CESUR promueve medidas fiscales para recuperar la economía

Bajo el título “Propuestas sobre la política fiscal necesaria para asegurar, acelerar y fortalecer la salida de la crisis económica causada por la pandemia del covid-19”, la Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR, propone una batería de medidas fiscales (nacionales, autonómicas y locales) para facilitar la pronta recuperación de la economía española. Estas propuestas han sido trasladadas esta misma mañana tanto a presidencia del Gobierno, Ministerio de Hacienda, presidencia de la Junta de Andalucía y Consejería de Hacienda, presidencia de la Junta de Extremadura y Consejería de Hacienda.

Entre las propuestas presentadas por CESUR, el principal action tank del sur de España, se plantea al Gobierno nacional reformar, a medio plazo, los impuestos indirectos de los españoles y, sobre todo limitar, en ese mismo horizonte temporal, el elevado gasto público para obtener la financiación del plan Next Generation de la Unión Europea.

Tras 14 meses de pandemia, desde CESUR se requiere a la administración que de mayor certidumbre, sobre todo presupuestaria, para que las empresas puedan contar con la seguridad que necesitan para actuar y garantizar su rentabilidad y supervivencia. Para lo que los empresarios demandan acometer un catálogo de medidas urgentes, excepcionales y de carácter temporal, que coadyuven a una acelerada recuperación de nuestra economía y del empleo en España.

De esta forma, para “evitar una pandemia de carácter financiero”, los empresarios andaluces y extremeños solicitan seguir inyectando liquidez a sus empresas para que éstas puedan atender sus obligaciones a corto plazo. Para lograrlo, plantean facilitar un aplazamiento “a medida” de una serie de impuestos para los sectores más afectados. Así, las empresas que lo requieran, podrán tener un mínimo de pulmón financiero.

En este sentido, proponen atrasar de julio a octubre o diciembre el pago de la cuota del Impuesto sobre Sociedades a liquidar por la “modalidad del artículo 40.3”, permitiendo así calcular la cantidad a ingresar sobre el importe real de los beneficios actuales del ejercicio y no sobre los del ejercicio anterior. También plantean la supresión del pago fraccionado mínimo calculado sobre el resultado contable durante los periodos afectados por la crisis sanitaria. Ayudaría, sin duda, facilitar el aplazamiento del pago de los tributos locales mediante la modificación de la Ley de Haciendas Locales, como ya han hecho algunos ayuntamientos.

Por otra parte, desde CESUR se reclama agilización de las devoluciones tributarias, así como la de reconocimiento de supuestos nuevos de devolución en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como priorizar la tramitación, con todos los medios que sean necesarios, de los procedimientos de devolución derivados de la normativa de cada tributo.

Siguiendo con el IVA, los empresarios del sur consideran que resultaría preferente darle prioridad a la liquidez de autónomos y Pymes con las devoluciones, para permitirles reactivar su emprendimiento, y consideran que es necesaria la modificación de la normativa sobre ingresos del IVA de las facturas impagadas,

El documento -que recoge argumentos históricos y analiza la situación actual- contempla que es el momento de establecer alivios fiscales que permitan a las empresas usar los créditos fiscales ya generados en años anteriores, y reclama la necesidad de adecuar la finalización de los ERTEsa esa “nueva realidad”, basando el mantenimiento del empleo en incentivos de libertad de amortización de activos fijos, a los que se sumaría la creación de planes de contingencia de las empresas que refuercen su transformación digital y sus opciones de teletrabajo.

Con carácter extraordinario, se podría extender a todo el territorio nacional la deducción del 60 por ciento de la cuota efectiva del impuesto de sociedades de este año, medida adoptada con éxito por la Diputación Foral de Bizkaia, para las empresas que han tenido que reducir significativamente su actividad.

