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El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el Congreso. / Chema Moya (Efe)
La ejecución «rigurosa» de los presupuestos podría ser suficiente para que ocho comunidades, entre ellas Andalucía, cumplieran con el nuevo objetivo de déficit para este año, del 0,7 por ciento, según recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe de evaluación del Programa de Estabilidad 2016-2019.
Con el cumplimiento de sus presupuestos y la confirmación del impacto económico de las medidas ya previstas en algunos de ellas, además de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja podrían estar dentro del objetivo de déficit, hasta un resultado agregado del 0,4 por ciento del PIB, por lo tanto, para estas regiones no sería necesario adoptar, en este momento, un acuerdo de no disponibilidad sobre sus presupuestos iniciales.
Sin embargo, advierte de que otras nueve volverían a incumplir hasta completar un déficit conjunto del 1,1 por ciento del PIB: Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia y Valencia.
La AIReF cree que la nueva previsión de déficit de las comunidades, del 0,7 por ciento del PIB «puede que no sea suficientemente ambiciosa para que este subsector logre los 2.000 millones de euros adicionales de consolidación que permitirían alcanzar el 3,6 por ciento dada la evolución prevista de sus ingresos y la dinámica de sus gastos».
En su informe, emitido coincidiendo con la apertura de la nueva ronda de consultas de los partidos con el Rey para tratar de formar Gobierno, la AIReF avisa de que «para que sea sostenible en el tiempo y pueda reducirse el déficit público por debajo del tres por ciento en 2017, como prevé el Gobierno, es necesario adoptar medidas con vocación de permanencia no garantizada con un acuerdo de no disponibilidad de gasto de vigencia anual».
Esto quiere decir que el nuevo Gobierno habrá de hacer algo más que cumplir los acuerdos de no disponibilidad de gasto en el Estado por importe de 2.000 millones o aplicar la regla de gasto en las comunidades. «Será necesario que un nuevo Gobierno, ya no en funciones, elabore un nuevo Programa de Estabilidad con un horizonte de medio plazo donde se visualice un compromiso creíble con el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad de las finanzas públicas», añade.
Sobre el contenido del programa de estabilidad que el Gobierno prevé aprobar el 29 de abril para su remisión a Bruselas, el organismo presidido por José Luis Escrivá señala que España sólo necesitaría un esfuerzo de consolidación de unos 4.000 millones de euros para reducir el déficit público al 3,6 por ciento del PIB. A los 2.000 millones de ajuste presupuestario del Estado anunciados por el Gobierno, se tendrán que sumar otros 2.000 millones de ajuste que entiende tendrá que proceder de las comunidades, «dado que no hay medidas anunciadas para la Seguridad Social ni para las corporaciones locales».
En esa senda, cree que el Gobierno debe «concretar y transparentar» los detalles del acuerdo de no disponibilidad de créditos del Estado.
Por otro lado, AIReF avala el cuadro macroeconómico que acompaña a las proyecciones fiscales, pero cree que la senda de consumo público proyectada a partir de 2017 parece «demasiado restrictiva», por lo que, de mantenerse, recomienda revisar «ligeramente a la baja» el crecimiento previsto para 2018 y 2019.