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Factoría de Airbus en Sevilla / Jesús Barrera
Airbus y los siete países clientes de su avión de transporte militar A400M han alcanzado un principio de acuerdo para flexibilizar las estrictas condiciones del contrato que insuflarán oxígeno al programa.
Los detalles de la enmienda al contrato –que se firmará a lo largo de este año– girarán en torno a varios ejes: un plan de entregas actualizado y una hoja de ruta que recogerá el desarrollo y puesta en marcha de las capacidades militares de este aparato, un aspecto que Airbus tampoco había conseguido cumplir con sus clientes. De hecho, Alemania había exigido al constructor aeronáutico compensaciones económicas por los retrasos en las entregas y la demora en la implementación de las capacidades tácticas. En los últimos meses Airbus ha tratado de minimizar el impacto económico de las indemnizaciones, aspecto en el que el comunicado enviado ayer no profundiza.
La declaración de intenciones firmada ayer supondrá retrasar las entregas a las naciones lanzadoras para permitir a Airbus priorizar las entregas a potenciales nuevos países compradores. El fabricante aeronáutico valoró que este pacto supone «un importante paso para mitigar riesgos y asegurar el futuro del programa» y proporciona una nueva base sobre la que evaluar el contrato de este avión militar.
«Es una buena oportunidad para parar o al menos reducir el sangrado y entregar las capacidades que nuestros clientes necesitan», consideró el consejero delegado de Airbus, Tom Enders, en la nota.
El A400M se ha convertido en un lastre para las cuentas de la compañía, que solo en 2016 computó un cargo extra de 2.200 millones de euros a sumar a una factura de en torno a 5.000 millones desde que aparecieran los primeros problemas técnicos y retrasos en las entregas. Solo habrá que esperar unos días, hasta el próximo jueves, para conocer qué impacto tendrá este programa en los resultados del grupo en 2017 y saber si decide realizar nuevas provisiones de fondos, cuestión que la empresa está estudiando.
No es la primera vez que los gobiernos de los países clientes del A400M –Alemania, Francia, el Reino Unido, España, Turquía, Bélgica y Luxemburgo– ceden ante las exigencias de Airbus y asumen parte de los sobrecostes del programa. Ya en 2010 aceptaron contribuir con una financiación adicional –un desembolso de 2.000 millones y 1.500 millones en créditos reembolsables con cargo a futuras exportaciones del avión– y así compartir el sobrecoste por los problemas de un avión que nació con un precio cerrado (20.000 millones) a pesar de que su diseño y desarrollo se iniciaba desde cero, incluyendo los motores. De hecho, esa complejidad ha sido el argumento esgrimido por Airbus para pedir la colaboración a los países.
Precisamente el CEO de Airbus, Tom Enders, reclamó hace justo un año a los siete países clientes agrupados en la OCCAR (Organización para la Cooperación en materia de Armamento) una renegociación de las condiciones del contrato por segunda vez después de la de 2010. Un guante que los gobiernos recogieron un mes más tarde, cuando consintieron en abrir las conversaciones.
Tom Enders consideró que «este acuerdo con nuestros clientes es un importante paso para mitigar riesgos remanentes en el programa», al tiempo que agradeció a las naciones «el apoyo en este esfuerzo y compromiso continuo hasta que firmemos una enmienda al contrato que nos beneficie mutuamente». Sin embargo, según Financial Times, no ha sido un acuerdo unánime sino que al menos uno de los siete países ha mostrado su disconformidad para aceptar el nuevo calendario de entregas previsto.
Un ritmo más lento de producción
2018 supone una nueva etapa en la vida del programa. Es el primer ejercicio en el que la compañía ha decidido rebajar la cadencia de producción de aviones para extender los años de vida del avión militar que tiene en Sevilla su centro de montaje y de entregas.
El máximo responsable de Airbus Defence & Space, Fernando Alonso, reseñó en un encuentro reciente con medios que 2017 cerró con una veintena de aparatos entregados, mientras que para este año se prevé reducir esta cifra hasta 15 unidades y bajarla hasta las 11 entregas en 2019.
Alonso precisaba que de continuar a un ritmo de 20 entregas anuales, el programa se acabaría en un plazo muy corto de años. El programa cuenta con 174 encargos, de los que 58 ya han sido entregados a sus clientes desde el primer aparato que recibió Francia a mediados de 2013.
El Ejército del Aire español ya cuenta con dos aparatos, que tienen su base en Zaragoza, y se espera que reciba otros dos aviones a lo largo de 2018. España asuma un total de 27 pedidos, si bien ha mostrado su intención de quedarse con 14 aparatos y vender los 13 restantes a terceros países, en línea a con las restricciones presupuestarias del Ministerio de Defensa.
La supervivencia del programa pasa por conseguir ventas de exportación. A pesar de las campañas comerciales, aún no se ha logrado concretar ninguna operación. Sobre la mesa, tres ofertas a países en espera de que fructifiquen.