Desde CESUR plantean a las administraciones la necesidad de crear un plan de apoyo específico para el sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia, como han hecho otros países reduciendo tasas y bonificando contrataciones. También contemplan garantizar la confianza de los consumidores de bienes duraderos, preferentemente con estimulados fiscales temporales que inviten a la compra de viviendas o automóviles, sectores que definen como parte esencial de nuestro PIB, básicos para la reactivación de industrias como la siderurgia y otras igualmente esenciales para nuestra economía.

Desde una perspectiva no fiscal, pero sí de derecho público, puntualizan en la necesidad de que las empresas que tengan una alta dependencia del sector público, por su facturación o por pertenecer a sectores regulados, puedan apoyarse en políticas urgentes como el temprano pago a proveedores por parte de las Administraciones, o la activación de mecanismos acelerados de agilización de la contratación y de las licencias administrativas.

Por último, el documento – de ocho páginas- anima a las administraciones a fomentar con mayor intensidad la contratación de obra pública, quitando los límites de la actual ley de indexación, que vendría a generar mucho empleo, así como seguir con la apuesta por la internacionalización de nuestras empresas, volviendo a activar un régimen de exenciones.

A la vista de todo lo anterior, demandamos acometer, en el marco fiscal, un catálogo de medidas urgentes, excepcionales y de carácter temporal, que coadyuven a una acelerada recuperación de nuestra economía y del empleo en España.

La propuesta íntegra

Introducción. Marco Macroeconómico.

A principios de 2020, la economía española se encontraba en una fase positiva de crecimiento, que duraba más de cinco años y cuyos fundamentos eran más sólidos que en ciclos pasados pese a la persistencia de ciertos legados de la crisis. Frente a anteriores fases expansivas, el ciclo económico iniciado en 2014 había tenido un patrón más equilibrado, creciendo por encima de los principales socios europeos, pero sin generarse desequilibrios exteriores o tensiones en los precios y con una situación financiera más saneada en empresas y familias, aunque siguiese arrastrando determinados desequilibrios en términos de deuda, desempleo y desigualdad en la distribución de la renta.

El escenario económico implosionó por completo con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En paralelo a la evolución de la pandemia, la actividad económica mundial ha ido pasando por distintas fases, al adoptarse medidas de restricción de la movilidad y la actividad económica tanto en España como en el resto de mundo que se tradujeron en un impacto súbito y pronunciado en la actividad económica, con una disrupción de las cadenas de valor internacionales, seguida de restricciones a la oferta y contención de la demanda. Así, durante 2020 se ha registrado una intensa caída de la actividad para la mayoría de las economías europeas, de entre las cuales, España fue la deshonrosa protagonista con una caída de nuestro PIB del 108%.

Sobre la base de los indicadores disponibles y la elevada incertidumbre existente en torno a las previsiones -en gran medida dependiente de la campaña de vacunación y de la aparición de nuevos brotes del virus-, los analistas apuntan a un perfil en forma de V asimétrica para las principales economías europeas en los próximos dos años. En este contexto, la estructura productiva de la economía española, con un mayor peso de determinados sectores que han sufrido de manera particularmente intensa el impacto de la caída de demanda y movilidad (como es el caso del turismo, la hostelería, o el transporte de pasajeros), y la concentración de micro y pequeñas empresas (por debajo de 50 trabajadores), nos hacen especialmente vulnerables ante shocks de liquidez como el actual, especialmente en regiones como Andalucía, donde las PYMEs de los sectores antecitados suponen un porcentaje muy elevado de nuestro producto interior bruto.

Si bien la mejora económica y unos menores costes sanitarios asociados a la pandemia supondrán, en 2021, una reducción de las ratios de déficit y de deuda pública sobre el PIB ya en este año respecto de 2020, no debemos olvidar que las medidas de apoyo a las empresas y las familias no han sido suficientes para recuperar a corto plazo el nivel de producción y volver a medio plazo a la senda de crecimiento potencial previa a la pandemia.

Pese a ello, los avances en la vacunación han favorecido la confianza empresarial. El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) ha subido, según el INE, un 5,0% en este segundo trimestre de 2021 respecto al primero. Y ello, pese a que la confianza, incluso del consumidor, se encontraba, a cierre de agosto, en los peores niveles que registró en el año 2013 y en los registros del comienzo de la crisis financiera, en 2008-2009.

