso Federal del PSOE a principios de mes. La intención del Gobierno es crear una sociedad pública "capaz de construir y gestionar viviendas". El primer hito fue la reclasificación de Sepes al grupo uno de entidades públicas empresariales, situándose a la altura de otras como Adif, Renfe o Correos.

Este cambio permite a la entidad actuar en todo el ciclo residencial, desde la fase de urbanización de los suelos hasta la posterior construcción, entrega de llaves y gestión de las viviendas una vez alquiladas. Además, Sepes ha creado una Dirección del Parque de Vivienda Asequible, que se encargará de la gestión inminente de viviendas, y una Dirección de Transformación, cuyo cometido será el desarrollo de un nuevo plan estratégico para la empresa pública.

Modificación de la ley de contratos del sector público

El Gobierno ha aprovechado el último Consejo de Ministros del año también para modificar la ley de contratos del sector público para "impulsar la promoción de vivienda pública y avanzar en la simplificación y flexibilización del marco normativo para facilitar la aplicación de las distintas fórmulas de colaboración público-privada recogidas en la ley por el derecho a la vivienda", según han informado en un comunicado a los medios de comunicación.

Este cambio legislativo incluye nuevas particularidades en las licitaciones de concesiones para la promoción de viviendas en alquiler asequible, aquellas en las que las diferentes administraciones promueven viviendas destinadas al arrendamiento sobre suelos de titularidad pública, aunque con fondos de inversores privados. Esta fórmula ya es utilizada por varias comunidades, como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía, y empresas privadas, como Sareb, que tiene su primera licitación en marcha.

También se ha incluido en el último Real Decreto-ley del año una ampliación de un año a las deducciones en el IRPF por llevar a cabo obras de mejora de la eficiencia energéticas en viviendas. Durante 2021, 2022 y 2023, los tres años que ha estado en vigor estos ahorros fiscales, se han beneficiado de esta ayuda casi 123.000 inmuebles, con un ahorro para el contribuyente de casi 320 millones de euros.