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Un grupo de personas mayores charla animosamente al margen del debate de cómo hacer sostenible el sistema público de pensiones. / El Correo
Las alarmas han saltado. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como hucha de las pensiones, no podrá hacer frente al pago de la extra de Navidad a los pensionistas a finales de 2017 si continúa el ritmo actual de vaciamiento de la caja y se mantiene la situación de déficit, esto es, el sistema gasta más de lo que ingresa. De contar con un colchón de casi 70.000 millones en 2011 a una previsión algo superior a los 13.000 millones a cierre de este año y a unos números rojos de 2.600 millones el próximo ejercicio.
La sostenibilidad futura del sistema de pensiones no es un debate nuevo, sí la cercanía de una eventual entrada en números rojos. De ahí que los expertos enmarquen esta reforma entre las prioritarias que debe emprender el recién constituido Gobierno para poner fin a un déficit que anualmente se eleva en torno a los 18.000 millones de euros.
Los catedráticos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón; de la Universidad Pablo de Olavide, Santiago González Ortega; y la profesora del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, Pilar Campoy-Muñoz, desgranan cómo y por qué hemos llegado hasta aquí y cuáles son las propuestas que están sobre la mesa para mantener intacto uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar.
La principal causa de este agotamiento hay que buscarla en la destrucción de empleo durante la crisis. El sistema de pensiones español es un sistema de reparto, por el que los trabajadores actuales y las empresas pagan a los pensionistas a través de sus cotizaciones.
La pérdida de cuatro millones de ocupados (de 20 a 16 millones de personas) ha supuesto una relevante merma de ingresos que no está siendo compensada con las nuevas contrataciones, con contratos a tiempo parcial y muy baja cotización, precisa Jesús Cruz Villalón, que añade la importante devaluación salarial –próxima al 30 por ciento– de quienes han conservado su empleo.
Además, el exceso de medidas de bonificación de la Seguridad Social como la tarifa plana o la exención de los primeros 500 euros que, en su opinión, se han acabado desvirtuando y no favoreciendo su objetivo final de crear empleo, también han perjudicado porque el Estado ha asumido el abono de esas compensaciones.
En España hay 9,5 millones de pensionistas, que absorben anualmente unos 140.000 millones de euros. Sin embargo, se avecina en los próximos años una dificultad añadida: la incorporación a la jubilación de la generación del baby boom de los años 60, incide Santiago González Ortega, lo que se traducirá en más pensionistas que cobrarán mayores cuantías que las actuales (la media alcanzó en octubre los 1.047,5 euros).
Al mismo tiempo que se reducen los ingresos, aumentan los gastos. Un desfase, a juicio de Pilar Campoy-Muñoz, provocado por que el ritmo de desembolso en pensiones es tres veces superior al ritmo de reactivación del mercado laboral.
El escenario que se vislumbra, con las proyecciones demográficas de más jubilados respecto a trabajadores y con mayor esperanza de vida (vamos por 84 años de media y creciendo), anticipan pensiones más bajas. La aplicación del factor de sostenibilidad, recogido en la reforma de 2013 y que comenzará a aplicarse a partir del próximo ejercicio, ajustará el cálculo de la cuantía de la pensión a la variación de la esperanza de vida. Según precisa la profesora, las pensiones se reducirán aproximadamente un 5 por ciento cada diez años. «El trabajador que se jubile ahora cobrará una pensión un 15 por ciento superior al de otro trabajador con la misma vida laboral pero que se jubile en 2050».
Esta medida se suma a la que también se adoptó ese mismo año y que introdujo el índice de revalorización, que condiciona la subida de las pensiones a que haya más ingresos que gastos en el sistema, y que sustituyó a la actualización según el IPC. Mientras exista déficit, el incremento se limita a un 0,25 por ciento, lo que implica de facto una congelación y pérdida de poder adquisitivo.
No ha sido la única enmienda al sistema de pensiones. En 2011, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, abordó el problema con medidas consensuadas con los agentes sociales: el retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años (en 2016 hay que jubilarse con 65 años y tres meses) y la exigencia de contar con más años cotizados para cobrar el 100 por ciento de la pensión (37 años en vez de 35), que se ajustará de forma progresiva hasta 2027. También se aumentó el periodo de cotización para calcular la base reguladora sobre la que se determina la prestación, que pasa paulatinamente de 15 años a 25 en 2022, con la finalidad de reducir la cuantía de la misma, ya que los salarios más antiguos suelen ser inferiores, si bien con la crisis se puede dar la circunstancia opuesta.