Tal como reza el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, aprobado para dar cabida a las medidas que deben implementarse para una utilización eficiente de los Fondos Next Generation EU, deben acelerarse determinados procesos de transformación estructural y digitalización que exigen afrontar sin dilación las reformas tantas veces aplazadas, apoyando además la transición ecológica, un crecimiento sostenible e inclusivo mediante el aumento de la productividad y el crecimiento potencial, la I+D y un mercado interior eficiente con empresas de más dimensión, y desarrollar políticas para las generaciones futuras, en particular mediante la educación y la capacitación profesional.

Pero esos fondos no servirán, de forma directa, para equilibrar los desajustes en términos de déficit y deuda, que España deberá minorar en los próximos años, sin perjuicio de que su adecuado empleo pueda potenciar un crecimiento económico que, per se, aporta al sistema, con la actual presión fiscal, unos 4 mil millones de euros de ingresos tributarios, por cada punto de crecimiento del PIB. En ese contexto, y tal y como ha confirmado Paolo Gentiloni, comisario de Economía, al existir aún mucha “incertidumbre” en el camino hacia la recuperación, se mantiene en suspenso el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permitirá a los Estados miembros superar el límite del 3% del PIB de déficit.

Es precisamente por ello por lo que las políticas fiscales seguidas por las locomotoras europeas Alemania y Francia, y por países del arco mediterráneo como la vecina Portugal y Grecia, anuncian planes de bajadas de impuestos para impulsar el consumo y facilitar la liquidez aún a riesgo de incrementar el déficit, mientras que España anuncia la creación de Grupo de Expertos para acometer una reforma fiscal, que nos lleve a una tributación mínima sobre las empresas del 15%, y una recentralización de competencias en materia de imposición patrimonial al alza, y que en ningún caso viene acompañada de la reducción de gasto público no esencial.

El propio Componente 28 del Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia anuncia otros incrementos fiscales en materia de fiscalidad verde (nuevos impuestos sobre residuos, plásticos, diésel o vehículos) y sobre todo la revisión de los beneficios fiscales que en el Libro amarillo de los Presupuestos ascienden hasta a 60.000 millones, entre los cuales están los tipos superreducidos de productos de primera necesidad en IVA, las políticas sociales en IRPF por poner algún ejemplo, no necesariamente sujeto a revisión.

A nivel local, Andalucía, en sus limitadas competencias referidas a la fiscalidad empresarial, ha aprobado una significativa reducción de TPO y AJD que debe facilitar -de forma indirecta- el impulso de los mercados de la construcción y la promoción, o de la venta de vehículos, sectores ambos tractores de nuestra economía, o anunciado más bonificaciones para la sucesión de la empresa familiar. Un camino que ya empezó en 2019 y que no debería abandonar hasta igualar la fiscalidad de Madrid, por ser ésta la Comunidad de régimen común -no foral- que más atractivos tiene para el establecimiento de empresas y de talento.

Extremadura, por su parte, sigue teniendo unos tipos especialmente altos para los tráficos sujetos a TPO -que llega hasta el 11%- y AJD -el 1,5%-, además de una escala en IRPF entre las más altas de España.

Así las cosas, y sabedores del necesarios esfuerzo de consolidación presupuestaria -ajustes en gastos y posiblemente en ingresos- que España habrá de hacer a medio plazo, nos encontramos aún en una fase de la crisis derivada de la pandemia sanitaria que recomienda, ya no sólo mantener la liquidez de las empresas -con medidas de flexibilidad en materia de pagos o de aprovechamiento de créditos fiscales- sino también de generar estímulos, que deberían concentrarse de forma muy singular en aquellos sectores más afectados por la situación y en aquellos otros que, de forma directa o indirecta, más puedan incidir positivamente en otros sectores de nuestra economía.

