Cárcel por hurtar en el campo

En invierno de madrugada, como bien saben los olivos y naranjos, y en verano aprovechando la siesta, cuando azota el solano y nadie se asoma a los caminos. A veces el daño colateral es tan o más grave que los kilos de aceitunas, naranjas o tomates robados: cercados y tuberías rotos, sin contar el susto en el cuerpo. Y cuando de cobre o hierro se trata, arramplan con todo, destrozando contadores de riego, puertas, maquinaria o aperos de labranza.

Parecían olvidados pero la crisis económica trajo de nuevo a los amigos de lo ajeno a la actualidad de la agricultura andaluza. Hurtos de productos agrarios, de material (transformadores, aspersores, cables, placas solares, contadores de agua, equipos de riego) y también de ganado cuando ya ni siquiera se recordaba ni usaba la palabra cuatrero. El problema añadido: la enorme reincidencia ante faltas no penadas, esas que nutren de hortalizas, frutas, patatas y demás a camionetas, puestos ambulantes o centros de recogida, estén autorizados o no, donde no preguntan de dónde viene la mercancía.

Denuncia tras denuncia y aburrimiento de tanto denunciar. Sí, ésa era la realidad de los agricultores. Elevaron su voz y en la Guardia Civil se gestaron y desplegaron grupos específicos contra robos en las áreas rurales: los ROCA. Vigilancia de las furgonetas en las épocas de aceitunas o castañas, venga esa documentación de la cosecha, quién es usted y qué hace en esta finca. Casi dos años desde su creación, y las cifras hablan de efectividad.

Balance del primer trimestre de 2015. Las sustracciones en explotaciones agrarias y ganaderas bajaron un 15,80 por ciento en Andalucía con respecto al mismo periodo del año pasado, según se desprende de las estadísticas periódicas sobre evolución de la delincuencia elaboradas por el Ministerio del Interior.

En la provincia de Sevilla, los robos se redujeron el 38,4 por ciento entre enero y marzo, pasando de 450 a 277. Se trató de la provincia con mayor caída de este tipo de delitos. Junto a tal descenso, la labor de patrulla de los equipos ROCA desplegados permitió efectuar 303 detenciones e imputar a 378 personas en Sevilla. Y se contabilizan 484 denuncias desde su entrada en funcionamiento en octubre de 2013.

Se avanza, sí, y hay coincidencia de las organizaciones agrarias en aplaudir la actuación de los agentes de la Benemérita, en un plan arbitrado por los ministerios de Interior y Agricultura. Pero cabe hacer más. No en vano, hace un par de meses, en plena rueda de prensa en Sevilla, a Ignacio Fernández de Mesa, presidente de la patronal Asaja de Córdoba, se le ponía la cara blanca tras recibir una llamada telefónica: «Me han robado por tercera vez en muy poco tiempo. Y tenía en la finca hasta cámaras de seguridad», relató.

Se puede hacer más y la reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado 1 de julio, pone mimbres adicionales al endurecer las penas por los delitos cometidos en el campo. Y hemos dicho delitos y no faltas –ver la tabla anexa a esta información–.

En efecto, por vez primera se contemplan los delitos patrimoniales cometidos en las explotaciones agrarias y ganaderas, penados incluso con la cárcel. Son ya, por tanto, palabras mayores...

Dice exactamente el texto legal: «El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años (...) cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas».

Hablan desde los Servicios Jurídicos de Asaja de Sevilla, que resumen en tres claves la importancia que entraña la reforma legal para el campo. «Primero, aflora el cambio de tipificación de los hurtos, que pasan a ser ahora considerados delitos leves en vez de faltas, y con la agravación del delito de receptación (cometido por quienes no han tomado parte pero, a sabiendas de la procedencia ilegal, asumen las cosechas o los materiales robados: por ejemplo, los gestores de un puesto de recogida de aceitunas, de una chatarrería o de un desguace) y la multirreincidencia. Segundo, se incorpora un delito de hurto agravado, sancionado con una pena de uno a tres años de prisión. Y tercero, se considera también como delito de hurto agravado, sancionado con la misma pena, la sustracción de conducciones, cableado, o equipos de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de telecomunicaciones».

Y ese agravante de la multirreincidencia se concibe como un factor clave, puesto que cerca a los delincuentes habituales, ésos que, cogidos mil veces con las manos en la masa, persistían al constatar que no les pasaba nada. «Anteriormente eran condenados por faltas de hurto y ahora podrán ser condenados por un delito de hurto agravado castigado con penas de uno a tres años, cuando ya hayan sido condenados por tres delitos patrimoniales».

Exhortan desde Asaja de Sevilla: «Agricultores y ganaderos, denuncien. Ya sabemos que nuestras denuncias no caerán en saco roto dado que la nueva legislación, ahora sí, nos ampara». Y su secretario general, Eduardo Martín, sentencia: «Debemos aprovechar el Código reformado para animarnos a todos, agricultores, Guardia Civil, Policía, administraciones y órganos judiciales, a seguir combatiendo con más firmeza este tipo de actos».