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Paneles solares en una vivienda. / EFE
Asociaciones empresariales de energías renovables, de regantes, los partidos políticos de la oposición, consumidores y ecologistas han repetido por activa y por pasiva en los últimos meses que el proyecto para regular el autoconsumo eléctrico del Gobierno de Mariano Rajoy pone trabas al desarrollo español en ese campo y protege los intereses de las grandes eléctricas. Pues bien, ayer el Ejecutivo aprobó el decreto que incluye el bautizado como impuesto del sol.
Esta norma regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, que principalmente afecta a la solar, e incluye una serie de cargos que el ministro de Industria, José Manuel Soria, justifica diciendo que los hogares o negocios con placas solares que se enganchen a la red para su autoconsumo deben contribuir a «pagar los costes del sistema» y a saldar la deuda que acumula este sector.
La intención del Ejecutivo, según explicó ayer José Manuel Soria, es «impulsar» la cercanía entre la producción y la generación de electricidad y, al tiempo, dar un «nuevo impulso a las renovables». Así, para el ministro, el autoconsumidor contribuye como cualquier otro consumidor.
Sin embargo, la gran aspiración de los defensores del autoconsumo es que se implante el llamado balance neto: que se pueda verter a la red el excedente energético y luego recuperarlo en las horas sin sol. Esto, a cambio de una cuota de mantenimiento o una compensación. Así funciona en países como Alemania, Portugal, Grecia, Italia, Dinamarca, Australia, EEUU (la mayoría de estados) o México. Por eso ayer la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) denunció que el real decreto aprobado «está ideado para impedir» el desarrollo del autoconsumo en España y lamentó que no se contemple el balance neto, «la modalidad más extendida en el mundo».
En el decreto se establecen dos categorías de autoconsumidores enganchados a la red: los pequeños, con instalaciones de menos de 100 kilovatios, y los grandes, con más.
Según el ministro Soria, los primeros podrán verter a la red el sobrante de la energía que generen, aunque no recibirán ni un euro por ello, mientras que a los grandes sí se les pagará por el sobrante. El precio será el que marque el mercado a la hora a la que se suelte la energía a la red.
La factura eléctrica de todos los consumidores recoge tres conceptos: unos peajes para pagar los costes regulados, el precio del consumo de energía y los impuestos.
En el caso de los autoconsumidores, sus costes se dividen en dos. En la parte que consumen de la red pagan igual que el resto de usuarios. Sin embargo, en la parte que autoconsumen, aunque no abonan ni el coste de la energía –que han producido ellos mismos– ni los impuestos correspondientes, sí que deberán pagar unos cargos similares a los peajes para contribuir a todos los costes del sistema energético.
Así, la normativa mantiene esos peajes, pero establece dos exenciones para los autoconsumidores extrapeninsulares y para los usuarios que tengan una potencia contratada inferior a 10 kilovatios, que coincide con los hogares.
La nueva regulación, que da un plazo de adaptación de seis meses, prevé también la creación de un registro de instalaciones de autoconsumo.