Tanto el Banco de España como la Autoridad Fiscal (Airef) y la OCDE recomiendan diseñar ya un plan a varios años, pero mantener, de momento, todas las ayudas posibles. La consolidación fiscal no va a ser una cuestión de dos o tres años, sino, previsiblemente, de dos o tres legislaturas.

Porque si queremos reactivar la economía con la máxima celeridad será necesario, además, que en los ejercicios económicos próximos, desde una perspectiva fiscal, se acompañe de medidas que favorezcan la liquidez de las empresas y en su caso estimulen tanto la producción como la demanda para asegurar una mayor confianza de inversores y consumidores, como han hecho la generalidad de nuestros socios europeos El Gobierno Biden prevé acometer un importante programa de gasto público -que pudiera ser equiparable al desarrollo de los Next Gen- que, de salir adelante, financiará, según reza el “Made in America Tax Plan” con una subida generalizada de la imposición sobre las sociedades. Al mismo tiempo, apuesta por la actualización de la fiscalidad de las grandes empresas tecnológicas, en la línea que está proponiendo la OCDE..

Antecedentes de política fiscal

España es un país cuyo nivel de gastos e ingresos públicos está por debajo de la media europea, si bien ello es así porque durante los últimos 40 años nuestros gobernantes han considerado que nuestra presión fiscal debería rondar el 38% del PIB para dar respuesta a las necesidades del Estado del Bienestar.

A diferencia de nuestros vecinos europeos, España es un país con un escaso colchón fiscal, que después de más de una década de ajustes ni siquiera nos ha permitido acabar con los números rojos -cerramos 2019 con un déficit del 2,83%, más alto incluso que el de 2018, y 2020 con el citado 10,8%-, posiblemente por nuestra escasa disciplina fiscal, más débil aún si cabe en los dos últimos años.

La incapacidad de nuestros gobernantes para reducir el déficit impide reducir la deuda pública, incrementada por las necesidades de gasto extra provocado por el COVID-19. Por eso, España cuenta con mucho menos margen fiscal que la generalidad de nuestros socios. Y eso se ha notado en la escasa ambición de las medidas para paliar la crisis y estimular la recuperación hasta la fecha -sin apenas reformas estructurales y ni siquiera de estímulo fiscal-.

Es cierto, como aluden los diferentes Ministros del actual Gobierno, que la presión fiscal de España es varios puntos inferior a la de la UE. Nuestro país está más cerca de los modelos liberales encabezados por EE UU o Irlanda que de modelos más sociales como Francia o los nórdicos, donde el mantenimiento del Estado exige varios puntos más de ingresos públicos.

Pero lo anterior -la diferente presión fiscal con Europa- no puede ser alegado como mantra para una reforma fiscal que profundice en las distorsiones del actual sistema tributario español -incrementando precisamente con la misma las diferencias con esos mismos países europeos con los que pretendemos compararnos-.

Un análisis pormenorizado de la política tributaria de nuestro país desde hace años, a través de los informes de Taxation Trends de la Comisión Europea o de los que nos remiten numerosos organismos multilaterales, nos hace llegar a la misma conclusión: tenemos un impuesto sobre sociedades en la media europea -pues sólo en esa media mantendremos la competitividad de nuestras empresas- y un impuesto sobre la renta suficientemente progresivo -incluso por mayor tributación en los tramos más altos-, y esto también, un IVA con muchas exenciones y tipos reducidos, junto a una fiscalidad verde en el vagón de cola europeo.

El tipo nominal del 25% del impuesto sobre sociedades se encuentra en el tramo medio de los países de la OCDE -incluso después de las reformas de otros países europeos, que nos han restado competitividad fiscal-, y que, además, y de acuerdo con datos oficiales, el tipo efectivo pagado por las empresas españolas es mayor que el satisfecho en los tan envidiados países nórdicos. Por eso, la última modificación introducida con efectos 2021 para hacer tributar el 5% de los dividendos o plusvalías generadas puede ser negativa para la economía al restar atractivo a la internacionalización de nuestras empresas.

