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Fotografía de archivo que muestra las tuberías que transportan el agua del trasvase Tajo-Segura, a su paso por la huerta alicantina. EFE/Morell
La Mesa del Agua de Almería se suma este miércoles a la concentración contra el recorte del trasvase del Tajo-Segura convocada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ante las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en Madrid para protestar contra la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Ribera a la que acusan de firmar la "sentencia de muerte del sector agroalimentario" de Levante. El decreto del Gobierno refleja un aumento del caudal ecológico del Tajo, lo que supondría que habría que rebajar el trasvase de agua del Tajo al Segura, afectando al regadío de una manera muy importante a la agricultura de Alicante, Murcia y Almería.
La entidad considera que la revisión a la baja del trasvase Tajo-Segura "pone contra las cuerdas" al sector agrario, ya que no existe "alternativa" a la disminución del volumen de agua disponible.
Por otro lado, alcalde de Pulpí (Almería), Juan Pedro García, ha llamado a participar en la concentración ya que, según ha remarcado, "sin agua no tenemos futuro, no solamente en el tema agrario, sino para cualquier otro ámbito de nuestra sociedad" al tiempo que ha subrayado que el municipio "depende" del agua procedente del trasvase Tajo-Segura.
"No es sostenible para nuestra agricultura y por ello nos encontramos en la obligación de sumarnos a la movilización y hacer este llamamiento a todos los regantes para evitar las consecuencias", ha concluido.
La Comunidad de Regantes de Pulpí ha puesta a disposición de autobuses con salida sobre las 4,00 horas del día 11 desde la zona de aparcamiento del Pabellón Municipal de Deportes 'La Legua'.
La protesta comenzará en la Plaza de San Juan de la Cruz en torno a las 10.30 horas bajo el lema "En el Levante, sin trasvase, desierto y paro" ante acuerdo para aumentar el caudal ecológico del río Tajo de aquí a 2027 que supondrá una disminución de las aportaciones del acueducto Tajo-Segura a los caudales de las provincias de Alicante, Murcia y Almería de unos 105 hectómetros cúbicos.
Los regantes protestan porque estiman que este recorte a las transferencias de agua de riego provocarán la pérdida de 15.000 empleos y una reducción de valor patrimonial de 5.692 millones de euros y defienden que "no hay alternativa a la disminución del volumen de agua disponible".
Para el Círculo por el Agua y SCRATS, esta decisión carece de justificación técnica y deriva de la propuesta de incrementar los caudales mínimos en el eje del río Tajo, lo que supone una rebaja de los caudales susceptibles de ser trasvasados.
En concreto, explican que la previsión de disminución de aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería es de 105 hectómetros cúbicos, lo que representa 78 hectómetros menos para el regadío que la media actual y 27 hectómetros cúbicos menos para abastecimiento de la población.
Los convocantes califican de "paradójico" que el Levante tenga que "seguir luchando" para disponer de los recursos necesarios para seguir generando riqueza, empleo y progreso. Así, opinan que esta es una "clara evidencia de que algo se está haciendo mal" en la planificación hidrológica española.
Aumento del precio del agua desalada
Por otro lado, advierten de que esta disminución de aportación hídrica a través del trasvase se traducirá en un aumento del precio del agua de boca para los consumidores, porque aumentará la dependencia del agua desalada, cuyo coste e impacto ambiental es mayor.
Con todo, aseguran que las medidas de mejora de la depuración y la modernización de regadíos en la cuenca del Tajo son una evidencia de que la causa de que no se alcance el buen estado ecológico del río no es la falta de caudal, por lo que, a su juicio, "existe una intencionalidad exclusivamente ideológica del Gobierno de España".
Así, acusan al Ejecutivo de haber puesto "entre las cuerdas" al sector agrario que tiene mayor índice de productividad en España, así como de "desestabilizar el futuro de toda la sociedad del Levante", dejando a un lado los criterios de solidaridad, sostenibilidad y vertebración del territorio.
La vicepresidenta defiende el recorte del trasvase
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha apostado por encontrar soluciones reales, pragmáticas y constructivas a los problemas reales y ha lanzado un aviso: «Lo peor sería pensar que se depende exclusivamente de haya agua en cabecera de Tajo, porque nos encontraríamos, como se encontró la ministra (Isabel García) Tejerina teniendo que reducir el trasvase a cero durante meses. Esto sí que sería enormemente dramático». El decreto del Gobierno refleja un aumento del caudal ecológico del Tajo, lo que supondría que habría que rebajar el trasvase de agua del Tajo al Segura, afectando al regadío en las regiones de Alicante, Murcia y Almería
«No basta hablar de volúmenes promedio de agua, hay que estar preparados para los dos excesos, años con ciclos muchos más largos de extrema sequía y períodos de inundaciones enormemente duros», ha aseverado.
Ha defendido además que la planificación hidrológica actual, a diferencia de la anterior, responde por primera vez a la realidad del cambio climático, y ha recordado que los planes hidrológicos incorporan más de 8.000 millones de inversión entre 2022 y 2027, que se repartirán entre Murcia (1.100 millones), Alicante (540 millones) o Almería (44 millones en Almería».
Dinero destinado a incrementar en más de 150 hectómetros cúbicos (hm3) la desalación», aumentando «con creces el volumen de agua que se necesita», para facilitar la reutilización, para impulsar en energías renovables y que el coste del agua sea asumible por los agricultores.
Ribera ha señalado que los costes de agua desalada deben «ser razonables, que puedan ser asumidos para conectar las distintas desaladoras, para garantizar que hay agua».