Manos a la obra
Hasta aquí, la explicación del cómo y por qué. Pero ¿qué habría que hacer para enmendar la situación?
Jesús Cruz Villalón comenzaría por exprimir el máximo jugo al sistema de cotizaciones, para lo que propone eliminar el tope máximo existente, lo que redundaría en un aumento de los ingresos que cifra por encima de los 7.500 millones de euros anuales adicionales. Es lo que le ocurre a quien cobre de 3.642 euros brutos mensuales en adelante, que paga lo mismo, el 29 por ciento.
En esta línea, alude a la circunstancia de los autónomos. «En la práctica, el 95 por ciento de ellos cotiza al mínimo con independencia del negocio que generan». En caso de una equiparación, incide, se produciría tanto un aumento de la recaudación como del gasto en pensiones.
Otra medida que plantea es que el Estado deje de hacer frente a las bonificaciones a la Seguridad Social y que éstas se limiten a los grupos sociales en situación de dificultad para acceder al mercado laboral porque, precisa, se ha demostrado que no sirven para incentivar el empleo. «Se han convertido en café para todos y no cumplen el fin de influir sobre la decisión del empresario a la hora de contratar». De suprimirse, se obtendrían otros 1.500 millones.
Asimismo, y ya a medio plazo, señala la necesidad de un crecimiento «moderado» de los salarios y una política de control de la economía sumergida y del fraude, como las horas extra que no cotizan, entre otras.
Santiago González Ortega añade el planteamiento que defiende sacar las pensiones de viudedad y orfandad de las arcas de la Seguridad Social (que paga las prestaciones contributivas) para que pasen a ser financiadas por los Presupuestos Generales del Estado (que asume las no contributivas), circunstancia que conllevaría un ahorro de unos 14.000 millones. No comparte esta medida Cruz Villalón por el riesgo que supone que sean consideradas de otra manera y sea el primer paso para reducir sus cuantías, que ya de por sí no son altas, con una media en torno a los 500 euros. Sí habrá que repensarlas, apunta, porque tenían su sentido cuando el hombre era el que cotizaba y la mujer trabajaba en la casa, de modo que si fallecía el marido, ella quedaba desasistida.
Coincide en esa reflexión Pilar Campoy-Muñoz, que se muestra más partidaria de hacer una revisión y analizar los supuestos que dan derecho a percibir este tipo de pensiones que se crearon para responder a una situación familiar muy concreta.
«Garantizar las pensiones del futuro pasa por definir un nuevo modelo donde la pensión pública tendrá que complementarse con el ahorro privado porque el componente demográfico es el que es».
Los expertos coinciden en que otra opción para sostener las pensiones podría ser seguir el modelo de Francia, donde cuentan con un impuesto específico para financiarlas, creando así un nuevo gravamen. La vía de aumentar las cotizaciones es una carga que no ven favorable.
En lo que todos coinciden es que sería necesaria una catástrofe para acabar con el actual modelo de pensiones. «Si eso ocurriera, destruiría el país. Llevo muchos años trabajando en la Seguridad Social y siempre ha resistido. Hay muchos intereses financieros y de privatización detrás de ese pensamiento catastrofista de que no habrá pensiones para los actuales trabajadores», refiere González Ortega.
Campoy-Muñoz ve aceptable un sistema mixto, «siempre y cuando permita un retiro digno a los trabajadores con un sueldo bajo-medio. En este sentido, compatibilizar pago de pensiones y trabajo puede resultar interesante».
Para Cruz Villalón la sociedad tiene interiorizado este sistema, por lo que no duda de que no desaparecerá. Tampoco aboga por un sistema mixto «al 50 por ciento», sino sobre la base de que «se mantengan los niveles actuales de pensiones públicas, ya que la capacidad de ahorro en España durante la vida laboral se destina en gran medida al pago de la hipoteca y son muchos quienes no pueden hacer un ahorro adicional».