En relación con el IRPF, lejos de la idea popular de que las rentas altas no pagan impuestos como deberían y que no contribuyen a la recaudación, los datos nos demuestran que la elevada progresividad que nuestro legislador ha reforzado en cada reforma fiscal -hasta dejar prácticamente exentos de tributación a quienes tienen rendimientos de hasta 18.000 euros en 2018-, provoca que los llamados ricos -por estar por encima del doble del salario medio-, tengan tipos marginales del impuesto del mismo porcentaje que esos mismos suecos, finlandeses o daneses Un 41% de la suma de la recaudación por IRPF y de las cotizaciones sociales a cargo del trabajador, son satisfechos en España por esas rentas altas, cuando apenas representan un 10% del total de contribuyentes. Frente a ello, las rentas medias -que se sitúan entre el 75 y el 200% del salario medio- representan un 54% de esos ingresos, aun suponiendo un 58% de la población. Sin embargo, en los países nórdicos las mismas rentas altas apenas contribuyen un 25%, frente a las rentas medias, que lo hacen en más del 60%.. A lo que se une una imposición patrimonial en muchos territorios también más alta que esa media europea, aunque es cierto, que de forma muy heterogénea y fragmentada entre las diferentes administraciones.

El verdadero problema, al que deberíamos aspirar, no es el de incrementar aún más una progresividad ya mayor que la de los admirados nórdicos, sino la de hacer lo imposible, con nuestras políticas públicas, por acercarnos a su renta per cápita, de la que nos separar casi 40 puntos (129% de Dinamarca o 128% de Holanda vs 91 de España, por ejemplo), y poder reducir la tasa estructural de desempleo y aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía.

En el caso del IVA, España deja de recaudar más de 20.000 millones de euros por las exenciones y los tipos reducidos del 4 y del 10%, creados para favorecer el consumo de productos de primera necesidad o de sectores esenciales para España como el turismo.

La fiscalidad verde es hoy el foco tanto de las autoridades europeas como españolas -con pronunciamientos recientes de la AIReF y el Banco de España-, donde nuestra recaudación sería, en términos absolutos, 7.000 millones inferior a la media de la Unión, y donde cada día vemos diferentes propuestas para gravar emisiones, residuos o vertidos, o reducir exenciones y bonificaciones en los IIEE, con el objetivo de internalizar costes ambientales, que -en todo caso- deberían materializarse a un ritmo compatible con la actividad económica de los sectores afectados.

Dicho ritmo, por otra parte, parece querer acelerarse con la inyección de parte de los 140.000 millones que España recibirá de los fondos europeos, dado que, junto con la transformación digital, la apuesta por la transición ecológica y la apuesta por una Europa neutra en carbono será unos de los pilares de los programas que se financiarán con dichos fondos.

Paradójicamente, y no sin cierta coherencia, dichos fondos se financiarán en parte con nuevos recursos propios para la Unión Europea vinculados a dicha revolución verde, como son los derivados de la reforma de los derechos ETS (y la aplicación de los derechos de emisión al transporte aéreo y marítimo), el ajuste fiscal en frontera al carbono, o la imposición sobre el plástico.

Con todo lo anterior vemos que la solución no parece pasar por las políticas instadas por el actual Gobierno, sino por reformar, a medio plazo, nuestros impuestos indirectos y sobre todo por limitar, en ese mismo horizonte temporal, nuestro elevado gasto público, como tendremos que hacer, tanto para obtener la ilusionante financiación que propone la Comisión con su plan Next Generation EU, como en el caso de que tengamos que seguir financiándonos en los mercados a tipos razonables.

Certidumbre

Después de catorce meses desde el inicio de la pandemia - con una enorme pérdida de vidas en nuestro país, y una ralentización económica no vista desde los años 30 en España-, el nuevo escenario que surge en el terreno económico obliga, esta vez, a los gobernantes a ser suficientemente previsores de lo que está por venir, y a toda la comunidad empresarial a responder, con contundencia y urgencia, recalibrando los propósitos y reforzando su visión y sus objetivos estratégicos para los próximos años.

