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El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, descarta que España vaya a ser multada. / Chema Moya (Efe)
La Comisión Europea comunicó ayer oficialmente que España no hizo todo lo posible para cumplir con el déficit público del año 2015 y le exigió nuevos recortes. Sin embargo, todavía se podría esquivar la multa.
Bruselas hizo público el dictamen por el que acusa a España de haber incumplido deliberadamente el objetivo de déficit en 2015 (4,2 por ciento), un documento que inicia la cuenta atrás hacia una multa de hasta 2.000 millones de euros y hacia la congelación de hasta el 50 por ciento de los fondos estructurales. El Ecofin del próximo 12 de julio decidirá si valida la decisión. Mientras, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, se mostró convencido ayer de que Bruselas no multará a España, dado que es la economía de la zona euro que más crece. Eso sí, dijo que su garantía para confiar en que no haya sanción es «el sentido común».
Lo cierto es que la Comisión Europea decidió ayer que España «no ha tomado medidas eficaces» para corregir el déficit, un veredicto que abre ahora la puerta a que se convierta, junto con Portugal, en el primer país miembro en ser multado, pero la sanción debe ser aún decidida y puede quedar finalmente reducida a «cero».
El déficit de España alcanzó en 2014 el 5,9 por ciento del PIB y en 2015 el 5,1 por ciento, si se incluye en ambos casos la ayuda financiera a la banca, frente al 5,8 y del 4,2 por ciento, respectivamente exigido, y así se alejó definitivamente de poder bajarlo al 2,8 por ciento en 2016. España tenía que haber hecho un esfuerzo estructural entre 2013 y 2015 del 2,7 por ciento del PIB para corregir el déficit, pero con un 0,6 por ciento efectuado, se quedó «muy por debajo».
A juicio de la CE, «la relajación de la política fiscal en 2015 tuvo un gran impacto» en el desvío. De esta manera, las medidas de consolidación, por ejemplo en el marco de las reformas de la Administración Pública y del sistema de pensiones, «fueron insuficientes para compensar el impacto de algunas medidas expansivas implementadas en 2015, como la rebaja del IRPF y del impuesto de sociedades y la devolución parcial de la paga extra de Navidad», sentencia.
La Comisión admite que la inflación baja o incluso negativa esgrimida por el Gobierno en funciones «dificultó» que España alcanzara los objetivos fijados, pero sostiene que este hecho fue «ampliamente compensado por un crecimiento más elevado de lo esperado del PIB real», y también la «creación rápida de empleos», entre otras cosas, «benefició la reducción del déficit».
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE tendrán ahora que decidir, el próximo martes, si España no ha tomado medidas efectivas, un asunto que figura ya en la agenda del Ecofin y que un día antes en el Eurogrupo será objeto de debate.
España tiene entonces 10 días para presentar a la CE una solicitud razonada para explicarle los motivos por los que debe cancelar la multa, la cual asciende en el peor de los casos a 2.200 millones de euros e implica la suspensión de compromisos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. La CE puede tener en cuenta «circunstancias económicas excepcionales» para limitar o cancelar la multa a España, que tiene de su lado a Italia y Francia, pero en contra a Holanda y Alemania.
El vicepresidente para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, recalcó que «tenemos que tener en cuenta que estamos lidiando con las secuelas de la crisis financiera y económica» y «el esfuerzo hecho ya», algo que secundó el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.
España ha reducido el déficit desde el 11 por ciento del PIB registrado en 2009 al 10,4 por ciento en 2012 y al 5,1 por ciento en 2015.
La CE debe presentar su propuesta de multa en un plazo de 20 días a partir de la decisión del Ecofin, algo que puede decidir en su reunión del 27 de julio y tras lo cual la recomendación quedaría aprobada por el Consejo salvo que éste decida en 10 días por mayoría cualificada rechazarla o enmendarla.
Moscovici pidió «no especular» ahora sobre la multa, pero aseguró que se aplicarán las reglas de manera inteligente y que «no hay ninguna voluntad de castigar» a España y Portugal.
La decisión requiere definir de nuevo los objetivos fiscales y la senda de reducción del déficit, explicó Dombrovskis. De guía puede servir la recomendación de la CE de mayo, en la que propuso que España reduzca el déficit al 3,7 por ciento en 2016 y al 2,5 por ciento en 2017, con lo que recibiría un año extra, pero la CE reconoció ayer que quizás sea necesario reajustar la senda. En esa recomendación pidió además a España un ajuste de más de 8.100 millones de euros. En un documento de trabajo que sirve de análisis para la decisión de ayer, la CE prevé que España tampoco cumpla en 2017.