Parece obvio que las empresas se están enfrentando a una nueva realidad, distinta a la anterior en la que sigue siendo capital poder contar con mayor certidumbre que, en parte debería venir de la mano de nuestros gobernantes, al adoptar decisiones que demuestren que hay un plan -entre ellos el presupuestario-. La empresa necesita seguridad para actuar, porque en ello está su rentabilidad y su propia supervivencia.

Liquidez

Como todos los expertos han destacado, tal y como antes señalábamos, necesitamos seguir inyectando liquidez a las empresas para que éstas puedan atender sus obligaciones a corto plazo y no se produzca una pandemia de carácter financiero.

El primer ejemplo, desde la óptica fiscal, sería permitir la mora en sus pagos por las compañías de forma menos limitada que lo hecho ahora, mirando con la altura de miras de la mayoría de nuestros países vecinos, que también es cierto, como hemos señalado, tienen las cuentas más saneadas. Deberíamos facilitar un aplazamiento “a medida” para los sectores más afectados, que les permita a las empresas que lo requieran tener un mínimo de pulmón financiero.

En ese contexto, un segundo ejemplo sería el de aliviar la cuantía de los pagos fraccionados que las empresas anticipan de la cuota del Impuesto sobre Sociedades a liquidar, normalmente en julio, permitiendo a la generalidad de las empresas y no sólo a las de menos de seis millones de euros, que puedan optar en octubre o diciembre por la “modalidad del artículo 40.3” que, en las actuales circunstancias de grave crisis económica, permite calcular la cantidad a ingresar sobre el importe real de los beneficios actuales del ejercicio y no sobre los del ejercicio anterior.

Con la misma justificación anterior, el instrumento más potente para dotar de liquidez a la economía, al afectar a las grandes empresas que participan en mayor medida de la recaudación del IS, sería la supresión del pago fraccionado mínimo calculado sobre resultado contable durante los períodos afectados por la crisis sanitaria, esto es, en los referidos ya a octubre y diciembre del presente ejercicio.

Resulta también necesario facilitar el aplazamiento del pago de los tributos locales como ya han hecho algunos Ayuntamientos, para reducir las tensiones financieras a las que se están enfrentando los agentes económicos. Esta medida, si bien puede llevarse a cabo mediante la modificación de la Ley de Haciendas Locales, sería razonable que tuviese el impulso de la propia FEMP. El superávit presupuestario que la mayoría de los municipios y diputaciones han tenido en los últimos años ha generado un enorme volumen en depósitos en entidades de crédito que generan rendimientos cero o incluso negativos. La liquidación de presupuestos para 2018 (última disponible) muestra que las Corporaciones locales contaban a finales de ese año con casi 30.000 millones de euros en concepto de fondos líquidos dentro del remanente de tesorería.

En el reverso de la moneda está la propuesta de agilización de las devoluciones tributarias, así como la de reconocimiento de supuestos nuevos de devolución en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, o la ausencia de devengo del impuesto en ciertos supuestos de devolución de bebidas alcohólicas sujetas a Impuestos Especiales, tan ligadas en este último caso al sector horeca.

Resulta determinante priorizar la tramitación, con todos los medios que sean necesarios, de los procedimientos de devolución derivados de la normativa de cada tributo, de los procedimientos de devolución de ingresos indebidos y, de las ejecuciones de resoluciones favorables al contribuyente de órganos económico-administrativos y/o judiciales por los diferentes conceptos impositivos y frente a las diferentes administraciones tributarias.

Esta cuestión es particularmente crítica en el IVA, donde, cada año, se solicitan cerca de 25.000 millones de devolución, entre declaraciones mensuales y trimestrales cuyo periodo medio de devolución supera los 60 días. Frente a la manifestación expresa del Ministerio de Hacienda de priorizar la devolución de los más de 10.000 millones de IRPF de la presenta campaña, dirigidos fundamentalmente a perceptores de rendimientos del trabajo, resultaría preferente darle prioridad la liquidez de autónomos y Pymes con las devoluciones referidas de IVA que les permita reactivar su emprendimiento. No tiene lógica que el Estado obligue a las empresas a acudir a medidas financieras que impliquen el endeudamiento a medio plazo de esos agentes económicos sin agotar la capacidad financiera de los derechos de cobro que en el momento actual el sector empresarial ostenta frente al sector público.

Modificación en la normativa sobre ingreso del IVA de las facturas impagadas: No puede mantenerse la obligación de que los empresarios o profesionales sigan financiando por cuenta del Estado cuotas de IVA que no van a cobrar, generando tensiones de tesorería que no les corresponden, con lo que deberían flexibilizarse los requisitos formales y temporales para poder evitar o recuperar el IVA que no le ha sido satisfecho al prestador del servicio, en su caso. Esta medida resulta de especial trascendencia para aquellos operadores del mercado que siguen obligados a seguir prestando sus servicios (telefonía, electricidad, gas, etc.), con independencia de que la contraprestación por los mismos no sea satisfecha.

Es el momento de establecer, además, alivios fiscales que, cuanto menos, permitan en este ejercicio a las empresas, usar los créditos fiscales ya generados en años anteriores y que hoy se encuentran limitados, retomando excepcionalmente la compensación ordinaria de bases imponibles negativas, facilitar la deducibilidad de la provisión por insolvencias por deudas derivadas del COVID19 o los porcentajes de deducción sobre EBITDA de los gastos financieros a sabiendas de la evidente reducción de los beneficios operativos y el incremento por el contrario de la necesidad de financiación, o la monetización sin límite de las deducción por inversión en I+D.

Incluso para las empresas que hayan reducido "sustancialmente" su actividad como consecuencia de la pandemia, planteamos la extensión al territorio común de la acertada medida adoptada por la Diputación foral de Bizkaia, que permite una deducción extraordinaria del 60% de la cuota efectiva del impuesto sobre sociedades de este mismo año, eso sí, vinculada a que las empresas, además de no distribuir beneficios ni reservas, ni acordar ninguna reducción de sus fondos propios con entrega de bienes o derechos a sus socios, dediquen el dinero que se ahorran en su pago antes de fin de año a compensar las pérdidas de 2020 y 2021, a inversión en activos fijos, a crear empleo o a actuar como business angels, o a impulsar proyectos, propios o ajenos, I+D+i.

Íntimamente ligado a la necesidad de adecuar la finalización de los ERTEsa esa llamada nueva realidad, el mantenimiento de empleo puede ser apoyado con incentivos de libertad de amortización de activos fijos, que impulsen además la demanda de los mismos.

Libertad de amortización que también sería deseable, de forma excepcional para los ejercicios afectados por la pandemia, para incentivar planes de contingencia de las empresas que refuercen su transformación digital y sus opciones de teletrabajo.

Es esencial que se dé un apoyo específico a nuestro sector turístico. En este contexto, el fomento del sector necesita no sólo de planes europeos sobre la aviación que vuelva a acercar con seguridad turistas internacionales, sino también de impulsos nacionales, que invitasen a hacer turismo en España y que desde el lado de la oferta podrían instrumentarse con bajadas de los impuestos locales que le afectan, como el IBI y el IAE, siendo eso una decisión que, en los términos de la Ley de Haciendas Locales, ya pueden aprobar los plenos municipales, con reducciones de hasta el 95% de la cuota íntegra de aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Se trata además de tributos que gravan de forma objetiva, y sin atender al volumen de negocios, el derecho de uso y disfrute de un inmueble, en el primer caso, y el derecho al mero ejercicio de una actividad económica, en el segundo, que en este año 2021 apenas podrán ejercerse con normalidad.

Los hoteles son el elemento determinante para la atracción de turismo, que generan un impulso directo en las actividades económicas de restauración, renting de vehículos, transporte de personas o actividades deportivas y de ocio, que motivan suficientemente un esfuerzo en los Presupuestos municipales.

Desde una perspectiva no fiscal, pero sí de derecho público, sería conveniente que las empresas que tengan una alta dependencia del sector público, por su facturación o por pertenecer a sectores regulados, puedan apoyarse en políticas urgentes tan sencillas como el temprano pago a proveedores por parte de las Administraciones, que también así verían aliviada su tesorería. También en este contexto sería más que deseable la activación de mecanismos acelerados de agilización de la contratación y de las licencias administrativas.

En este último sentido, la urgente contratación pública de inversiones reales (capítulo 6) ha sido una de las medidas desarrolladas de forma eficiente por otros Estados de la Unión Europea para impulsar la obra pública y con ello el sector de la construcción, que moviliza, como una eficiente opción anticíclica, recursos y un importante potencial de empleo. La Ley de Contratos del Sector Público, con las limitaciones de la reglamentación de indexación, nos da la opción de optimizar los supuestos de colaboración público-privada que los Gobierno Central y Autonómicos deben potenciar.

Por último, con un horizonte de más largo plazo, resulta prioritario que sigamos apostando por la internacionalización de nuestras empresas, cuya recuperación no será tan temprana como la demanda interna, dada la enorme repercusión que ha causado también fuera de España. En este sentido, el Gobierno debería volver al régimen de exenciones, amparado en normativa de la UE, que ha permitido a nuestra economía crecer del 25 al 35% del PIB en el dimensionamiento de su sector exterior, y que ha limitado con efectos desde el año 2021.

Estímulo de la demanda.

La desglobalización que se producirá tras la pandemia, causada por la mayor preocupación por la seguridad sanitaria y materializada en el mayor control de fronteras y el incremento de la protección arancelaria, llevará posiblemente una regresión en las cadenas de valor, por la reducción de las ventajas de deslocalizar la actividad, y nuestro sector industrial nacional debe aprovecharlo como oportunidad.

Será necesario, además, garantizar la confianza de los consumidores de bienes duraderos, preferentemente con estimulados fiscales temporales que inviten a la compra de viviendas o automóviles durante el resto de 2021 y durante 2022, empujando con ello al resto de la industria.

Entre ello, serían recomendables, como ha hecho Andalucia, la reducción del ITPAJD por parte de las Comunidades Autónomas que tienen competencia para ello, y del IVA en la adquisición de viviendas y locales de negocio, con la preceptiva comunicación, en este último caso a la Unión Europea, con objeto de potenciar parte del sector de la promoción y construcción.

También cabría plantear, como ya se hizo en la crisis anterior, estimular este sector reintroduciendo una deducción, nuevamente temporal, de un determinado porcentaje en el IRPF, para obras de renovación en la vivienda habitual, con un límite máximo.

Al mismo tiempo, el Estado debería plantearse la reordenación de los impuestos de matriculación y de circulación de vehículos que inviten a la renovación del parque automovilístico (como refuerzo para el Plan Moves), y con ello potenciar también el sector de la automoción.

Ambos sectores, construcción y automoción, que constituyen una parte esencial de nuestro PIB, son además la locomotora para reactivas industrias como la siderurgia y otras igualmente esenciales para nuestra economía.

Como complemento a las medidas antes ofrecidas para el sector turístico podrían instrumentarse medidas para reactivar la demanda como bajadas del IVA para los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y los de transportes de viajeros y sus equipajes -como han hecho con carácter temporal UK, DE, FR o IT-; la suspensión en 2021 de las tasas turísticas, como la balear; o bien establecer, al estilo italiano, bonificaciones en la cuota del IRPF para el turismo nacional, o como el británico cheque “restaurante” que financia el 50% en las facturas de parte de las comidas y bebidas no alcohólicas que los británicos consuman en locales de hostelería.

Demandamos, a la vista de lo anterior, acometer, en el marco fiscal, un catálogo de medidas urgentes, excepcionales y de carácter temporal, coadyuven a una acelerada recuperación de nuestra economía y del empleo en España.